La guerra contra la inflación se financia con la educación

“Caminando el país, cuando estaba en esa marcha, en esa locura que se me había dado por ser presidente, iba a actos que me miraban y se reían. Yo les decía, tienen razón, la verdad es que estoy un poco loco, pero si uno no tiene un poco de locura tampoco puede... Pero veía a los padres y abuelos llorar porque sus hijos no tenían destino, porque iban a estar peor que ellos, estaban todos amontonados en la casa del abuelo y sentí vergüenza, no sabía qué decirles. Esa es la Argentina que habíamos construido, la Argentina del achique, la Argentina de la exclusión, la Argentina de la pérdida de la esperanza. Dios quiera que en los años que vienen podamos volver a aquello que tenían nuestros pioneros, a esas cosas que pasaban hace 50 años en este país, donde las viejas y los viejos miraban a los chicos felices porque sabían que sus hijos iban a estar mejor que ellos. Si nosotros triunfamos en esta idea de transformar la educación, no tengo ninguna duda de que esa fotografía que parece una fotografía del pasado, se va a convertir en la fotografía del presente y del futuro que los argentinos queremos”.

Aquellas promesas se hicieron el 9 de septiembre de 2005 y el que hablaba era el presidente Néstor Kichner, que presentaba el proyecto de ley de financiamiento educativo. Esa iniciativa contemplaba destinar el 6 % del PBI durante los siguientes cinco años (hasta ese momento se aplicaba el 4%) al ámbito educativo, lo que “coloca a la Argentina entre los países del mundo que más invierten en educación”, decía Kirchner. Para alcanzar ese porcentaje, la inversión iba a progresar entre los años 2006 y 2010, hasta alcanzar los 9.000 millones de pesos por encima del crecimiento del PBI que se necesitaba. Pero se debió esperar hasta 2015 para aplicarse ese incremento del 6% a Educación. Los años anteriores no se llegó a ese porcentaje.

La pandemia terminó por hundir la educación en el país. Según un informe de Unicef, para mediados de mayo de 2021 el 51% de los estudiantes tenían suspendidas las clases presenciales y cursaban exclusivamente a distancia. Hacia fines de ese mismo mes la cifra se había elevado al 93%, coincidiendo con uno de los momentos de mayor cantidad de contagios diarios de covid-19. Durante ese período el 92,2% de las primarias estatales urbanas utilizaron WhatsApp para proponer tareas durante la cuarentena. Pero además, en el 6% de los hogares, por lo menos uno de los chicos interrumpió su escolaridad: como mínimo 650.000 alumnos dejaron sus estudios en el primer año de la pandemia.

En 2021, ocho de cada 10 hogares donde hubo estudiantes que abandonaron la escuela la retomaron. Sin embargo, en el 19% restante no volvieron a clases, con fuertes disparidades entre regiones. En el noroeste y en el AMBA, estos valores ascienden a 29% y 26% respectivamente. Según una encuesta realizada por el Ministerio de Educación en 2020, ese año alrededor de un millón de alumnos habían perdido o tenían casi nulo contacto con la escuela. Pero además, el virus hizo más presentes las desigualdades. Según Unicef, en ese período se redujo del 42% al 26% la cantidad de hogares en donde viven menores que no tenían computadora o tablet para la realización de las tareas escolares, y del 30% al 8% los que no tenían celulares. Sin embargo, uno de cada cuatro hogares no contaba con ningún dispositivo en el hogar disponible para la realización de las tareas escolares. Es decir que miles de chicos no tuvieron la posibilidad de estudiar a distancia.

Hoy, el máximo problema del país se llama inflación. Lo dicen lo que más lo sufren, los ciudadanos, y también los que no saben cómo detenerla, que son quienes conducen los destinos del país. Y así se conoció el detalle del presupuesto 2023 en el que, según los análisis, hay un recorte para educación del 15,5% con respecto a este año. Y se asegura que el presupuesto educativo de 2023 es el segundo más bajo de los últimos 11 años (el más bajo fue el de 2020). Entonces, la tan promovida guerra contra la inflación se financia con lo que le sacan a Educación. Así, los fondos del Ministerio de Educación pasarán de $870.000 millones este año a $735.000 millones el próximo. Educación, además, está entre las seis carteras que efectuarán mayores ajustes en 2023, superado solo por Ambiente y Desarrollo (-15,8%), Transporte (-17,3%), Salud (-19,2%), Economía (-20,8%) y Turismo y Deportes (-26,0%).

Ayer el ministro Jaime Perczyk aseguró que no se trataba de un recorte, “sino que hay garantía de expansión”. Y cargó, cuando no, contra el macrismo: “En 2019 los que hoy señalan con el dedo habían puesto en educación el 1.1% del PBI. Argentina necesita invertir en educación durante muchos años, suficiente y continuamente. Hace falta que los que acortaron, los que ajustaron se hagan cargo”.

A pesar de que en el último censo se determinó que el 98% de los argentinos está alfabetizado, los resultados de las pruebas de aprendizaje en el país son desalentadores. Según las pruebas PISA, en Argentina “cada cuatro estudiantes de 15 años, dos se encuentran por debajo del nivel básico, uno en el nivel básico y uno por encima de ese nivel básico”. Y según las pruebas Aprender, en 2018 el 75% de los estudiantes tenía un buen desempeño en Lengua, mientras que ahora, solo el 56%. En matemática, en 2018 el 58% de los chicos alcanzaba niveles satisfactorios y ahora bajó al 56%.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, en lo que va del año el Ejecutivo destinó $4,5 millones en prestaciones sociales. De ese total, $3 millones se repartieron entre jubilaciones y pensiones, $500.000 millones fueron a asignaciones familiares, $233.000 millones a Potenciar Trabajo, $180.000 millones a políticas alimentarias y $51.000 millones a Becas Progresar. Y además el 9% del presupuesto se gasta en sueldos públicos. Y hoy el dinero destinado a educación es motivo de disputa. Si uno mira los números del nuevo presupuesto, aquel sueño del entonces presidente Kirchner hoy parece haber quedado enterrado por su propio partido.