Los fondos para la administración de los municipios y las 93 comunas de Tucumán continuarán bajo una fuerte incidencia de la Casa de Gobierno durante el 2023 electoral.
El Presupuesto que se envió a la Legislatura por casi $800.000 millones de gastos totales, el Poder Ejecutivo (PE) proyecta $151.110 millones para el programa de Apoyo a Gobiernos Municipales y Comunales. De esa cifra, $13.558 millones corresponden a activos financieros y $137.552 millones se fijaron para transferencias, según la documentación que envió a los legisladores el Ministerio de Economía que lidera Eduardo Garvich.
La planilla de resumen por objeto del gasto y financiamiento a nivel de programa es uno de los archivos que recibieron los parlamentarios el pasado lunes. En casi 300 páginas se plasma, de un modo muy general, las asignaciones de recursos previstas para el año próximo. Sin embargo no se especifica las partidas que están incluidas en cada programa.
Fuentes consultadas dieron por descontado que dentro de Apoyo a Gobiernos Municipales y Comunales se incluyen las transferencias que se realizan por el Convenio de Asistencia Garantizada, conocido popularmente como “Pacto Fiscal”. Se trata de un mecanismo nacido en el alperovichismo (Ley 7.974), mediante el cual el PE garantiza el pago de sueldos y otros gastos a cambio de que los distritos cedan su coparticipación. Actualmente sólo seis distritos se encuentran fuera del acuerdo: Capital, Las Talitas, Trancas, La Cocha, Burruyacu y Graneros.
Acusaciones y polémica
El “Pacto Fiscal” también le permite a la Provincia otorgar asistencias financieras no reintegrables a través del Ministerio del Interior, que conduce Miguel Acevedo, para obras u otro tipo de necesidades. Precisamente sobre este tema se generó una fuerte polémica a fines de julio, luego de que este diario publicara un informe que daba cuenta que el PE entregó más de $8.000 millones de aportes no reintegrables, casi en su totalidad para municipios y comunas administrados por el oficialismo. La oposición lanzó entonces feroces críticas contra el gobernador Osvaldo Jaldo: lo acusó de hacer una distribución discrecional de los dineros públicos y de discriminar a distritos con bandería política opositora. El mandatario rechazó que haya favoritismos e, incluso, “invitó” a los intendentes críticos a retirarse del Pacto si estaban en desacuerdo. Finalmente los municipios de Concepción, Yerba Buena y Bella Vista obtuvieron mejoras en los flujos de fondos tras una serie de conversaciones y las aguas se apaciguaron.
De acuerdo con las publicaciones del Boletín Oficial, hasta fines de octubre se firmaron este año unos 150 decretos por aportes financieros no reintegrables por más de $14.508 millones. En la mayoría de los documentos casi no se brindan precisiones sobre el destino de los recursos. Antes de que estallara la interna peronista, en cada decreto se plasmaba en detalle el uso que se le daría a los dineros públicos.
Planteo por las comunas
Garvich concurrió el pasado miércoles a la Cámara a brindar respuestas sobre el proyecto del Presupuesto 2023. Legisladores de la oposición, algunos de los cuales impulsaron proyectos de ley para que se transparenten las asistencias financieras no reintegrables, lanzaron críticas respecto a las previsiones presupuestarias que se hicieron para un año electoral en para partidas que consideran discrecionales.
El vicepresidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Raúl Pellegrini (PJS), cuestionó que las Comunas Rurales continúen sin presupuesto (lo establece la Constitución) y, por lo tanto, no cuenten con autonomía. “Eso es muy grande y plantea una situación mucho más preocupante en periodos que son electorales. A toda esa discrecionalidad y falta de transparencia hace falta modificarla. El próximo año hay elecciones y el próximo Gobierno tiene que modificar de cuajo todo eso”, dijo el alfarista.
En tono similar se despachó el radical José María Canelada. Ironizó que a los comisionados rurales no les queda otra que ser “buenos alumnos” del gobernador para recibir dinero para sus gestiones. “Esto también nos dice otra cosa: que en Tucumán va a seguir habiendo tucumanos de primera y de segunda”, dijo, en alusión a la discrecionalidad con los que se distribuirían los fondos en municipios y comunas.
Garvich aseguró a la prensa que están trabajando para que las 93 comunas cuenten con su propio presupuesto y tengan autonomía, como dicta la Constitución. Aseguró que se debe capacitar al personal en un sistema de administración financiera; que este año no se pudo y que se lo hará en 2023 para que en 2024 las Comunas Rurales cuenten cada una con su presupuesto.
De cara a los comicios
Canelada, quien ya lanzó su precandidatura a intendente de la Capital, fue crítico también con otras partidas del Presupuesto. “Jaldo nos dice que va a gastar $2.225 millones de propaganda sobre su propia figura y quien sea su compañero de fórmula. Este es el presupuesto para Comunicación, que ha crecido más del 150% con respecto al año anterior”, criticó. Y añadió: “además nos ha dicho, con todas las letras, que $10.000 millones van a ser usados para planes sociales, sin una contraprestación. Interpreto que vamos a ver nuevamente las filas en el Hipódromo, que vamos a ver nuevamente a gente recibiendo dinero por votar a Jaldo”.
El proyecto del Presupuesto 2023 fija también $2.133 millones en transferencias para cubrir desequilibrios en municipios y comunas, algo que establece la Ley de Coparticipación (6.316).
Solicitud de informe: un concejal de Alberdi aguarda respuestas de la intendenta
En octubre, el edil oficialista Bruno Romano (bloque Nancy Bulacio) solicitó a la intendenta Sandra “Pata” Figueroa que informe el destino de $1.200 millones en aportes no reintegrables (ANR) que habría recibido el Ejecutivo municipal entre los meses de enero y agosto. También hizo una presentación del mismo tenor respecto a los $905 millones de ANR que habría girado el Gobierno en 2021. Afirmó que hasta ahora no obtuvo respuestas
En búsqueda de dictamen: se reúne la comisión de Hacienda y Presupuesto
La comisión legislativa de Hacienda y Presupuesto que preside el oficialista Juan Ruiz Olivares se reunirá mañana para trabajar de cara a la sesión del jueves. Está previsto que se dé dictamen al proyecto de Presupuesto 2023 que envió el Ejecutivo, posiblemente con algunos pequeños ajustes internos. También se dará el visto bueno para prorrogar algunas normas de emergencia que tienen vencimiento el 31 de diciembre de este año.