22 Noviembre 2022
ARCHIVO LA GACETA
Hay más de una quincena de emergencias que rigen en Tucumán desde hace largos años, algunas incluso hace décadas. Son medidas de excepción que, en algunos casos, posibilita la ejecución de obras públicas por vía directa, por su necesidad y urgencia. Emergencia por la inseguridad, por la violencia contra la mujer o por la crisis en el transporte público son algunas de ellas. Pero lejos de ser revertidas, serán prorrogadas por un año más en la sesión legislativa del jueves, donde también se debatirá el Presupuesto 2023.
Luego de un lunes feriado y de un miniasueto decretado para que la Administración Pública pueda ver el debut mundialista de Argentina, las comisiones tuvieron una jornada ajetreada para emitir los dictámenes de los temas que ingresarán en el orden del día. El comité de Hacienda y Presupuesto, que preside Juan Ruiz Olivares, le dio luz verde al proyecto con las proyecciones financieras que envió el Poder Ejecutivo para el 2023 por casi $800.000 millones. A su vez, dictaminó alrededor de una quincena de prórrogas por leyes de excepción que vencen el 31 de diciembre de 2022.
Emergencias de larga data
Está previsto que la Cámara extienda la vigencia de la declaración de la Emergencia Económica (N°8.228 ). Se trata de una norma que data de la gestión de Julio Miranda. Establece un blindaje legal sobre las cuentas públicas (provinciales, municipales y comunales) ante posibles embargos judiciales. Dispone un principio de previsibilidad en las finanzas públicas. Será renovada hasta el 31 de diciembre de 2023.
La declaración del Estado de Emergencia en Violencia contra la Mujer (Ley N°8.981) se sancionó en 2016 a partir del alto impacto de femicidios en la tasa de criminalidad en la provincia. Dispone medidas de atención a víctimas, como la edificación de refugios y la creación de programas y grupos de trabajo específicos. En los últimos años hubo críticas de la oposición porque el Estado no le halló una solución concreta a esta problemática.
También se dio luz verde para extender un mecanismo de excepción a la Ley de Administración Financiera para atender el servicio de agua y cloacas que presta la SAT, el cual se encuentra en situación crítica. Esta norma, sancionada en 2017, habilita el envío de fondos estatales -no reintegrables- hasta 2023.
La Cámara dará otro año de vida al régimen de Vales Alimentarios (Ley N°7.007), creado en el año 2000. Esta herramienta excepcional, que se extenderá un año más, permite al Estado otorgar un anticipo del 20% del salario a los empleados estatales. En sus orígenes, el Gobierno abonaba ese porcentaje con tickets, de allí el origen del nombre del régimen.
“Siendo que persisten las condiciones que motivaron el dictado de la citada norma, y teniendo en cuenta las circunstancias socio económicas que atraviesa la Provincia y el Estado Nacional, es preciso extender el plazo de vigencia de la misma hasta el 31 de diciembre de 2023”, argumentó el Ejecutivo en el proyecto que envió a la Legislatura.
Otras prórrogas
Está previsto que también se extienda por un año la “expansión” del sistema de transporte eléctrico (Ley N°8.342), por lo que la distribución troncal constituye un objetivo “prioritario y de interés del Estado provincial”. Establece vías de financiamiento en ese sentido.
De igual modo, se prorrogará este jueves la vigencia de la Ley N°9.444, la cual faculta al Poder Ejecutivo a suscribir los "Convenios de Financiamiento entre la Provincia y el Estado Nacional" dentro del programa de financiamiento ordenado. También se extenderá por un año los contratos de Fideicomiso celebrados con los Municipios de la Provincia con la Caja Popular de Ahorros, administradora del Fondo Fiduciario Municipal, y se prorrogará el diferimiento fiscal dispuesto en el marco de la Emergencia Agropecuaria declarada por Ley Nº 8806, por los daños provocados por las inundaciones en 2015.
La Provincia también se encuentra desde 2017 en emergencia política carcelaria, policial y seguridad. Su vigencia fue extendida el año pasado a través de la Ley N°9.424, por el término de dos años. “Mientras dure el estado de emergencia, facúltase al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Desarrollo Social, a contratar en forma directa, previo cotejo de precios, la adquisición de bienes, recursos tecnológicos y servicios, así como trabajos de refacción y remodelación de inmuebles destinados al alojamiento de detenidos en el Servicio Penitenciario Provincial y en el Departamento General de Policía”, precisa la norma.
Desde 2007, Tucumán se encuentra también en emergencia hídrica. Habilita la gestión y aplicación de recursos para obras hídricas, además de medidas de excepción en favor de los usuarios de servicios públicos de luz y de agua que hayan sido damnificados por catástrofes climáticas.
Distintos legisladores opositores manifiestan cada año la necesidad de rever estas emergencias para que el estado de excepción no pase a ser la regla. Incluso, se manifestó también la idea de crear una comisión revisora en ese sentido.
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