Por no asistir a la escuela, el gobierno de Uruguay decidió no renovar 791 asignaciones sociales destinadas a niños y adolescentes. La medida surgió a partir de los datos que envió la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) al Banco de Previsión Social (BPS).
Fue el ex presidente fallecido Tabaré Vázquez (Frente Amplio, izquierda) quien decretó la suspensión del programa para todos aquellos que dejaran de concurrir a su escuela, liceo o UTU. En cumplimiento con aquella disposición, la actual gestión de Luis Lacalle Pou pondrá fin a la ayuda estatal para estas personas a partir de noviembre.
No es la primera vez que ocurre esto: en octubre de 2021, en función del decreto de Vázquez, el gobierno uruguayo determinó un recorte de 9.000 menores de edad en el programa. Después, a causa de la pandemia del coronavirus, se decidió no efectivizar la medida.
En agosto de este año, de todas formas, el Ejecutivo anunció que se darían de baja alrededor de 11.500 de estas asignaciones familiares por la misma razón. Días más tarde, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, informó que 4.084 niños y adolescentes –un 35,2% del total– regularizaron su situación producto del anuncio y, por lo tanto, no se les quitó la prestación.
En efecto, solo se eliminaron 7.430 de estas ayudas, a las que se suman las 791 bajas de este martes.