23 Noviembre 2022
EN EL RECINTO. Al haber una treintena de temas, no se descarta que la sesión del jueves pueda pasar a un cuarto intermedio.
El debate del Presupuesto por casi $800.000 millones para el funcionamiento de toda la Administración Pública para 2023 acaparará las miradas de la sesión legislativa que se celebrará este jueves, desde las 8.30. Está previsto que el orden del día tenga una treintena de temas, de los cuales casi la mitad será la prórroga de emergencias y leyes de excepción.
Ayer logró dictamen el proyecto presupuestario que envió el Poder Ejecutivo a la Cámara, que contempla gastos por $798.814 millones para los tres Poderes del Estado y Entes Autárquicos, un 123% más que en el Presupuesto original de 2022 ($353.008 millones). Sin embargo, la oposición ya fue adelantando posiciones en contra, por lo que se aguarda un debate encendido.
La Provincia estima gastos corrientes (salarios, servicios y bienes de consumo) por $614.596 millones (77%), $174.156 millones para gastos de capital (compra de bienes de uso y realización de obras) y un superávit de $10.000 millones.
Para los cálculos del gasto en el año electoral, el Ministerio de Economía que encabeza Eduardo Garvich tomó las pautas que fijó el Gobierno de la Nación: una inflación del 60% anual, un 2% de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y un dólar a $269,90. El funcionario destacó que están previstos incrementos importantes para Obras Públicas, por convenios con la Nación, Salud, Educación, Seguridad y Desarrollo Social. También se contemplan unos $11.000 millones para la aplicación de la Ley de Narcomenudeo.
El presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Juan Ruiz Olivares (FdT), mencionó que un 8% del Presupuesto 2023 está destinado para el funcionamiento del Poder Judicial y un 4,3% para el Poder Legislativo. Se puede calcular entonces -ya que en el proyecto no se brindan datos- que la Justicia toda prevé más de $64.000 millones para funcionar ($175 millones diarios) y la Legislatura unos $34.000 millones ($93 millones por día).
Cuestionamientos y dudas
De la información que envió el PE a la Cámara, hay partidas que despertaron críticas de la oposición por los montos o la discrecionalidad de su aplicación. Se cuestionó, entre otros, que el Gobierno tucumano proyecte gastos por $10.000 millones para la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel), un programa de desempleo creado días después de la ruptura entre el manzurismo y el jaldismo o que el Ejecutivo haya reforzado en un 122% la partida para ayudas sociales ($1.785 millones) en un año electoral.
También hubo planteos por los $151.110 millones que se prevén para el programa de Apoyo a Gobiernos Municipales y Comunales, de los cuales $137.552 millones se fijaron para transferencias. Dentro de esta partida se encuentran los fondos del denominado “Pacto Social”, mediante el cual el PE garantiza el pago de sueldos y otros gastos a cambio de que los distritos cedan su coparticipación. La reglamentación permite hacer giros reintegrables y no reintegrables. Estos últimos no cuentan con parámetros para su distribución, sino que se otorgan de modo dispar, según las solicitudes de los jefes municipales y comunales.
En la previa del debate también hubo críticas a que el Ejecutivo no dotó de presupuesto propio a las 93 comunas, lo cual le quita autonomía administrativa y política. Garvich afirmó que es algo que se trabajará el año próximo para cumplir en 2024.
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