La “Ley de Memoria Democrática” consiguió el aval del Senado de España, y solo restan pasos administrativos para que comience a regir: la firma, por parte del rey Felipe VI; la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y su reglamentación.
Con esta norma -conocida como “Ley de Nietos”- se beneficiarán miles de argentinos descendientes de españoles que busquen obtener la ciudadanía del país ibérico.
Entre otros objetivos, la ley busca facilitar el acceso a la ciudadanía a hijos y a nietos de personas nacidas en España. Uno de los apartados se enfoca en una legislación reparadora, destinada a descendientes de españoles que residen fuera del país, debido a que sus ascendientes probablemente abandonaron su tierra natal por motivos políticos, ideológicos o de fe.
Pero no es el único grupo al que favorecerá. También agiliza la obtención del pasaporte a hijos de mujeres españolas que se hayan casado con extranjeros mientras perduraba la Constitución de 1978, que dictaminaba que la descendencia heredaba la ciudadanía del padre.
La “Ley de nietos” no trazará un límite de edad para aplicar. La ley que rige actualmente permite que accedan a la ciudadanía solamente a los hijos de padres españoles que cumplan alguno de los requisitos detallados por el Ministerio de Exteriores español: haber nacido antes de enero de 1985 y que el padre o madre, nacido fuera de España, haya obtenido la nacionalidad antes de que el interesado naciera; o ser menor de 21 años y el padre o madre, nacido fuera de España, haya adquirido la nacionalidad antes de que el interesado naciera; o ser menor de 20 años y el padre o madre, nacido fuera de España, haya adquirido la nacionalidad después de que el interesado naciera y antes de sus 18 años.
Por el contrario, la nueva ley impactará de manera directa, sin necesidad de que la persona beneficiada deba vivir una determinada cantidad de tiempo en el país. La ciudadanía española permite el acceso al sistema educativo local, a trabajos dentro de la comunidad europea y al libre tránsito.
Tras el visto bueno del Senado, el rey de España deberá promulgarla -no tiene poder de veto-; luego se difundirá mediante el BOE -el Gobierno, mediante su página oficial comunicó que se dará en los próximos días- y, finalmente, el Ministerio de Justicia de España deberá proceder a reglamentarla y a definir un instructivo de procedimiento legal, que determine dónde se deberán presentar las solicitudes de aplicación y los documentos necesarios.
Si bien no se conoce aún qué datos se pedirán, el proyecto anticipa un plazo de dos años para presentar esta documentación, con la posibilidad de acceder a un año de prórroga. El Consulado General de España comunicará el inicio de la vigencia de la ley.
“Pasamos definitivamente la página de la etapa más negra de nuestra historia, de la Dictadura y de la Guerra Civil, y abrazamos y reivindicamos lo mejor de nuestra historia, a las personas que lucharon por la democracia, por la Transición, por la Ley de Amnistía y por la Constitución”, dijo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Consideró que se trata de una ley humanitaria, que sitúa a todas las víctimas en el centro de la acción pública, creando un registro y censo de víctimas para darles visibilidad, entre otras medidas.
En este sentido, Bolaños ha señalado que la Ley de Memoria Democrática está con las víctimas y consigue iniciar un nuevo camino, situando a España al mismo nivel que otras democracias europeas y ajustando a nuestro país a los principios de derecho internacional.