Ecos del informe ante la CIDH en Montevideo

El reconocimiento, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la responsabilidad del Estado argentino por el atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), causó un impacto que se está expandiendo.

“Vengo en nombre de la República Argentina a ratificar el reconocimiento de su responsabilidad internacional contenido en el decreto 812 de 2005 por la violación a los Derechos Humanos de las víctimas del atentado”, dijo la coordinadora de la Unidad Especial AMIA que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Natalia D’Alessandro, al final de la audiencia del caso “Asociación Civil Memoria Activa contra Argentina”, en Montevideo, donde la CIDH celebró su 153 período ordinario de sesiones. “Se argumenta que el Estado conocía la existencia de una situación de riesgo sobre sitios identificados con la comunidad judía argentina”, explica un documento entregado días atrás.

Ayer, como consecuencia de ese informe, el abogado argentino Alejandro Rúa pidió la “urgente revisión de la integración” de la unidad fiscal especial que investiga el atentado. Además, reclamó que el titular de la Unidad Fiscal para la investigación de la Causa AMIA, Sebastián Basso, sea sometido al Tribunal de Enjuiciamiento por presunto “mal desempeño” de sus funciones.

Rúa, ex titular de la Unidad Especial de Investigación del atentado de la AMIA, reclama que Casal deje su cargo como titular interino de la Procuración por ser responsable de la designación y mantener en el cargo pese a las denuncias de las víctimas al fiscal Basso. Según Rúa, hay gravedad institucional en la conducta de Casal.

El pedido de Rúa es el primer impacto tras las audiencias del jueves y viernes pasado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por la investigación fallida del atentado del 18 de julio de 1994. En 1999, Memoria Activa había hecho una denuncia contra el Estado argentino por no haber prevenido ni investigado el ataque. En 2005, se llegó a un acuerdo de solución amistosa con el gobierno de Néstor Kirchner. Sin embargo, ante la impunidad y la falta de verdad, Memoria Activa pidió que la CIDH condene al Estado argentino.