Jugando al gallo ciego en Transporte

Jugando al gallo ciego en Transporte

Jugando al gallo ciego en Transporte

¿Es importante el transporte público? Si contestaran el ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, o la ex presidenta de Brasil, Dilma Roussef, dirían que sí. Al primero la suba del boleto de subte le costó el gobierno a partir de 2019, cuando ocurrieron las protestas multitudinarias con quema de estaciones de metro y colectivos, saqueo de supermercados, ataques a instalaciones públicas. Y muertos en la represión. Dilma padeció en 2013 las olas de reclamos surgidas en San Pablo (quema de ómnibus, enfrentamientos con la Policía, detenciones) por el aumento de la tarifa de colectivos urbanos.

El transporte público es importante, pero la reacción oficial sobre esa importancia se mide en la estimación de la capacidad de revuelta o de voto de los diferentes distritos. Por eso acabamos de presenciar nuevamente la exposición descarnada de las asimetrías que hicieron que en el distrito que más votos y más protestas puede generar -la provincia de Buenos Aires- se hayan entregado los aportes nacionales para sostener el aumento del 50% de los sueldos de los choferes de ómnibus y se mantenga además el valor del pasaje más barato del país. Allí circularon los colectivos normalmente, mientras en prácticamente todo el interior argentino no hubo ómnibus urbanos durante dos días.

En Tucumán hubo una actitud de perdiz encandilada y alguna que otra ceja levantada porque el metafórico funcionario de transporte municipal Enrique Romero dijo que ya andan circulando los superilegales y superpeligrosos mototaxis por la capital. No hubo más comentarios fuera de la letanía habitual, más la convicción de que ni siquiera con las reuniones de este martes y este miércoles en Capital Federal se va a llegar a una solución duradera. “Estamos jugando al gallito ciego acá”, dijo Roberto Fernández, el secretario nacional del gremio de los choferes, UTA.

Los que no juegan

¿Quiénes juegan al gallo ciego? Todos, menos los pasajeros, los ciudadanos y pobladores que se quedaron a pie y debieron usar taxis, mototaxis, bicicletas o recurrir al dedo. En el interior profundo tucumano, se recurrió a los autos piratas o a los taxis rurales, como siempre desde hace cinco décadas o tres décadas, según se mida si la crisis del transporte empezó con los militares que suspendieron los servicios de pasajeros por tren o fue con Carlos Menem que le dio el clavo final al féretro ferroviario en los 90, tiempo en que, paradójicamente empezaron venirse abajo los servicios de ómnibus del interior.

Los piratas se abusaron con un aumento del 30% de la tarifa esos dos días de paro. Ya la normalidad es densa en el interior, porque la crisis pospandemia ha generado que las frecuencias de ómnibus, que son reducidas en el Gran Tucumán, allá hayan prácticamente desaparecido. Donde había cuatro frecuencias quedaron dos y algunos lugares, como Escaba, perdieron el único ómnibus. Pero allá no habrá protestas como en Chile o en Brasil. No hay capacidad de movilización para reclamo ni de voto. No hay gente casi. Por ende, no existen para quienes deben decidir qué hacer, como sucede en gran parte del interior argentino.

Los que juegan

¿Quiénes juegan al gallo ciego? El esquema Municipalidad que regula el servicio-Provincia que se ocupa de administrarlo en el interior tucumano-Nación que aporta subsidios, se vino abajo hace mucho tiempo y se distorsionó salvajemente. La Municipalidad parece haberse hecho a un lado y en los paros hizo aparecer el servicio irregular de combis. “El sistema actual de transporte público ha fracasado”, dijo el año pasado el secretario de Gobierno municipal, Rodolfo Ocaranza. Ya se sabe qué dicen los empresarios: no alcanzan los costos y los subsidios no se actualizan o se lo hace tarde y de modo exiguo. Por esos atrasos, hacen falta $ 17.000 millones adicionales, agregan. Y los choferes: no alcanzan los salarios. Y los concejales, como Fernando Juri, proponen cambiar el sistema y hacerlo como el de Salta (donde también hubo conflicto esta semana). Después viene el secretario de Transporte, Benjamín Nieva, y dice que esa idea es inviable, que la situación de Salta es diferente a la tucumana.

