Algunos problemas con el congelamiento de precios

El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que los “Precios Justos” no están para combatir la inflación. Entonces habría que preguntar qué utilidad tienen. Ya se verá. Por ahora, hay muchas dudas.

El programa implica el congelamiento de precios de más de 1.700 artículos durante cuatro meses y un tope de subas de hasta el cuatro por ciento mensual acumulativo durante el mismo período del precio del resto de los bienes ofrecidos por las empresas que entren al programa. Recibió el nombre de “Precios Justos”, lo que plantea una primera duda que es de fondo. ¿Justos según quién? Cuando existen intercambios voluntarios todos los precios son justos para cada parte. Para un comprador es justo un precio que implica un costo menor que el bienestar que se espera del bien adquirido y para el vendedor lo es aquel que cubre sus expectativas de ganancia. Es difícil creer que así lo vean los funcionarios, por lo que podría especularse que son precios justos porque un incremento mensual acumulado de cuatro por ciento da un 60 por ciento en el año, que es “justo” la proyección oficial de inflación para 2023.

También es discutible el congelamiento en sí mismo. Alcanza a los precios finales de supermercados minoristas y mayoristas y a sus proveedores, lo que parece más serio que los esquemas del pasado. El precio de un bien, en forma individual y no como parte de un paquete de ventas, tiene como límite inferior el precio esperado de reposición. Un precio más bajo en términos relativos aumenta la cantidad demandada por el bien. Pero si el proceso inflacionario alcanza a las etapas anteriores de la cadena de producción y comercialización no hay dinero para la reposición. Tarde o temprano aumenta la escasez y aparece el mercado negro. “Precios Justos” llega a los proveedores. Pero sólo hasta allí. Por lo tanto, no resuelve el problema.

Se anunció que ahora comenzarán las negociaciones con las cadenas de insumos, pero eso es demasiado ambicioso para que funcione. ¿Se quiere congelar toda la economía? Para tener una idea de la complejidad de tal pretensión debería leerse el viejo ensayo “Yo, el lápiz”, de Leonard Read (o ver “I, Smartphone”, por YouTube, para quienes no estén habituados a los lápices).

También debe considerarse que los precios no tienen por qué subir al mismo ritmo. En un contexto no inflacionario puede haber variaciones diferentes en los distintos mercados por oferta y demanda, aunque probablemente esos cambios no serán extendidos, grandes y bruscos. Pero cuando hay emisión en exceso de dinero los efectos de la nueva mayor demanda se distribuyen de diferente manera y lapsos según la longitud de las cadenas de producción y comercialización y la flexibilidad de cada mercado, sumado a que la incertidumbre sobre los precios de reposición lleva a que cada uno pruebe vender al precio que cree le servirá para seguir en el negocio, sin llegarse a nuevos equilibrios. Es decir, los precios relativos están distorsionados por la inflación y el gobierno congelará las distorsiones.

Más dudas: en la resolución de creación de “Precios Justos”, la 823/22, se habla de los convenios entre las empresas y el gobierno. Pero cuando se leen las obligaciones de las partes sólo aparecen los empresarios. ¿El gobierno no toma compromisos? Hay una promesa declarada, no en los papeles, el acceso preferencial a dólares para importación a las empresas que firmen acuerdos. Pero “Precios Justos” no genera dólares sino que éstos llegan por canales diferentes. Es decir, las divisas aparecerían… con la adhesión a las políticas del gobierno. ¿Y qué pasa con las actividades no alcanzadas por “Precios Justos” que requieren dólares e implican gran toma de mano de obra, ingresos fiscales o atención a importantes necesidades sociales? Es abrir la puerta a la arbitrariedad y el lobby sectorial.

¿Y habrá dólares para cumplir la promesa informal? Además de las complicaciones para las cantidades, el precio del dólar oficial en el mercado de futuros ronda los 228 pesos para marzo, cuando termine el programa, o los 277 pesos cuando se cumplan los 180 días que hoy se ponen como plazo para autorizar la liberación de divisas para importación. Implican alzas muy superiores a las de los precios de venta de la mercadería que esos dólares ayudarían a reponer.

Un detalle más. Los negocios de proximidad representan un 60 por ciento del comercio, pero no están en el programa. ¿Sería muy desconfiado pensar que sus gerentes comprarán en los supermercados con precios congelados o de subas limitadas para vender en sus propios locales sin topes?

Para finalizar, se dijo que uno de los objetivos del programa es dar previsibilidad para bajar las expectativas inflacionarias. Eso puede ocurrir si es complemento a un plan de fondo contra la inflación y la confianza en éste contribuye al éxito de la transición. Pero la emisión de dinero, gran causa de la inflación, no se frenó. Puede verse el agregado monetario M3, que tenía, hasta la cuarentena, una clara relación con la variación del IPC: subas del ritmo de emisión anual de M3 se reflejaban en mayores subas anuales de los precios entre seis y ocho meses después, bajas del ritmo de emisión anual se reflejaban en menores subas porcentuales anuales del IPC entre seis y ocho meses después. Pues bien, M3 viene de subas como el 47,5 por ciento anual en octubre de 2021 pasando por el 58,3 por ciento anual en mayo de 2022 para llegar a 78,3 por ciento anual en octubre de 2022. Malo para la expectativa inflacionaria.

En resumen, si bien la integración de empresas de primera línea y sus marcas líderes hacen auspiciar un buen arranque de los “Precios Justos”, el resto de las variables lleva a pensar en fuegos artificiales.