Por Juan Manuel Asis
23 Octubre 2022
Cuando de objetivos políticos se trata, los cronogramas electorales dejan de estar escritos en piedra para el peronismo, se tornan flexibles y se ajustan a sus intereses. Siempre. Pasó con las fechas de los comicios provinciales y de las internas del PJ: en ambos casos se adelantaron en un mes las votaciones, de acuerdo a las estimaciones que se venían haciendo y a los plazos de vencimientos de mandatos. Las dos decisiones se tomaron en la misma semana: el 17 de octubre -el Día de la Lealtad, como para que adquiera sentido simbólico la convocatoria- Jaldo firmó el decreto llamando a votación para el 14 de mayo; y el 21 de octubre el consejo provincial del PJ, presidido por Manzur, dispuso que el sábado 18 de febrero de 2023 se efectúe la interna de renovación de todos los cuadro partidarios. Aunque el concepto “renovación” no resulte el más adecuado frente la necesidad de reforzar la idea de unidad del peronismo para encarar el año electoral; como ya analizaremos.
Antes de profundizar los porqués de los adelantamientos, observemos que las fechas que se mencionaron en primer término para la votación provincial fueron las del 4 y 11 de junio, cuando el fallo de la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo habilitó al Poder Ejecutivo a llamar a sufragar cuando le plazca, ya que anuló los artículos de la Constitución que determinaban votar en agosto. Podría haber citado para abril, mayo, junio o julio; lo hizo para el 14 de mayo. Se entendió que la resolución ejecutiva se tomaba por varios motivos: 1- distanciar los comicios locales del calendario nacional para no quedar demasiados atrapados en una imposible defensa de la gestión de Alberto Fernández; 2- fortalecer la pretensión del jefe de Gabinete de integrar la boleta presidencial del Frente de Todos ofrendando un triunfo en un distrito de relevancia electoral en el país y, más que nada, 3- incomodar y generar una crisis en Juntos por el Cambio.
Téngase en cuenta que el oficialismo ya lanzó a rodar la posible fórmula gubernamental para competir -aunque debe subsanar un inconveniente previo en la Justicia, como ya veremos-, mientras que la coalición opositora sigue sin resolver el mecanismo para elegir a sus candidatos; y peor aún, sin garantizar la continuidad de la coalición como espacio alternativo. Los tiempos se acortan para Alfaro, para Sánchez y para todos los que quieren competir, ya que les quedan entre 120 y 150 días para presentar alianzas, realizar internas cerradas e inscribir los candidatos oficializados. Encima, en el medio habrá algunas distracciones que pueden hacer ruido en ese proceso de consolidar relaciones y fortalecer al espacio: el fútbol, las tensiones sociales de fin de año y las vacaciones. Los que tengan vocación de poder seguramente no descansarán; los más veteranos en estas lides saben que el que se las toma, pierde.
En ese marco, no es ingenuo que el PJ llame a internas en febrero; los estrategas quieren a la dirigencia peronista y a sus huestes movilizadas, pero por sobre todo que los compañeros acometan unidos la contienda, sin fricciones. Unidos incluso hasta por el espanto de poder perder el Gobierno. En fin, el PJ, así como lo hizo el PE, adelantó su fecha de votación interna. ¿Por qué? Para buscar una posible respuesta hay que poner frente a frente los calendarios de la interna partidaria y de la elección provincial, para descubrir la intencionalidad política detrás de las fechas de cada cronograma.
Veamos; según la carta orgánica del PJ, la interna para renovar las autoridades debe realizarse 30 días antes de la finalización del mandato (artículo 67). Como el mandato de la actual conducción vence el 11 de abril, los comicios deberían haberse convocado para el 11 de marzo; sin embargo, se “adelantaron” al 18 de febrero. ¿Apuro? Para nada, fue por algo más. Lo que se desprende, además, del mismo artículo de la carta orgánica peronista: la convocatoria a elecciones internas partidarias será efectuada con una anticipación mínima de 90 días a la fecha dispuesta. O sea que el PJ tenía hasta el 20 de noviembre para citar a los peronistas a las urnas, sin embargo, lo hizo el 21 de octubre. Casi con un mes de anticipación.
Estos llamativos “adelantamientos” obligan a centrar la lupa en marzo, porque se convierte en un mes clave, especialmente por si hay algunos díscolos en el PJ que se muestren renuentes al consenso y quieran ir a una interna partidaria para ser candidatos a un cargo electivo, como intendente, por ejemplo, o también a gobernador.
Para ser más precisos, en ese mes deberían asumir las 1.122 autoridades electas en la interna del PJ del 18 de febrero: consejeros, congresales provinciales y nacionales, miembros de las juntas departamentales y de los restantes cuerpos orgánicos partidarios, 561 varones y 561 mujeres, según lo establece la ley nacional de paridad de género, que fija en un 50% y 50% la composición de las autoridades de los partidos de distrito. Ese eventual nuevo congreso electo podría reunirse y definir por “razones de fuerza mayor que impidan la interna” (inciso G del artículo 12 de la carta orgánica; atribuciones del congreso), los candidatos a gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y comisionados rurales. Se diría una auténtica nómina de unidad impuesta por Manzur y por Jaldo.
