Por Luis María Ruiz
27 Octubre 2022
ENTRE LOS LEGISLADORES. El ministro de Seguridad espera brindar su informe, tras la presentación que hizo el parlamentario Chustek. LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA
El Gobierno provincial promete avanzar con un cambio de paradigma en la lucha contra la venta de drogas en Tucumán. Y según anunció el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, esta nueva etapa comenzará en menos de una semana.
El funcionario del gabinete de Osvaldo Jaldo asistió ayer a la Legislatura, donde expuso un extenso informe sobre su primer año de gestión ante los miembros de la comisión de Seguridad y Justicia, que encabeza el oficialista Roberto Osiris Chustek.
En la sede de Muñecas al 900, Agüero Gamboa anticipó la intención de comenzar a aplicar en Tucumán la Ley de Narcomenudeo, sancionada por primera vez en 2014 y “frenada” durante más de ocho años por una disputa judicial.
“Faltan trámites administrativos, pero ya estamos muy cerca del objetivo de concretar la implementación de la ley. Esperamos poder hacerlo a partir del 1 de noviembre”, sostuvo el ministro de Seguridad.
La “provincialización”
Desde que asumió de manera interina al frente del Poder Ejecutivo, en septiembre de 2021, Jaldo le dio un fuerte impulso político al régimen que habilita la “provincialización” de la lucha contra la venta de drogas a menor escala -en la actualidad de competencia exclusiva de la Justicia Federal-.
Junto con el “Operativo Lapacho” y la renovación de la cartera de Seguridad (Claudio Maley fue uno de los primeros ministros en dejar el Gobierno tras la llegada del mandatario tranqueño), la Ley de Narcomenudeo aparece como una de las cartas fuertes del reemplazante de Juan Manzur en esta área de gestión.
Es una apuesta compleja, y ciertamente este régimen de “desfederalización” genera controversias en el ámbito de la seguridad. En septiembre pasado, de hecho, el miembro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, sostuvo en una entrevista con LA GACETA que “la ley de narcomenudeo ha sido un fracaso en todos lados”. Además, instó a no generar “grandes expectativas” respecto a los posibles resultados de este sistema.
Pese a las críticas, en la Casa de Gobierno consideran que se trata de una herramienta esencial para tratar de contrarrestar el avance de los transas en los barrios de la provincia.
Por eso, Jaldo se puso a la cabeza de las tratativas para “reanimar” la ley 9.188. En abril pasado, por mayoría, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) dispuso el cese de la medida cautelar que frenaba su vigencia y habilitó a los organismos competentes a implementar la Ley de Narcomenudeo.
Presupuesto
No bastó con esta resolución judicial. La Legislatura, además, tuvo que efectuar diversas modificaciones sobre el texto original. Por un lado, se conformó una comisión especial, con representantes de los tres poderes del Estado provincial, dedicada a supervisar la puesta en marcha de la nueva modalidad.
Por otra parte, se comprometieron recursos por unos $ 1.000 millones para la adquisición de recursos humanos y tecnológicos. En paralelo, se avanzó con cursos de capacitación y con el diseño de protocolos de actuación para las fuerzas de seguridad.
El último paso que dio el Gobierno fue la designación de magistrados (jueces y fiscales subrogantes) que atenderán las causas relacionadas a la venta de drogas en el fuero provincial. Con los tribunales sobrecargados de expedientes, la sumatoria de una nueva temática -para colmo, de características complejas- era observada de reojo en avenida Sarmiento al 400.
Ahora, tras la cobertura de los despachos concretada en la sesión legislativa del martes, en el oficialismo interpretan que se derribó la última barrera para la aplicación de la Ley de Narcomenudeo.
¿Qué cambiará?
En caso de que el ministro Agüero Gamboa vea cristalizado su objetivo de comenzar a trabajar con el nuevo régimen, las causas relacionadas a la comercialización de droga a menor escala -es decir, cuando las dosis estén fraccionadas directamente para su venta al consumidor- pasarán a ser tramitadas por la Justicia provincial.
