¿Quién nos protege de los que deberían cuidarnos?

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”. ¿Cuántas veces se dijo esa frase, siempre en boca de funcionarios que deben tomar decisiones? ¿Cuáles son las últimas consecuencias? ¿Por qué se debe llegar a una situación límite? Noelia Soledad Sosa tuvo miedo. Su caso es uno más de los miles que ocurren en Argentina donde las mujeres sufren violencia de género. Y la joven tranqueña de 30 años hizo lo que las autoridades dicen que se debe hacer: fue a la comisaría a denunciar al hombre que la estaba maltratando. Fue a pedir ayuda y encontró desinterés. Fue a contar que temía por su vida. Y halló indiferencia. “El oficial no está y no tenemos quién le tome la denuncia”, le dijeron. El hombre al que ella temía estaba en el exterior de la misma comisaría, esperando. Y las amenazas continuaron. Desesperada, la mujer tomó la decisión más tremenda y se quitó la vida. El Estado le falló. Sosa fue víctima de la violencia de su pareja y de la desidia de los funcionarios.

Argentina registra un total de 198 femicidios y trans/travesticidios en los primeros ocho meses de 2022, lo equivalente a una muerte cada 29 horas. En 2021 hubo 251 víctimas de violencia de género, una cada 35 horas. Según el Observatorio de la Violencia contra la Mujer, desde el 3 de junio de 2015, cuando comenzaron las marchas del “Ni una menos” hasta mayo de este año, en la Argentina mataron a 1.995 mujeres. El 64 % de los femicidios fueron cometidos por parejas o ex parejas de las víctimas y en el 88% de los casos el femicida pertenecía al círculo íntimo (padre, hijo, vecino, amigo).

En Tucumán hubo 19 femicidios en 2021 y 24 intentos. Y en lo que va de 2022, dos femicidios, pero también se contabilizaron 52 intentos. Una cifra altísima.

Una ley fundamental

Micaela García tenía 21 años cuando en la madruga del 1° abril de 2017, en Gualeguay, Entre Ríos, fue secuestrada, violada y asesinada a la salida de un boliche por Sebastián Wagner, un hombre que tenía antecedentes penales por abuso sexual, pero gozaba de libertad condicional, a pesar de que varios informes técnicos desaconsejaban su liberación. La lucha por justicia de la mamá de Micaela, Andrea Lescano, y su papá, Néstor García, junto al resto de su familia, sus amigas y amigos, así como el impacto social del caso, expusieron la carencia en perspectiva de género de los organismos del Estado y alertaron sobre la necesidad urgente de capacitar a sus integrantes. A partir de esto, se promulgó en diciembre de 2018 lo que se conoce como “Ley Micaela”, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Paradójicamente, Tucumán fue la última provincia del país en adherir a la ley, y lo hizo el 21 de mayo de 2020, luego de presiones de distintas asociaciones que luchan contra la violencia de género. En noviembre del año pasado, el ministro de Seguridad Ciudadana, Eugenio Agüero Gamboa, aseguró que se tenía como prioridad un plan estratégico para la prevención de la violencia de género con la participación de la Secretaría de Participación Ciudadana, la Subsecretaría de Coordinación Institucional e Interjurisdiccional, y la Subsecretaría de Control de Gestión. Pero el domingo nada de esto importó. A Noelia Sosa le negaron la posibilidad de ser escuchada. La denigraron. Uno, o varios policías, los que estaban en la comisaría, no le dieron importancia a un pedido que, como está demostrado, le podría haber salvado la vida. Y aquí se desprenden otras preguntas. La primera y tal vez la más importante: ¿No quisieron tomarle la denuncia simplemente por ser mujer? ¿O es una práctica habitual, sobre todo en el interior de la provincia, poner trabas a la hora de denunciar o de hacer cualquier tipo de trámite en una comisaría? La primera, ayer fue contestada por el primer abogado de la familia de Sosa, Ricardo Scheuermann: “La Policía siempre hace lo mismo. Cada vez que va una mujer a realizar una denuncia de estas características recibe la respuesta de que no está el oficial de turno. Eso ya no se puede tolerar más”, aseguró. Para la segunda, el propio Ministerio de Seguridad tiene respuestas. Casi el 50% de los delitos que se cometen en la provincia no son denunciados ya que las víctimas consideran que ir a la comisaría “es perder el tiempo”. “Puede suceder que no se tome una denuncia”, admitió ayer el mismo ministro Agüero Gamboa.

“Hasta las últimas consecuencias”. Esto fue lo que el principal responsable de la seguridad en Tucumán prometió ayer cuando le consultaron por el caso. Y anunció que la cúpula de la comisaría de Trancas y el personal que estaba de guardia el domingo sería relevado hasta que la Justicia determine responsabilidades en el caso. El mismo Agüero Gamboa aseguró que el gobernador Osvaldo Jaldo estaba “preocupado” por lo sucedido. Y eso que hace un mes, a la hora de mostrar estadísticas, el ministro aseguró que “a pesar de que la violencia de género aumentó, la gente está denunciando y eso genera gran cantidad de intervenciones del personal policial”. “El femicidio ha bajado. Hoy estamos contando con un femicidio contra 17 del año pasado”, añadió el ministro en ese momento.

Ayer, el fiscal Carlos Sale advirtió que “se debe investigar para determinar si hubo incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de los policías cuando la mujer estuvo en la comisaría y si hubo o no violencia de género anterior por parte de la pareja”. Pero además dejó su opinión sobre lo sucedido. “A partir de la Ley Micaela todos los empleados públicos tienen la obligación de actuar con perspectiva de género y con mayor razón un efectivo de la fuerza policial que está en una unidad de Operaciones, aunque no esté el oficial de turno. Se habla en estos tiempos de la violencia institucional que aparece cuando han sido hostiles con la víctima o con quienes requieran la participación de la institución y esta no responde”, aseguró.

¿Para qué llegar a las últimas consecuencias, entonces, si no se controla lo que sucede dentro de una comisaría, si un funcionario público puede arrogarse el derecho de decidir a quién atiende y a quién no? Si la muerte de una mujer que fue a pedir protección y no fue escuchada no nos pone en estado de alerta es que no se está tan bien como se declama. Alberto Lebbos, que de sobra sabe lo que es golpear puertas para encontrar respuestas, llama siempre la atención sobre la impunidad que reina en la provincia. Muchas veces se actúa como en el caso que sufrió Noelia Sosa porque se cree que no habrá consecuencias. El suicidio de la mujer es el peor ejemplo de impunidad que podemos tener. Y es hora de reaccionar ante esto. No basta con remover a la cúpula policial de una comisaría. A todos los que forman parte de la Policía les debe quedar en claro que esto no puede suceder nunca más.