Por Santiago Re
09 Noviembre 2022
“YO NO HUBIERA ACATADO”, dijo el testigo Gómez. Se discutió sobre la jerarquía policial y los límites.
Comenzaron a declarar los policías que intervinieron en la búsqueda de Luis Espinoza. Uno de ellos, que se desempeña en la división Bomberos, explicó lo dificultoso que fue poder sacar el cuerpo del peón rural desde el fondo de un precipicio. Por otra parte, algunos defensores indagaron sobre la jerarquía policial para intentar mejorar la situación procesal de sus clientes.
Espinoza fue asesinado de un disparo en el omóplato el 15 de mayo de 2020, cuando efectivos de la comisaría de Monteagudo intervinieron para disolver una carrera cuadrera que se estaba corriendo en el paraje El Melcho (Simoca). Los autores del crimen trasladaron luego el cuerpo hasta Catamarca y lo arrojaron a un precipicio.
Por esos hechos fueron imputados los policías Rubén Héctor Montenegro (subcomisario), José Alberto Morales (quien sería el autor del mortal disparo), Gerardo Esteban González Rojas, Mirian Rosalba González, Claudio Alfredo Zelaya, Carlos Lisandro Romano, José María Paz, René Eduardo Ardiles, Víctor Manuel Salinas, el vigía Héctor Fabio Villavicencio y el civil Álvaro Gonzalo González.
La jerarquía policial
Cuando ocurrió el crimen de Espinoza, la subcomisaria Mónica Sotelo estaba a cargo de la comisaría de Villa Chicligasta. Fue el primer lugar donde la familia del peón rural fue a hacer averiguaciones. Como allí no estaba Luis, la familia se trasladó a Monteagudo.
“Llegué al día siguiente y me pusieron al tanto de que buscaban a un desaparecido. Recibí a esas personas que me pedían que llamáramos a más policías para que ayudaran en los rastrillajes”, explicó la subcomisaria, que declaró como testigo.
El fiscal Pablo Camuña y la auxiliar Lucía Doz Costa indagaron sobre cómo fueron los procedimientos que tuvieron en la villa durante la época de restricciones de la pandemia. “La gente cooperaba, nunca tuvimos detenidos por ese tema”, señaló Sotelo.
“No tuvimos intervenciones por carreras cuadreras en esa época. Sí hubo alertas sobre posibles eventos que no se hicieron. Por ejemplo, el mismo día del hecho yo mandé al agente Juárez a revisar un paraje y a documentar lo que pasaba. Sacó fotos y videos del lugar mostrando que no había tal evento”, sostuvo.
El defensor Dante Mirra le preguntó si había trabajado con su defendida anteriormente. Sotelo reconoció que estuvo a cargo de Miriam González y de Lisandro Romano en la comisaría de La Madrid. Hasta indicó tener un buen concepto de ambos. Explicó que por el rango que tenían, debían obedecer al subcomisario y al comisario.
Mirra y su par, Gustavo Morales, le consultaron sobre la jerarquía policial. “Los subalternos deben obedecer las órdenes de los superiores”, sintetizó la testigo.
Cuando parecía que esa explicación podía servir de sustento para los acusados, que en su mayoría declararon responsabilizando al subcomisario Montenegro, el abogado de la querella, Carlos Garmendia, agregó una pregunta. “¿Si usted recibe una orden ilegal por parte de un superior, la acata?”, indagó. “No, señor”, respondió la testigo para aclarar la situación.
Otro testigo que pasó por un cuestionario similar fue el policía Wilson Marino Gómez, que trabajaba en la comisaría de Simoca al momento del hecho y que quedó a cargo de documentar los rastrillajes que se hicieron en El Melcho al día siguiente.
“Si un superior me da una orden directa debo acatarla, a menos que se trate de algo que a mí me resulte no ético; entonces no lo haría”, fundamentó.
Tanto Gómez como Sotelo coincidieron en que en todos los operativos debían vestir el uniforme policial. El efectivo agregó que también debían ir en móviles oficiales pero ahí no hubo coincidencia porque Sotelo aclaró que en el caso de Chicligasta solo contaban con una moto y que eventualmente podían pedir que la Regional envíe un patrullero para casos especiales. Esto se consultó porque los efectivos de Monteagudo sostienen que fueron a suspender una carrera cuadrera y que acudieron vestidos de civil y en autos particulares.
Gómez explicó que en el descampado encontraron restos de proyectiles antitumultos y vainas 9 milímetros. Por otro lado, la Fiscalía le pidió que aclare cuándo podían usar armas. “Cuando está en peligro la vida de alguien, y si disparo debo hacerlo tratando de causar el menor daño posible”, contestó.
La búsqueda
El policía Sebastián Zurita, que se desempeña en la división Bomberos de Concepción, recordó que el 16 de mayo comenzaron a buscar sobre la ruta 157, en El Melcho, la zona de el gasoducto y los límites del río Gastona mientras la Policía Lacustre acompañaba el rastrillaje por agua.
“El día del hallazgo fuimos hasta La Banderita, porque había un dato. Vino gente de la capital y varias divisiones como el Grupo Cero y Canes. Hicimos anclajes para poder bajar con las cuerdas y los perros. Al cuerpo lo encontraron a unos 50 o 70 metros más abajo del camino. Nosotros estábamos más abajo cuando lo hallaron”, explicó. Y agregó: “fue muy complicado subirlo; estábamos en territorio catamarqueño y hubo que esperar una autorización. Estaba en un lugar peligroso y empinado; tuvimos que envolverlo junto a una camilla y subirlo con poleas en medio de la neblina”. Ese día el operativo comenzó a las 8 y concluyó a las 19, cuando el cuerpo quedó en manos del ECIF.
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