La Justicia tiene bajo la lupa la entrega irregular de planes sociales

La Justicia tiene bajo la lupa la entrega irregular de planes sociales

A partir de una denuncia del diputado Waldo Wolff y una presentación Guillermo Marijuán, se solicitaron informes al ministerio de Desarrollo Social y a la AFIP.

Potenciar Trabajo Potenciar Trabajo

El fiscal federal Eduardo Taiano impulsó una denuncia por las irregularidades detectadas por la AFIP entre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Mediante su requerimiento, el fiscal le pidió informes a la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Carlos Castagneto.

La AFIP detectó irregularidades en 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y las incompatibilidades detectadas estaban asociadas a la compra de dólares con fines de ahorro en los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.

Ante este descubrimiento, el diputado nacional Waldo Wolff presentó una denuncia penal que recayó en la Fiscalía a cargo de Taiano y derivó además en una investigación preliminar del fiscal federal Guillermo Marijuán. En el marco de esa investigación de oficio, Marijuán le pidió a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que le envíe información sobre los 250 mil beneficiarios de planes sociales que compraron dólares o declararon Bienes Personales.

El trabajo de Marijuán detalló, por ejemplo, que 44.235 beneficiarios recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil; 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor y 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.

“La denuncia del Fiscal Marijuan fue acumulada a la presente pesquisa, y que la misma tiene como objeto investigar los hechos antes mencionados, los cuales a su entender constituirían maniobras defraudatorias a la administración pública, a través de la adjudicación y cobro indebido de planes sociales del Programa Potenciar Trabajo, ello en clara incompatibilidad para poder hacerlo”, aclara el requerimiento de Taiano a raíz de la decisión de unir el trabajo del fiscal federal con la denuncia de Wolff.

En esta misma línea investigativa, el fiscal Taiano le pidió a Tolosa Paz “las actuaciones administrativas labradas en consecuencia del relevamiento efectuado por la AFIP”, y toda la normativa que regule el funcionamiento del Programa Potenciar Trabajo. Además, al responsable de la AFIP le solicitó el contenido del informe completo y la nómina de contribuyentes, y al titular del Banco Central, Miguel Angel Pesce, que informe “cuál es la cantidad de beneficiarios que cobran por transferencia y qué otros lo hacen por cajero” y “qué medidas han adoptado por parte de esa institución para evitar situaciones” como la que se investiga.

Desatada la polémica, Tolosa Paz anunció la baja del Potenciar Trabajo a aquellas personas que presentaran irregularidades en los requisitos para ser beneficiaros. Pero solo se dieron de baja a 3190 titulares del programa nacional por haber adquirido dólar ahorro y haber realizados consumos en dólares con tarjeta de crédito.

El recorte representan apenas el 0,3 por ciento del universo de 1.362.000 personas inscriptas en el Potenciar Trabajo, el programa que está bajo la órbita del secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.

Nuevas auditorías

El gobierno Nacional dispuso nuevas auditorías virtuales de planes sociales a través de la aplicación Mi Argentina. Tan solo en la primera jornada se inscribieron 57.278 personas. Y como anticipó la titular de la cartera de Desarrollo Social, los beneficiarios del Potenciar Trabajo que no completen la nueva fiscalización antes del 6 de enero, perderán el beneficio que representa la mitad del salario mínimo vital y móvil.

La nueva auditoría convivirá por ahora con los controles en el territorio que llevaban adelante desde agosto cinco universidades nacionales.

El nuevo formulario que deben completar los beneficiarios es sustancialmente más breve y expeditivo que las 34 preguntas que incluía el cuestionario diseñado por el ex ministro Juan Zabaleta.

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