El Gobierno provincial dice que constantemente se mueve para mejorar la entrega de subsidios -de vez en cuando lo anuncia, como hizo en el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, en febrero, cuando dijo que la Nación aumentaba un 72% los subsidios-. Después se queja: hace cinco días Jaldo dijo que ayudaban y daban subsidios provinciales “pero no para que los ómnibus estén parados, sino para que anden”. Ahora, en el encuentro de mandatarios del Norte Grande, participó en un petitorio a la Nación para que mejoren los subsidios. En ese encuentro estaba el Jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, quien dijo que “este miércoles se realizará una reunión con el sector del transporte y energía. Acordaremos como siempre, acercaremos posiciones y buscaremos qué es lo mejor para la Argentina”. Pero en esa reunión en la que estuvieron varios funcionarios nacionales, no participó el secretario de Transporte nacional, que tampoco estuvo en la convocatoria de Trabajo a las partes en conflicto por el paro de ómnibus. Ahora está convocado para el martes. Parece que no va a ir.

Todos saben qué pasa

Los funcionarios de Transporte nacional, cruciales y frecuentemente ausentes en estos debates, saben qué pasa. En la reunión de junio en la comisión respectiva de Diputados de la Nación, expusieron claramente: El presupuesto para el transporte urbano que las provincias perciben del Estado Nacional  “se redujo en un 50% a partir del consenso fiscal de 2018”, lo que originó un sistema compensatorio “donde el Área Metropolitana de Buenos Aires recibe el 84%, y el interior del país el 16% restante”, aseveró Diego Giuliano, secretario de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación. Hay una brecha entre los subsidios destinados al boleto mínimo en el AMBA, con relación a los percibidos en el interior, “donde incluso el pasaje estudiantil es financiado por cada jurisdicción o comuna”. “Se busca solucionar el deterioro progresivo en las provincias de un derecho básico como el transporte público, en absoluta disparidad con respecto al AMBA”, explicó Osvaldo Miatello, presidente del Comité Federal de Transporte (Cofetra). “Hay que ser más equitativos y uniformes en los derechos que consagramos a los ciudadanos del país”, añadió el secretario del Comité Federal de Transporte, Franco Moguetta, en referencia a la inclusión, dentro del reparto subsidiario, “de los transportes que dan conectividad al interior profundo de nuestra patria, a los fines que esas personas puedan utilizar el único medio de transporte con el cual cuentan”.

¿Sabrá Moguetta de los autos pirata que van a los lugares sin ómnibus del sur, o de los autos rurales semilegales cuyos choferes vocean buscando pasajeros en la esquina de San Martín y 25, sobre la vereda de la misma Casa de Gobierno?

En esa reunión en Diputados apareció otro integrante del juego del gallo ciego: según Alcira Brizuela, vicepresidenta del Cofetra, “la solución que resuelva esta gran asimetría entre el AMBA y el interior no está en el Ministerio de Transporte, sino en manos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”. En ese encuentro se dijo que había 11 proyectos parlamentarios para resolver las asimetrías.

Mucha complejidad

El asunto es que las asimetrías son estructurales y abarcan desde la coparticipación federal a todas las actividades que están en el camino entre la Nación y las provincias. Los gobernadores del Norte Grande discutieron sobre las asimetrías en la energía aunque no se habló de casos puntuales como las empresas del Estado de ciertas zonas que reciben subsidios nacionales. Por ejemplo, Aysa, la deficitaria empresa del agua de Buenos Aires. Es decir que la gente de Tucumán y del interior del país paga también los subsidios que se dan al uso de agua y cloacas en el AMBA, mientras acá se reniega por la falta de obras de la SAT o por los desbordes cloacales en el barrio de Italia al 1.400, como reseñó hace una semana LA GACETA. Con la misma prerrogativa que Aysa, la SAT (irónicamente) podría pedir que le envíen subsidios nacionales para solventar el servicio.

¿Quién más juega al gallo ciego? Los legisladores nacionales. Hay muchos proyectos presentados y tienen clara la situación: “Espero que todos los bloques, más allá de lo partidario, podamos solucionar de forma conjunta los problemas de inmediato en el transporte público, y luego trabajar en un sistema con equidad de oportunidades para todas las provincias del interior”, dijo en junio Jorge Rizzotti, presidente de la Comisión de Transporte. Pero no saben cómo hacer frente a la discusión de las asimetrías, en la que el Gobierno nacional -aunque lo tenga a Manzur de jefe de Gabinete- no parece tener la intención de desarmar la preferencia enfermiza de la Nación por los distritos electorales de CABA y AMBA.

Si no modifican las asimetrías o se juntan para cambiar de raíz el sistema, sólo les queda la opción de aumentar el valor de los boletos, y los fantasmas de Chile y de Brasil están ahí a la vuelta: A Piñera no le alcanzó con anular la suba del pasaje de subte y pedir perdón. Se fue con la peor imagen. Acá han de preferir seguir jugando al gallito ciego.

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