03 Octubre 2022
LA VÍCTIMA. Lisandro Bravo había asistido a una fiesta cuando fue atacado en la vereda por un conocido. FOTO TOMADA DE FACEBOOK.COM
“Tenía muchas ganas de hacer cosas por los demás con su música. Le dispararon por la espalda cuando él se estaba escapando del peligro”, remarcó Silvia, la madre de Lisandro Bravo, el cantante de hip hip que fue asesinado de un balazo durante la madrugada del 5 de diciembre, en el barrio San Cayetano.
Esta mañana comenzó el juicio oral y público por el crimen del joven de 20 años y Andrés César Quiroga, de 46 años, fue hallado penalmente responsable del delito calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En la segunda etapa, se analizará el monto de la pena correspondiente.
La noche del crimen, alrededor de las 4, Bravo regresaba a pie de comprar cigarrillos junto a un amigo. Cuando venían cruzaron por la calle Anselmo Rojo y doblaron por Fleming, se les acercó una moto con dos hombres desconocido, mientras que de un domicilio salió Quiroga portando un arma de fuego.
Por temor, la víctima y su amigo corrieron y el imputado, con intenciones de ocasionarle la muerte, se paró en la esquina de Anselmo Rojo y Fleming, apuntó con una pistola 9 milímetros y disparó impactando un proyectil en el hombro izquierdo de Bravo, provocándole lesiones que minutos después causaron su fallecimiento.
Durante la jornada, prestaron declaración los padres y amigos de la víctima, quienes aportaron datos sobre su vida personal y profesional, recordando su lucha contra la discriminación y la injusticia, la cual se reflejaba a través de las temáticas de las letras que componía. La querella es representada por Carlos Garmendia.
Cuando llegó el turno de su padre, lo describió como “compañero y un hijo lleno de amor, con una gran vocación de justicia y en contra de la discriminación y violencia en las calles”.
En tanto, al brindar su testimonio, un vecino calificó al acusado como una persona violenta y recordó que lo atacó junto a sus hijos en los días previos al mortal suceso.
En la investigación intervino la Unidad Fiscal de Homicidios I, al mando de Ignacio López Bustos. En la audiencia inicial, el investigador efectuó sus alegatos de apertura, en los que expresó una pretensión punitiva de 20 años de prisión de cumplimiento efectivo. El fiscal adelantó que ese monto puede variar según el análisis que se realice de los testigos y pruebas en el debate.
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