“La mujeres son las que padecen cada vez más los efectos degradantes del cambio climático”

En un encuentro pionero a nivel nacional, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán fue la anfitriona de la primera reunión del Programa “Mujeres Rurales, de Pueblos Indígenas y Judiciales por una Justicia Climática en el Mundo Pospandemia”. Fue encabezado por los vocales Claudia Sbdar, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos.

El plenario, que congregó a más de 60 referentes de comunidades rurales e indígenas y a juezas, fiscalas y funcionarias del Poder Judicial, avanzó en un programa nacional que propone la creación de una red integrada por dos sectores interpelados ante los desafíos que trae el deterioro del equilibrio habitual de la naturaleza: las mujeres gestoras y la Justicia.

Este vínculo se considera clave en relación con los litigios que provoca el deterioro de las condiciones ambientales, la perpetuación de sesgos de género y las desigualdades estructurales que dificultan el acceso a la Justicia y una aplicación eficaz de la ley.

Las mujeres reunidas compartieron experiencias con enfoque de género frente a las distintas problemáticas que se presentan en su trabajo con el medioambiente, tales como la falta de agua potable, las dificultades en las condiciones de producción de alimentos, el aumento de los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor, entre otras.

La apertura estuvo a cargo Sbdar, de la directora de la Agencia Francesa de Desarrollo, Lorena Chara; del presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agrupecuaria, Mariano Garmendia, y de Marlise Ilhesca, directora Ejecutiva de la Fundación Foro del Sur.

Sbdar repasó el trabajo que la Corte viene realizando con la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle, puntualizando que permitió al Poder Judicial trabajar con las mujeres que llevan adelante actividades de producción y que, en consecuencia, han desarrollado una mayor vinculación y sensibilidad respecto del medio ambiente y la importancia de su preservación. “Nuestra Oficina de la Mujer, creada en 2012, viene realizando una actividad importante y fructífera con la Comunidad de Amaicha del Valle. Esta actividad se inició en 2018 con el proyecto del Corredor Norandino Legal y Santario, que dio lugar a la creación de un centro de acceso a Justicia que desarrolla su labor en diversas comunidades del Valle Calchaquí. Esta continuidad y sistematicidad de las actividades permitió lograr una auténtica interacción con la comunidad y sus referentes”.

Expuso sobre la situación actual de las mujeres: “son quienes padecen los efectos cada vez más degradantes del cambio climático y sus repercusiones en sus labores cotidianas de cultivo o cría de ganado, en cómo elaboran alimentos de subsistencia y en cómo procuran recursos para sus familias”. “Diversos informes afirman que las mujeres que representan alrededor del 50% de la fuerza de producción de alimentos en el mundo, ocupan un rol predominante en la producción de alimentos a pequeña escala, la preservación de la biodiversidad y la recuperación de las prácticas agroecológicas. Es indiscutible que las mujeres rurales han sido, son y serán agentes clave en los cambios sociales, económicos y ambientales que demanda el desarrollo sostenible. Sin embargo, no podemos apartar la vista a los muchos y variados desafíos a los que se enfrentan, como el acceso limitado a la toma de decisiones, a la propiedad, al crédito, entre tantos otros”, agregó Sbdar.

“Se advierte clara la necesidad de desandar el camino de esa doble desigualdad estructural que sufren por su género y por su medio rural”, apuntó.

Precisamente, en relación a esto último, dijo: “nos cabe a todos los jueces y juezas la delicada tarea de analizar y fallar los casos con perspectiva de género, como también la de asumir la función de contribuir desde nuestro lugar a la realización del principio de Prevención que estructura al Derecho Ambiental. En esa línea, la Corte nacional ha señalado que las soluciones judiciales no sólo deben resolver el pasado sino que, primordialmente, deben procurar una respuesta dirigida a la sustentabilidad futura. Imaginemos entonces cuánto más sutil y meticulosa será nuestra intervención cuando en un caso concreto se entrelazan estas dos cuestiones tanto elementales como relegadas: género y ambiente. La tutela judicial de estos asuntos debe ser un factor transversal en la lucha por la igualdad, en uno; por la preservación, en el otro; y por la sana armonía, entre ambos”, reflexionó.

Finalmente, se refirió a la importancia de la Ley Yolanda en materia de formación integral en ambiente. “Resulta impostergable trabajar en la erradicación de toda forma de discriminación y en reducir la brecha de desigualdades que atentan contra la autonomía de las mujeres en el contexto rural y de la problemática medio ambiental. Es compromiso constitucional de todos y todas el desarrollo sostenible y sustentable. Debe ser compromiso de todos y todas combatir la discriminación y empoderar a las mujeres indígenas y rurales, pilares de la lucha ambiental, para así contribuir en aquella ingente labor de ‘sostener’ y ‘sustentar’ nuestro presente y nuestro futuro”, concluyó.