Por Nahuel Toledo
24 Noviembre 2022
Con la representación legal del abogado Carlos Beraldi, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pidió ante la Cámara de Casación que se confirme su sobreseimiento en la causa conocida del Memorándum con Irán.
El requerimiento de la presidenta del Senado se realizó por escrito y allí la defensa hizo un repaso de las principales causas abiertas contra la funcionaria y apuntó contra los jueces del tribunal. “La actuación de Hornos y Borinsky no solo fue cuestionada por las defensas, sino también por el Fiscal General Javier De Luca y por la jueza Ana María Figueroa, quienes pusieron de manifiesto que su intervención en el caso era totalmente irregular”, dice el escrito que cuenta con más de sesenta carillas.
El letrado Beraldi volvió a insistir en la inexistencia de delito al momento de la firma del Memorándum, tal como sostuvo el juez Daniel Rafecas al comienzo de la causa, informó Infobae.
“Deberá dejarse sin efecto el auto de citación a juicio y, al propio tiempo, se deberá dictar en esta instancia un auto de sobreseimiento respecto a todas las personas injustamente acusadas en el proceso, por la misma causal, con expresa mención de que la formación de esta causa en nada afectó su buen nombre y honor”, reclamó el defensor de la vicepresidenta.
Por su parte, Javier De Luca, fiscal general, que desistió de la apelación que se había presentado desde el Ministerio Público, ratificó que no hubo delito. “¿Cuál sería el sentido de hacer un juicio oral si no hay delito? Si consideran que es delito, lo tienen que decir hoy por mandato constitucional. Yo sostengo que no es delito, quisiera conocer los argumentos si consideran lo contrario”, arengó a los jueces en la audiencia. Y agregó: “Acá se armó una causa melliza, de otra que estaba archivada, para perseguir a las mismas personas por los mismos hechos”.
El origen de la causa
En 2013, Argentina e Irán firmaron un memorándum sobre la causa del atentado a la AMIA. Ese acuerdo establecía que ante la negativa de Irán de extraditar a los acusados de ser los autores del hecho, el juez y el fiscal del caso -en ese entonces Rodolfo Canicoba Corral y Alberto Nisman- podían viajar a ese país a indagar a los acusados. También creaba una comisión de la verdad. El acuerdo fue objetado políticamente y ante la justicia que lo declaró inconstitucional.
Dos años después, Alberto Nisman denunció a Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su gobierno por el acuerdo porque señaló que se hizo para encubrir a los acusados y hacer caer las órdenes de detención internacional. La causa primero fue archivada por el juez Daniel Rafecas por inexistencia de delito pero luego la Cámara de Casación la reabrió y pasó al juez Claudio Bonadio que procesó a la ex presidenta y otros 11 acusados.
Finalmente, la causa pasó a juicio oral y en octubre de 2021 el tribunal oral sobreseyó a todos los acusados por inexistencia de delito.
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