Justamente en marzo, probablemente el 14 -si así lo dispone el cronograma electoral provincial-, vencerá el plazo para realizar las internas cerradas para elegir los candidatos a cargos electivos. Como el artículo 41 de la ley orgánica de partidos políticos (5.454) establece que si hay lista única no hace falta la realización de la interna, cobra más valor el manejo del congreso provincial, que podría imponer esa forzosa lista de unidad. Es una posibilidad que nace a la sombra del desarrollo casi en paralelo de los calendarios electorales de la interna del PJ y de la votación provincial, y que evitaría los conflictos que pueden derivar de todo proceso interno de selección de postulantes. El viernes quedó en claro que no se quiere una interna, cuando en la reunión del consejo, la dupla sentenció: discutamos las cosas en desacuerdo de manera interna pero no salgamos a plantear internas.
Pero no es la única forma de anular a aquellos que desean competir para ser candidato a intendente, por ejemplo. La otra es convocar a la interna cerrada para elegir candidatos muy cerca del plazo del 14 de marzo (cuando vencería el término para efectuarlas); como el 13 de marzo por ejemplo. Sería una suerte de maniobra de disuasión, ya que los que sean eventualmente derrotados no tendrían tiempo para presentarse en una interna de otro partido. Es muy difícil que ocurra, pero cuando se dice que la unidad debe ser el móvil del oficialismo, la determinación de un calendario electoral se hace en función de los intereses de la conducción.
Además, habría otro aspecto que frenaría las pretensiones de salir por otra estructura partidaria luego de haberse sometido a una interna; un artículo de la ley 5.454 (el 42). Aunque es un poco difuso, establece que: una vez oficializadas las candidaturas y/o listas de candidatos resultantes de la elección interna o la lista única, no puede presentarse candidatura o lista alguna distinta con posterioridad, en la elección general.
Hay otra cuestión interesante a tener en cuenta si es que el PJ convoca a una interna cerrada, por ejemplo, para el 13 de marzo. Si fuera así, los candidatos a los cargos electivos deberían presentarse 30 días antes, aunque ese término depende el cronograma interno que finalmente disponga la junta electoral partidaria (pueden ser menos). Pero digamos que se determina en 30 días. Eso lleva al 11 de febrero. No es un dato menor. Cobra relevancia porque ese día, cuando deban inscribirse las listas de postulantes, Manzur ya debería tener en su poder una declaración de certeza de la Corte Suprema de Justicia que lo habilite a presentarse como candidato a vicegobernador.
Ergo, al jefe de Gabinete le quedarían tan sólo 110 días -obviamente serán menos- para plantear un recurso de amparo ante el máximo tribunal y obtener el visto bueno. Suponiendo que el trámite judicial sea expeditivo y que le sea favorable al gobernador de licencia en un plazo de 20 días -cifra elegida en forma caprichosa-, entonces a Manzur le quedan 90 días para decidir, primero, si quiere secundar a Jaldo en la fórmula oficialista como vicegobernador y, segundo, apurar un escrito para acudir a los tribunales. Y tal vez menos días si es que se concretan las advertencias opositoras de que objetarán judicialmente la posibilidad de que pueda candidatearse a vice. Si el fallo le resultara adverso, ¿dejará el gabinete nacional y vendrá a Tucumán a ponerse al frente de la campaña del oficialismo?
Lo que sí es casi seguro es que no se toque la actual composición de los cuerpos orgánicos del PJ y se presente la misma nómina de hace cuatro años para la interna partidaria del 18 de febrero. Eso es para que no haya heridos por eventuales cambios que comprometan la anhelada y estratégica unidad. La movida sería parte del mensaje que vienen pregonando Manzur y Jaldo, de que todo está bien entre ellos y de que hay confianza mutua.
Pero vaya un “detalle” más que parece que no se tiene en cuenta (o por lo menos no se lo menciona): la interna para elegir autoridades partidarias debe hacerse o hacerse, a diferencia de la interna para candidatos a cargos electivos, que puede evitarse si hay lista única. Es que así lo establece el artículo 36 de la ley 5.454: en caso de oficializarse una sola lista para la elección de autoridades de partido, no podrá prescindirse del acto eleccionario. Entonces, a votar sí o sí. Es más, la norma determina que la elección interna se considerará válida cuando vote un porcentaje de afiliados superior al 10%, que en el caso del PJ implica un mínimo de 15.600 sufragantes. Dicha ley lleva la firma de Sergio Mansilla, quien el viernes dijo que al PJ le interesa la interna partidaria “porque es la que nos ordena para las futuras elecciones”.
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