En Tucumán entrará en vigencia un nuevo Código Procesal de Familia

El próximo 1 de noviembre entrará en vigencia en todo el territorio provincial el nuevo Código Procesal de Familia, que fue diseñado con una perspectiva de respeto de los derechos humanos. Este nuevo código permitirá dar respuestas específicas a las distintas particularidades que presentan los conflictos en los que interviene el fuero, según informó el Poder Judicial de Tucumán.

La nueva normativa tendrá como característica esa especificidad, ya que fue elaborada por una comisión que contó con representantes de distintos Poderes del Estado y sectores de la sociedad civil, todos vinculados al trabajo en el Derecho de Familia.

Los integrantes de esta comisión explicaron algunos de los rasgos más salientes del nuevo código y las implicancias que este tendrá en los procesos del fuero y, en consecuencia, en la vida de las personas.

"Es un código moderno, que tiene una mirada de derechos humanos, perspectiva de género y que considera como sujetos de derecho a los niños, niñas y adolescentes. Es una herramienta importante, trascendente y anhelada por todos los actores que participamos en los procesos de Familia", explicaron.

Además aseguraron que el nuevo instrumento, que fue aprobado por la Legislatura y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia como Ley N° 9581, provocará un cambio sustancial en la tramitación de juicios de Familia. En él se prioriza la oralidad, la inmediación -es decir, el contacto directo entre el juez o la jueza y las partes- y la concentración de los actos procesales -tratar distintas cuestiones, como la fijación de alimentos y de un régimen comunicacional, en una misma audiencia-. Todo ello, tendiente a reducir los plazos de los procesos. "Prácticamente todo se resolverá en el marco de audiencias, en las que el magistrado podrá tratar todas las materias litigiosas entre los justiciables. La idea es dar una respuesta más expedita e integral a las problemáticas planteadas entre las partes", sostuvieron.

Explicaron que muchos de esos principios ya estaban siendo aplicados en la práctica, a partir de los distintos cambios que se dieron en el marco normativo con la incorporación de los tratados de derechos humanos a la Constitución Nacional, la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (en 2015) y el dictado de leyes como la de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (N° 26.061) y la de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (N° 26.485), entre otras.

"Con esas leyes, el Código Procesal aún vigente había quedado demasiado desactualizado. Era necesario unificar en un solo instrumento todos esos cambios que la jurisprudencia ya había ido tomando, y establecer pautas generales", manifestaron. En este sentido, resaltaron que, por primera vez, un Código Procesal dispone que los juzgados deben trabajar junto a equipos interdisciplinarios. “Eso es algo que también se venía aplicando, ya que los procesos de familia necesitan la mirada de psicólogos y trabajadores sociales, no se agotan solamente en la mirada de un juez o una jueza. Está previsto, incluso, que en un futuro los juzgados sean en sí unidades que cuenten con equipos interdisciplinarios, integrados por al menos dos profesionales de cada una de esas áreas”, señalaron.

Según los integrantes del comité, que dedicó casi tres años a la elaboración del proyecto, por primera vez en la historia se contará con un código de procedimientos pensado en resolver de un modo específico las controversias que se dan en el fuero, en el que los conflictos se dan entre personas unidas por vínculos de familia. "Los expedientes de Familia son, quizás, lo más sensibles de los que se tramitan en Tribunales. Son los que tienen un mayor impacto en la sociedad y en la vida diaria de la gente. Además, se trabaja con personas vulnerables como son las víctimas de violencia de género; los niños, niñas y adolescentes; los adultos mayores y las personas con discapacidad", explicaron, al tiempo que ponderaron que el nuevo código establece como principio el lenguaje claro y sencillo: “nuestro trabajo está destinado a las personas y queremos que ellas sean las receptoras de las sentencias y puedan entender los alcances de los términos en los que las dictamos”.

Por ello, se diagramó un procedimiento específico para cada tipo de proceso (por ejemplo, Filiación, Adopción, Alimentos), con plazos marcadamente menores a los que rige el Código Procesal vigente. "Son procedimientos muy acotados en el tiempo, en los que se redujo mucho el tiempo para el dictado de una sentencia. Está estandarizado, en la mayoría de los casos, un plazo de diez días para resolver", detallaron desde la comisión, y ejemplificaron: "en los juicios de Filiación se elaboró un trámite dirigido directamente a llegar lo más rápido posible al análisis de ADN, para poder obtener una sentencia lo más rápido posible y garantizar así el derecho a la identidad".

La comisión redactora del proyecto estuvo integrada por representantes del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las Universidades y el Colegio de Abogados: Valeria Bobillo Odstrcil, Valeria Judith Brand, Patricia Cabezas, María Laura Ciolli, María Alejandra Ganin Brodersen, Karina Lescano de Francesco, Claudia López, María Cecilia Menéndez, Daniel Moeremans, Mariana Rey Galindo, Sandra Roldán, Andrea Segura, Natalia Spedaletti, Orlando Stoyanoff Isas, Gerardo Tomas y Graciela Vals de Romano Norri.