Si bien la Dirección General de Drogas de la Policía provincial (Digedrop) venía actuando en estos casos, con allanamientos y otros operativos, el objetivo del gobierno es que esta área de la fuerza asuma un rol de mayor protagonismo en la lucha contra los “dealers”.
Así, la Justicia federal y las fuerzas nacionales (Gendarmería, Policía Federal, entre otras) podrán enfocarse en los eslabones superiores de la cadena del narcotráfico.
Voces en la Legislatura
Regino Amado (vicepresidente primero de la Cámara provincial, Frente de Todos)
“Nadie antes como lo está haciendo Osvaldo Jaldo, tanto en su gestión como vicegobernador como en la Gobernación, le ha dado tanta importancia a este tema, con distintas medidas concretas, y mediante el diálogo con los tres poderes del Estado, para que esto funcione de la mejor manera posible. Ya se observan a diario operativos de secuestros de drogas. Y esto va a tomar más impulso todavía, en la medida en que tengamos magistrados provinciales dedicados exclusivamente a este delito. Estamos en condiciones de empezar (a aplicar la Ley de Narcomenudeo), y todos tenemos que transitar este camino; no debe haber distinciones, porque desarticular estas bandas va a ser muy importante para nuestra provincia. Vamos a dar la lucha que el gobernador pretendía y que todos acompañamos”.
ENTRE LOS LEGISLADORES. El ministro de Seguridad espera brindar su informe, tras la presentación que hizo el parlamentario Chustek. la gaceta / foto de franco vera
Raúl Albarracín (PJS-Juntos por el Cambio)
“El narcotráfico es el principal riesgo estratégico que tiene Tucumán de cara al presente y los próximos años. Necesitamos que esta ley tenga una aplicación seria y planificada al detalle, sin improvisar. El narcotráfico evolucionó de tal manera en los últimos años que ya no somos solo lugar de tránsito, sino que los cuatro estadios del tráfico de drogas están afincados en Tucumán. Somos lugar de consumo (con un crecimiento exponencial del mismo en los últimos 10 años); de tránsito (por ser atravesados como provincia por las rutas de los cargamentos que bajan de Bolivia a los puertos de Rosario y Buenos Aires); de producción (sin cultivos a gran escala, pero sí con cocinas de cocaína y de ahí el paco); de lavado de activos del narcotráfico (así lo demostraron numerosas causas judiciales en la última década). Debemos ver que hicieron mal las provincias que adhirieron a la ley 26.052 de ‘desfederalización’, para no repetir los mismos errores. El tema aquí será ver no a cuántos, sino a quiénes se arresta, juzga y condena”.
José María Canelada (UCR-Juntos por el Cambio)
“Las dilaciones que el gobierno tuvo con la implementación de la ley de narcomenudeo son incomprensibles. Por un lado hay un discurso de querer enfrentar a los vendedores de droga, pero en los hechos llevamos muchísimos meses sin que nada se haga efectivo. La realidad es que sigue habiendo vendedores de droga en la puerta de los clubes, de las escuelas, en las esquinas. Por eso no se puede posponer más esta herramienta. Con la aprobación de pliegos de los jueces subrogantes que deberán entender en estas causas esperamos que ya no haya más excusas. Y vamos a seguir exigiendo coherencia y que sea sincera la vocación de lo que dice el oficialismo en la lucha contra el narcomenudeo. Por eso le exigimos al gobernador que le ponga número a la ley que sancionó la Legislatura para sacar del Estado a aquellas personas que son descubiertas con vinculación en la venta de drogas. Es una deuda que nos genera dudas y que nos parece, cuanto menos, incoherente. ¿A quién protegen, que no ponen en vigencia una ley que saca del Estado a los sospechosos de narcotráfico?”
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