¿Políticas de seguridad?

¿Generar políticas de seguridad o hacer política con la seguridad? Esa es la pregunta que deberían hacerse los miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo cada tanto y más ahora, cuando los vientos electorales comenzaron a soplar con una importante intensidad. Gran parte de la sociedad espera una respuesta porque es su segunda preocupación, por debajo de la inflación que carcome los salarios y por delante de la obtención de trabajo.

El ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa concurrirá mañana a la Legislatura a dar un informe de su gestión. Pasaron por esa situación los ex ministros Regino Amado (nunca sufrió sobresaltos) y Claudio Maley (muy cuestionado en todos los encuentros) cada vez que debían concurrir a dar explicaciones ante la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia de Seguridad.

Al renovarse la norma, ese cuerpo dejó de funcionar y, a pesar de que contemplaba la formación de uno, nunca volvió a integrarse. En el edificio de Muñecas al 900 señalaron que se analiza un proyecto para que el titular del área de Seguridad cuente las novedades cada cuatro meses. En realidad, no hace falta dictar una nueva ley, sino cumplir con la que ya fue sancionada.

Agüero Gamboa tiene listo un informe completo que será presentado en PowerPoint. Cuenta con una ventaja con respecto a su antecesor. El gobernador interino Osvaldo Jaldo, a diferencia de Juan Manzur, puso a la seguridad como prioridad en su gestión. Por ese motivo el funcionario podrá contarles a los legisladores que a la fuerza se incorporaron más de 1.200 efectivos, adquirieron 100 móviles, comenzó la construcción del penal de Benjamín Paz, avanzó con la edificación de dos alcaldías y solucionó todos los problemas para que se pusiera en marcha la ley de narcomenudeo. Su antecesor Maley, en cambio, sólo pudo mostrar como logro la compra de armas para la fuerza que generó numerosos cuestionamientos.

Números

Agüero Gamboa tiene un as bajo la manga: los datos del Sistema Nacional de Informe Criminal que elabora anualmente el Ministerio de Seguridad de la Nación sobre los delitos cometidos en la provincia en el año 2021. El número más importante es que la cantidad de homicidios se redujo en más de un 31% con respecto a 2020, casi el doble del registro nacional que llega al 15%. Tucumán, después de tres años consecutivos, dejó de ser el segundo territorio más violento del país: ahora ocupa el tercer puesto. También les dirá que en 2022 esa baja se mantiene en un 15% comparándolos con los números del año pasado. Otro dato: los homicidios en ocasión de robo, que son los crímenes de la inseguridad, se redujeron en más de un 13% en 2021 y en lo que va de este año, más de un 20%.

El informe estadístico de la Nación tiene como base las denuncias que realizan las víctimas, por lo que siempre quedan dando vueltas las cifras en negro, es decir, los hechos que no se informan ante las autoridades. En Tucumán los delitos contra la propiedad se incrementaron el año pasado. Los robos agravados un 7,8% y los hurtos un 12,9%. La media nacional para ambos delitos es de 9,3% y 16,9%, respectivamente. Agüero Gamboa debería explicar otro detalle: el alarmante crecimiento de este tipo de ilícitos en el interior de la provincia, donde hay números que asustan. El departamento de Famaillá tuvo un aumento de un 131,5%; el de Simoca, un 80%; y el de Monteros, un 62%.

Misterio

La gran pregunta es saber qué harán los legisladores con el informe de Agüero Gamboa. ¿Pedirán conocerlo para cuestionarlos y sacar rédito político haciendo hincapié en los puntos flojos? ¿O lo escucharán para ver en qué pueden colaborar para que la lucha contra la inseguridad sea más efectiva? Hasta aquí, es una fija que la seguridad será el caballito de batalla de todos los candidatos por lo que será muy poco probable que dejen de lado intereses partidarios con el fin de encontrar el bienestar común. Ejemplos sobran.

No hubo norma más consensuada que la ley de narcomenudeo. Es uno de los pocos proyectos que unió a oficialistas y opositores, pero los legisladores volvieron a mostrar la hilacha. Deberían haberse reunido la semana pasada para nombrar los jueces que estarán al frente de estas causas. No lo hicieron porque estaban más preocupados en el acto del Día de la Lealtad o definiendo quiénes serán los candidatos de la oposición. Lo harán hoy, a una semana de que entre en vigencia. ¿Qué capacitación o preparación recibirán los nuevos magistrados? Cero, porque no habrá tiempo, salvo que se prorrogue su aplicación, lo que será una desilusión para un importante sector de la sociedad que desde hace años pide que se acabe con los transas.

La trágica muerte de Noelia Sosa generó un escándalo a nivel nacional. La joven se quitó la vida después de que no le quisieron recibir una denuncia de violencia de género en contra de su pareja. La raíz de este problema tiene que ver con la Carta Orgánica de la Policía, el reglamento que establece claramente que un oficial es el que puede recibir el reclamo de las víctimas. Ese compendio de normas tiene más de 52 años de existencia y nadie tomó la decisión política de modificarla. Es cierto que hay iniciativas para crear una nueva, pero falta voluntad para tratarlas. Sería interesante analizar el sistema de toma de denuncias del Ministerio Público Fiscal. La recibe cualquier empleado, no un funcionario judicial. ¿No es hora de pensar que las comisarías deberían contar con civiles para realizar tareas administrativas? Ese fue uno de los pedidos que hizo la desaparecida Comisión de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad que nunca fue escuchado. Tampoco haría falta una avalancha de nombramientos, sino que podrían utilizar a los empleados de la administración pública que no cuentan con una función fija.

Lo mismo sucede con la creación del Código de Convivencia que reemplazaría al régimen de contravenciones policiales que fue declarado inconstitucional, pero continúa aplicándose. Está claro entonces que los tucumanos deberán seguir esperando para que se generen políticas de seguridad a largo plazo y tendrán que acostumbrarse a que se haga política con la seguridad.