El Gobierno refuerza un 122% la partida para subsidios discrecionales en el 2023 electoral

La antesala al debate del proyecto del Presupuesto 2023 en el recinto de la Legislatura se ve marcada por la polémica debido a los subsidios de uso político que proyecta la Casa de Gobierno para el año electoral.

La iniciativa girada por el Poder Ejecutivo (PE) establece que, para el próximo ejercicio, la Secretaría General de la Gobernación contará con $1.785 millones para esta partida. El monto representa un incremento del 122% con relación al Presupuesto 2022, de ejecución en curso, en el que se fijó un tope de hasta $804 millones.

En la planilla entregada a los legisladores no consta el detalle de la previsión de gastos por este concepto. Es decir, no se expresa qué suma está contemplada para agrupaciones sociales, para entidades sin fines de lucro, para ciudadanos particulares o para las ayudas entregadas en concepto del decreto 125/1.

Este último sistema fue creado en febrero de 2000, y posibilita la emisión de órdenes de pago en favor de personas e instituciones en “situación vulnerable”.

Pero su implementación quedó en el centro de la escena en el marco de los comicios provinciales de 2019, cuando el Poder Ejecutivo elevó de $800.000 a $40 millones el tope mensual para estos subsidios. En ese momento, la discusión giró en torno a las grandes filas de beneficiarios que se agolparon en las afueras de diferentes entidades financieras para percibir asistencia económica, lo que motivó denuncias por parte de la oposición.

La situación se reiteró en las elecciones nacionales de 2021. En esa ocasión, sin embargo, con el PJ enfrentado en las PASO, las críticas por la entrega de estas ayudas sociales en épocas de votación surgieron del propio oficialismo. Inclusive, hubo planteos formales ante la Justicia Federal para que se investigara la presunta “compra” de voluntades mediante subsidios.

“Veremos nuevamente desfilar la pobreza”

Los recursos para estas ayudas sociales que se otorgan desde la Secretaría General de la Gobernación se imputan a la partida presupuestaria de “Transferencias” (es decir, gastos que corresponden a transacciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios).

El monto fijado para este recurso alcanzará los $1.785 millones en el Presupuesto 2023. Y este dato no pasó inadvertido en la Legislatura, donde está previsto que el próximo jueves el proyecto sea debatido en el recinto.

“Es absolutamente vergonzante que el Gobierno provincial, en el Presupuesto 2023, destine $1.700 millones para subsidios totalmente discrecionales. El dinero de los tucumanos necesita imperiosamente otro tratamiento, más eficiente, transparente y responsable. El año que viene, en tiempos electorales, veremos nuevamente desfilar la pobreza por los lugares de pago, comprando voluntades en una maniobra desesperada del peronismo por no verse desalojado del poder”, aseguró el líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, ante una consulta de LA GACETA.

El radical José Ricardo Ascárate remarcó que la proyección de gastos para el próximo ejercicio “presenta un incremento general algo menor del 100% respecto al vigente y ampliaciones del 2022”.

“Si bien este aumento surge de observar una pauta interanual inflacionaria, se deduce que los incrementos debieran ser similares en todas las las partidas y unidades del gasto. De allí que, en un año electoral, es criticable observar que hay mayores incrementos injustificables en aquellas ‘áreas sensibles’, tales como las transferencias de recursos en la Secretaría General de la Gobernación, donde los incrementos son de más del 126%; o en las partidas asignadas al Ministerio del Interior para transferencias de recursos a Municipios y Comunas, fondos que pueden ser utilizados para la distribución de ‘subsidios personales’”, enfatizó el dirigente de Juntos por el Cambio.

En esa línea, observó que “una vez más queda confirmado que se pondrá en ejecución la maquinaria de compra-venta de votos a través de los fondos del Estado”. “Estas prácticas, penadas por las leyes y códigos electorales, deben ser eliminadas para siempre, porque traen aparejado un deterioro creciente en la calidad Institucional y justifican el descrédito de la actividad política”, indicó Ascárate.

José María Canelada (UCR) puso la mira en distintas áreas del proyecto elevado por el Poder Ejecutivo. “El Presupuesto que nos presentó el ministro (de Economía Eduardo) Garvich tiene como prioridad mantener el poder a como dé lugar, para que el oficialismo pueda mantener los privilegios que tiene. Nos están diciendo claramente que quieren usar el dinero de los tucumanos para poner la foto de (Osvaldo) Jaldo en cada esquina y para comprar votos para el oficialismo. En una provincia donde no hay trabajo, donde los laburantes están hartos de la presión fiscal asfixiante, que tantos miles de millones de pesos se usen expresamente de manera proselitista es una vergüenza, y es uno de los motivos por los que el kirchnerismo va a dejar de ser Gobierno en Tucumán el año que viene”, cuestionó el legislador de JxC.

Nadima Pecci (Valores Republicanos) sostuvo que “no sólo en Tucumán, sino en todo el país, el populismo tiene tan arraigada la demagogia y el clientelismo que los institucionaliza, al punto de ser un ítem infaltable en los presupuestos, con partidas sostenidas y aumentadas más aún en años electorales”. “Esta práctica no brinda soluciones a los sectores vulnerables, ni siquiera como efecto subsidiario, siendo el único impacto real de esta política la manipulación de voluntades y un aumento inflacionario”, señaló la aliada al PRO-JxC.