25 Octubre 2022
La Comisión Directiva de Cañeros Unidos del Este (CUE) se reunió con el presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), Jorge Feijóo, con el fin de tratar “la demonización del consumo de azúcar” impulsada mediante una publicación de un medio porteño bajo el título “Esa dulce adicción llamada azúcar”.
En el informe se expone al azúcar como un artículo “adictivo” y “de riesgo para la salud” humana.
En el encuentro hubo un consenso en torno del rechazo a esta acción. La entidad convino con la cámara de industriales “aunar esfuerzos para la defensa del azúcar”, producto de la economía madre de Tucumán y de las provincias productoras del NOA.
Entre distintas medidas, se evalúa emitir un pronunciamiento oficial a nivel nacional para rechazar la divulgación y alguna acción legal.
Además, las partes llamaron al Gobierno provincial a apoyar esta demanda para evitar un grave impacto en la actividad.
Otras entidades cañeras se sumaron a la iniciativa tras la reunión, como la Unión Cañeros del Sur (UCS) y la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT).
La postura de Beatriz Ávila
En el último número de la revista Noticias se publicó un artículo que apunta al consumo de la materia prima de la industria tucumana con el título en tapa: “Azúcar, la droga silenciosa”. El texto afirma que “es hasta ocho veces más adictiva que la cocaína”. Tras esto, la senadora Beatriz Ávila presentó un proyecto de declaración en la Cámara Alta de la Nación que propone rechazar las publicaciones periodísticas que descalifican la ingesta de azúcar.
La legisladora consideró que esta publicación se trata de un nuevo capítulo de “una campaña de desprestigio contra la industria azucarera”.
“Esa campaña, que se desarrolló desde mediados de los años 50 habría de culminar en 1966 y 67 con una medida de raigambre totalitaria y autoritaria que adoptó un gobierno militar: el cierre compulsivo, por decreto del PEN, de once ingenios azucareros, que empujó a un penoso exilio interno en busca de trabajo a alrededor de 250.000 tucumanos (según registra el cotejo entre los censos nacionales de 1960 y 1970) en una provincia cuyos habitantes apenas en ese momento superaba las 900.000 almas. También expulsó de la actividad a no menos de 11.000 pequeños productores cañeros”, recordó Ávila, en sus fundamentos del proyecto.
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