24 Octubre 2022
Eduardo Cobos, defensor del Pueblo de Tucumán.
La comisión de Juicio Político de la Legislatura, presidida por el legislador oficialista Raúl Ferrazzano (Frente de Todos), resolvió el archivo de la denuncia que había presentado el jefe de la bancada de Fuerza Republicana (FR), Ricardo Bussi, en contra del defensor del Pueblo, Eduardo Cobos, por presunto mal desempeño en la función pública.
El legislador republicano había planteado un pedido de remoción contra "Lalo" Cobos sobre la base de un informe periodístico publicado por el programa “Periodismo para todos” el 18 de Septiembre.
"Se está haciendo uso de los recursos estatales con fines de fomento y difusión de figuras políticas, contraviniendo todas las normas jurídicas y éticas vigentes", aseguró Ricardo Bussi en la presentación.
Según el informe periodístico citado por FR, se habría contratado más de 100 empleados en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, pero estos no prestarían servicios para la repartición, sino que estarían destinados a tareas políticas bajo las instrucciones de Tomás Cobos, hijo de "Lalo" Cobos y precandidato a legislador por "Nueva Fuerza del Este".
El rechazo de la Legislatura al juicio político contra Cobos
En rueda de prensa, Ferrazzano explicó que, con el voto de 10 miembros (sobre un total de 12), la comisión de Juicio Político rechazar y archivar la acusación que impulsaba el bussismo contra "Lalo" Cobos.
“La presentación no acompañó ningún elemento de prueba importante, que tenga sustento suficiente, como puede ser una denuncia judicial, para que nosotros le podamos correr traslado (al ombudsman)”, fundamentó el legislador Ferrazzano.
EN COMISIÓN. Juicio Político rechazó el planteo de Ricardo Bussi contra Eduardo Cobos. Foto de Prensa HLT
De la reunión también participaron el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, y los legisladores Zacarías Khoder, Raúl Pellegrini, Enrique Bethencourt, Mariela Reyes, Gonzalo Monteros, Adriana Najar, Graciela Gutiérrez, Tulio Caponio, Carlos Gómez y Mario Casali.
La postura de Casali: "Que el Defensor del Pueblo dé las explicaciones del caso"
En un dictamen de minoría, el legislador bussista Mario Casali había propuesto que se corriera traslado de la denuncia a Cobos, con el objetivo de que brindara "explicaciones por el presunto uso de los recursos estatales con fines de fomento y difusión de la figura política de su hijo, Tomás Cobos, tal como lo manifestara públicamente Julio Valdez, letrado de la defensoría, en un informe periodístico".
"Resulta de vital importancia que el Defensor del Pueblo dé las explicaciones del caso, ya que, como ,sabemos su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas, toda vez que, de haberlo hecho, incurriría no sólo en un hecho antiético, sino también antijurídico", planteó Casali.
Remarcó luego que el ombudsman "está facultado para realizar investigaciones, inspecciones, verificaciones, solicitar expedientes, informes, documentos, antecedentes, como así también está facultado para proponer al Poder Legislativo la modificación de aquellas normas, cuyo cumplimiento riguroso pueda provocar situaciones injustas o perjudiciales".
"Su deber es sumamente importante, ya que es el celoso guardián de los derechos de los ciudadanos y procura su defensa, y en el hecho denunciado, vemos que estaríamos en presencia de una presunta falta grave, que requiere ser dilucidada", añadió.
Mencionó luego que la Ley 6.644 "reza que, dentro de las funciones y deberes del Defensor del Pueblo", consta que este funcionario "debe velar por el buen orden, decoro y regularidad de la Administración Pública, por lo que de resultar cierta la denuncia, pondría al descubierto que esto no se cumple, máxime que estamos atravesando una de las peores crisis económicas en el país, con una inflación descontrolada, y proceder a la contratación de personal con fines políticos es algo ilegal, amén de estar reñido con la moral".
"Considero sumamente necesario que se esclarezca lo denunciado, y para ello, esta Comisión debe intervenir a los fines de investigar y aclarar los graves hechos relatados, corriendo traslado al Sr. Defensor del Pueblo, a los fines de que emita su descargo, y citar oportunamente al letrado Julio Valdez, a los fines de que hubiere lugar", señaló Casali.
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