Causa “Vialidad”: el fiscal desistió de replicar para que el tribunal resuelva rápido el futuro de Cristina Kirchner

El fiscal Diego Luciani desistió de ejercer su derecho a replicar los argumentos esgrimidos por los abogados defensores de los acusados en la causa conocida como “Vialidad”, que investiga la presunta comisión de delitos de corrupción en la concesión de la obra pública en Santa Cruz, entre 2003 y 2015. Consideró que nada había para responder, y solicitó a los jueces que rechacen los planteos de nulidad que habían formulado las defensas. Todo en pos de que se llegue lo antes posible a la instancia del dictado del fallo, para que se conozca la decisión sobre los pedidos de condena contra los 13 acusados, entre los que se destacan la vicepresidenta, Cristina Fernández; el ex ministro de Planificación Federal de la Nación Julio de Vido; el ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López, y el empresario Lázaro Báez.

Si Luciani hubiese aceptado pronunciar réplicas habría dado lugar a que los defensores soliciten decir las dúplicas; esto, a su vez, habría generado una potencial nueva etapa de réplicas y dúplicas, lo que habría estirado, finalmente, el final del proceso.

Sin embargo, el defensor de Báez, Martín Villanueva, consideró que el fiscal sí había formulado réplicas, por lo cual pidió el derecho a responderlas. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini (presidente), Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, aceptaron parcialmente el planteo, el abogado podrá responder a las 9.30 del viernes.

La audiencia estaba destinada a que el fiscal conteste los planteos de nulidad que las defensas plantearon en sus alegatos y a que ejerza su derecho a replicar, si lo consideraba necesario. “No advertimos argumentos jurídicos que ameriten una réplica a lo que se escuchó en los alegatos de las defensas. Aquí no hay argumentos jurídicos novedosos o que en nuestros alegatos no se hayan discutido. Estamos tan seguros del trabajo profesional que sinceramente no tenemos nada que replicar”, puntualizó Luciani al inicio de su exposición.

Recordó que durante sus alegatos, que se extendieron a lo largo de nueve audiencias desarrolladas durante tres tres meses, habló más de 70 horas. “Nuestro alegato se mantiene incólume. Tampoco vamos a contestar las valoraciones de tinte político que hicieron algunas defensas”, afirmó, en alusión, principalmente, a la defensa de la vicepresidenta, que en síntesis había sostenido que el objetivo del proceso era sacarla del escenario político.

La decisión del fiscal de desistir de su derecho a formular réplicas impacta en el cronograma del juicio. Si aceptaba entrar la etapa de réplicas y dúplicas el tribunal debía destinar audiencias a ese contrapunto. Ahora se pasará directamente a la etapa durante la cual los acusados pueden ejercer su derecho a pronunciar sus últimas palabras, lo que se descarta que ocurrirá -en particular, con la ex presidenta, para quien Luciani había pedido 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Luego de esto, los magistrados deberán dictar el veredicto. La idea es que esto ocurra antes de fin de año.

Pedidos

Cinco planteos de nulidad contestó Luciani, que habían sido formulados por las defensas de Báez, de López y del ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner.

“No se ha vulnerado el derecho de defensa de ninguno de los imputados. Vamos a pedir que se rechacen todos los planteos de nulidad. Jamás este Ministerio Público Fiscal hubiese permitido que se avasallen derechos”, dijo el fiscal.

Rechazó primero el planteo sobre la objeción del uso de los mensajes del celular de López que le permitieron sostener lo que la Fiscalía llamó el “plan limpiar todo”. Este supuesto plan tenía que ver con que, previo al momento en que la ex presidenta deje el Gobierno se le había intentado pagar a Báez todas las obras, pese a que no estaban finalizadas. Las defensas de Báez y de López objetaron que se haya utilizado esa prueba porque no habían podido contar con ella todas las partes.

Luciani contestó que, por el contrario, todos tenían esta prueba, desde 2018. “El planteo es improcedente e infundado por las constancias de la causa”, sostuvo. Recordó que el 5 de julio de 2018 la Fiscalía solicitó acceder a la causa de López por enriquecimiento ilícito, en la cual se le había secuestrado el teléfono, y que el pedido fue aceptado por el tribunal el 3 de septiembre de ese año y habilitó a todas las partes a su acceso. Añadió que en noviembre del año pasado la Fiscalía le dio un DVD a todas las partes con la prueba importante de ese expediente. “Lo único que se pretende con este tipo de planteos es desorientar a la sociedad, generar un clima de supuesta ilegalidad sobre una prueba que está incorporada al expediente”, sostuvo Luciani.

También rechazó que con el uso de esta prueba se haya violado la privacidad de López. “Fuimos muy cuidadosos y solo hicimos mención de los mensajes que guardan relación con esta causa”, arguyó.

Finalmente, expresó un desagravio personal. “En los numerosos procesos en que me tocó intervenir jamás tuve que escuchar las descalificaciones personales (por parte de) defensores. Las agresiones no hablan de nosotros, sino de quienes las ejercen. Vamos a seguir en nuestro camino, que es llegar a la verdad. Es lo que la sociedad espera de nosotros”, dijo.

Sobre el cierre de la audiencia, y a partir del planteo de Villanueva, el tribunal consideró que Luciani sí había introducido un tema nuevo; es decir, que no había sido tratado durante los alegatos. Se trata del acceso a la información pública o no de la defensa de Báez a documentación que expuso en su alegato. El fiscal dijo que la defensa había anunciado que iba a aportar esa documentación a la causa y no lo hizo. Sobre ese punto responderá la defensa el viernes a las 9.30.

Tras esa respuesta se espera que el Tribunal Oral de a conocer el cronograma de las últimas palabras y del veredicto.

En el proceso se juzgan presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. En sus alegatos, Luciani había considerado probadas estas, y pidió condena para los 13 acusados.