“Hay muchas personas que con la buena intención de querer ayudar a los animales, los llevan a casa y terminan no dando abasto, porque no es una tarea que una persona pueda hacer sola. Es una tarea del Estado. El hacinamiento de los animales, la falta de comida, higiene y cuidado, forman parte del maltrato”, explicó Vanessa Zanacchi, quien junto a su colega Pilar Lomas componen la Comisión Independiente de Derecho Animal, entidad que se ocupa de seguir este tipo de procesos judiciales y que vela porque algún día las penas por este tipo de delito sean más duras.
La profesional se refirió al caso que conmovió a Aguilares, donde tras un allanamiento en una casa se encontraron 19 perros en condiciones deplorables y cuatro canes muertos que estaban en avanzado estado de descomposición. La propietaria del inmueble era una conocida activista dedicada a sacar a los animales de la calle, se investiga si la mujer padece de alguna enfermedad mental. “Esta mujer acudía a todas las charlas y acompañaba las peticiones en favor de los animales. Teníamos entendido que siempre cuidó de los perros, por lo cual lo que pasó esta semana nos impactó, no es justificable lo que ocurrió. Luego la justicia determinará si corresponde o no imponerle una pena según cual sea su condición”, añadió Zanacchi.
“El Estado tiene la responsabilidad de encargarse de la salud pública. En ese sentido, podemos verlo desde dos perspectivas: por un lado es una cuestión de empatía al animal que es un ser sintiente, que vive en las calles y sufre hambre, frío, calor y enfermedades. Por otro lado, aunque no te gusten los animales, estos ensucian en las calles y pueden transmitir enfermedades a las personas si no están cuidados”, razonó la profesional, y agregó que solo en distritos con políticas serias se pudo solucionar esto. “Antes a los pobres animales los llevaban a las perreras y los mataban, eso no es una solución. En la provincia, el gobernador y los intendentes tienen la responsabilidad de ocuparse de las castraciones masivas y de fomentar la adopción responsable de animales”, agregó.
La abogada Liliana Farach también había hecho referencia a esta cuestión días atrás. “Esto es una realidad en la que el Estado tiene su responsabilidad. No se puede juzgar a la mujer que tenía los animales, porque seguramente muchos recurrieron a ella por comodidad. Quizás sin saber si estaba en condiciones de recibirlos. Ahora se sabe que no”, explicó. “La cuestión de los albergues es un asunto que se tiene que abordar, como así también el tema de las castraciones. En Aguilares las hay con más frecuencia que en otras comunidades, en donde son casi nulas”, añadió.
Casos de violencia
Zanacchi explicó que en los últimos años con la Comisión intervinieron en casos aberrantes de violencia contra los animales. En otra entrevista brindada a LA GACETA, la profesional exponía el caso de Ángel, un perro que fue abusado y asesinado por su custodio. Recordó que los animales son sujetos de derecho y que como seres sintientes experimentan dolor, agonía y sufrimiento al igual que un humano. “No hay diferencia alguna entre su padecimiento, sufrimiento y agonía que el que hubiera padecido una persona humana. Parafraseando al fiscal (Carlos) Picón ‘si la víctima en este caso hubiera sido una persona, estaríamos ante un delito con una escala penal mucho más grave’”, explicó en ese entonces, cuando lamentó que el autor fuera condenado a solo un año de prisión condicional debido a los límites de la ley vigente.
“Todo caso de crueldad animal está ligado a otros tipos de violencia que no cesan en los animales, como la violencia de género o doméstica. Cuando vemos a un niño que es violento con los animales, vemos un signo de que ese pequeño puede estar siendo violentado en su casa de alguna manera, porque el niño solo puede descargar esa violencia con el único ser más indefenso que tiene en la casa. Por eso desde el Derecho Penal entendemos que nos quedamos cortos con las penas por maltrato animal, porque siempre evidencian escenarios aún más graves”, explicó.
“Los casos de violencia contra los animales visibilizan un trasfondo aún más graves. Quien evidencia un patrón de violencia contra un animal, evidencia un perfil violento, y puede repetir esas acciones en las personas. Eso lo tenemos claro quienes trabajamos en este tipo de casos”, analizó. En ese sentido, detalló: “la gente tiende a creer que alguien que abusa sexualmente de un animal es un enfermo mental y no siempre lo es. La mayoría de las veces se trata de casos de psicopatía, un trastorno permanente de la personalidad, es decir, que el autor es totalmente consciente de lo que hace. Por eso son imputados y condenados a penas condicionales y luego, ha pasado, que reiniciden con un menor o con otra persona”.
Renovar la ley
“Hay muchos proyectos para agravar las penas por maltrato. Se trata de una iniciativa que tiene que tratarla el Congreso, por eso instamos a Diputados y Senadores a que lo acompañen. De todos los que vimos, el que más agravaría las penas propone una pena de hasta 6 años de prisión. Creemos que se terminará legislando esta ley, porque en principio no hay oposición de ningún color político. Será un avance si comparamos con que hoy una persona que mata a un animal queda libre, pero en lo personal creo que las penas deberían ser incluso más altas, porque hay casos gravísimos que lo ameritarían”, concluyó.
Denuncias
La Fiscalía de Decisión temprana entiende esos casos
El Ministerio Público Fiscal (MPF) remarcó que cualquier ciudadano puede reportar actos de maltrato o crueldad hacia los animales. Se los puede denunciar en cualquier comisaría de la zona, como así también a través de los medios digitales que el MPF habilitó a tales fines (entre ellos, el correo electrónico de recepción de denuncias: [email protected]). En la capital, los casos son atendidos por la Fiscalía de Decisión Temprana, a cargo de Marcelo Leguizamón.