Por Daniel Salvador
29 Septiembre 2022
USURPADORES. Tras el ataque, bloquearon el ingreso a la propiedad Diario de Rio Negro
Integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu usurparon el martes una cabaña del predio Los Radales, ubicada en la localidad rionegrina de Villa Mascardi, donde un grupo de encapuchados había incendiado una casa y un puesto de Gendarmería Nacional horas atrás.
El hecho se produjo por la tarde cuando los miembros de aquel grupo originario ingresaron por la fuerza a la propiedad privada y se quedaron con ella. Así lo confirmaron el propietario, Luis Dates, y la fiscalía que dirige Betiana Cendón.
Estos hechos se dieron luego de que intentaran detener la inspección ocular que llevó adelante la Policía Federal en ese lugar. Según medios rionegrinos, los integrantes de la comunidad mapuche atacaron con piedras y otros elementos contundentes a los gendarmes custodiaban la zona. Los efectivos tuvieron que replegarse y los encapuchados lograron entrar al predio y controlar el edificio principal, el que habían incendiado el 1 de agosto.
El lugar estaba siendo relevada por la Policía Federal tras la orden del Juzgado de Bariloche que buscaba evidencia probatoria sobre los incidentes que se desencadenaron el domingo por la noche. Ese día, el ataque consistió en el incendio de una obra en construcción y un puesto de Gendarmería Nacional que lo custodiaba.
La cabaña Los Radales está ubicada a 300 metros de la toma que la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu mantiene en terrenos de Gas del Estado.
Neuquén, afirman sus autoridades, a diferencia de otras provincias, como Río Negro, ha tenido desde siempre una política de inclusión de los pueblos originarios. Por eso, remarcan que el gasoducto Néstor Kirchner, que está en proceso de construcción, no pasa “ni a un metro por un poblado reclamado por los mapuches”, sino que atraviesa sólo terrenos públicos y privados.
Al respecto, el gobernador Omar Gutiérrez, quien participó en las últimas horas de un encuentro con los representantes involucrados en la construcción del gasoducto, incluidos los pueblos originarios, destacó que además es la única provincia argentina en haber brindado la licencia ambiental para construir el gasoducto. “No afecta tierra en poder o con reclamos sobre los pueblos originarios”, dijo.
Tras la firma del convenio para la construcción, que insumió más de un mes de reuniones entre todas las partes involucradas, explotó mediáticamente cuando trascendió que se habría negociado con la comunidad mapuche, considerada como una parte principal del problema por inversionistas y la opinión pública.
“El convenio está por arriba de las leyes nacionales. Es obligatorio por ley nacional desde hace 15 años (el Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada), que demanda que cualquier comunidad que tenga tierras y sea afectada por una obra, tenga que consensuar”, aseguró el secretario de Desarrollo Territorial, Jorge Lara. “No hay ninguna duda de que la decisión política del gobernador Gutiérrez es que la obra se inicie lo más rápido y pronto posible, porque es estratégica para Neuquén y la Argentina”.
Denuncia Mapuche
En tanto, el vocero de la Coordinadora del Parlamento Tehuelche Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, negó que sean integrantes de ese pueblo originario quienes cometen ataques a propiedades, y denunció que “están preparando el marco propicio para avalar la represión y buscan muertos”. “Venimos denunciando un armado, distintos escenarios que buscan generar este tiempo propicio para avalar la represión”, remarcó.
Según el integrante del organismo mapuche, se trata de “un conflicto político y social que tiene la historia argentina”, a la vez que señaló que “la zona está monitoreada, las comunicaciones están siendo escuchadas”.
“Que el Gobierno nacional se saque la careta de hipocresía que tiene para tratar de igual manera los conflictos que tiene con comunidades”, planteó.
En declaraciones radiales, el dirigente se quejó de que los gobiernos provinciales “hayan frenado toda la regularización de las tierras de las comunidades; no hay relevamientos de las tierras en Río Negro”. “El timorato Gobierno nacional cede ante las presiones y viola los derechos humanos. Están preparando el marco propicio, como lo hizo Patricia Bullrich con el informe RAM, para avalar la represión y buscan muertos”, aseguró Carriqueo, quien recordó que hubo “dos muertos en conflictos territoriales en los últimos cinco años: Rafael Nahuel y Elías Garay”.
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