Piden la detención de dos patovicas por una agresión

Los excesos en las tareas que realizan los patovicas volvieron al centro de la polémica. Dos empleados de seguridad que estaban siendo investigados por una agresión a un joven, no se presentaron a una pericia clave y la querella solicitó que se les dicte la orden de detención.

El domingo 16 de agosto, el hijo de un concejal capitalino realizó una fiesta de cumpleaños en el club Alemán. Lorenzo Sagra (19 años) estaba parado en la puerta de la entidad ubicada en Santiago del Estero al 1.200 cuando observó que los responsables de seguridad empujaron a una joven provocando que se cayera violentamente al piso. Según consta en la denuncia, la víctima dijo que cuando estaba ayudando a la chica, uno de los patovicas lo arrojó al piso, y cuando intentó defenderse, aparecieron otros cuatro individuos que lo golpearon y después lo amenazaron con armas de fuego.

El joven fue trasladado al hospital por sus amigos para que lo atendieran de los golpes que había recibido. Los médicos le diagnosticaron que había sufrido la fractura de la nariz. Tuvo que someterse a una operación por el daño que había sufrido. Sagra realizó la denuncia en la Policía y, representado por Juan Andrés Robles, se presentó a ratificar en Tribunales y además presentó pruebas sobre quiénes podían ser los agresores.

El fiscal Pedro Gallo solicitó la detención de César Alejandro Niveiro (24), Miguel Ángel Rubio (44), Ángel Eduardo Lazcano (25) y Pablo Augusto Martínez (46), pero el magistrado interviniente rechazó el planteo.

El titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas decidió continuar con la pesquisa para sumar pruebas en contra de los acusados de lesiones, amenazas con armas de fuego y ataque en banda. Ayer estaba previsto realizar una rueda de reconocimiento de personas. Niveiro y Lazcano debían presentarse para que la víctima informara si eran los autores de la agresión, pero no lo hicieron. El abogado del primero dijo que perdió todo contacto con él, mientras que el del segundo explicó que debió haber sufrido un inconveniente que le impidió estar en la medida. Robles, según confirmaron fuentes judiciales, solicitó al fiscal que ordenara su detención.

Más incidentes

En esa fiesta se registraron varios incidentes. Franco y Konan Biagosch, los hermanos de la joven que había sido agredida, también intentaron ayudarla y se enfrentaron con ellos.

A los minutos llegaron efectivos de la Guardia Urbana que los aprehendieron por atentado y resistencia a la autoridad. Los jóvenes, mientras llegaban a un acuerdo para resarcir a los policías que los acusaron, denunciaron por apremios ilegales a los uniformados. “Los llevaron a la sede policial de Maipú al 400. Los encerraron en una pieza y dos efectivos, que tenían sus rostros cubiertos con pasamontañas, los golpearon provocándoles graves lesiones”, indicó Ernesto García Biagosch, representante legal de los denunciantes. El abogado dijo que la causa no tuvo grandes avances y que en las próximas horas solicitará nuevas medidas.

Por ese problema fueron aprehendidas otras tres personas. Entre ellas, el reconocido Dj “Caimán”. “Los policías lo detuvieron porque salía caminando. No conoce a ninguno de los otros implicados. Aceptó pagar una reparación porque no quería estar aprehendido 48 horas hasta que se desarrollara la audiencia”, explicó su defensor, Patricio Char. Al parecer, el joven damnificado desistió de buscar una reparación por el daño sufrido.

Castigo en Santa Isabel: Canelada pide que se reglamente la ley y un testigo denunció que es amenazado

El legislador José María Canelada presentó un pedido a la comisión de Derechos Humanos para que reciba a los jóvenes agredidos por personal de seguridad de un boliche. Además, solicitó al gobernador Osvaldo Jaldo que reglamente la ley 9220 que establece las reglas de habilitación de este personal. Con él estuvo Daniel Jiménez, quien filmó las agresiones que se viralizaron en todo el país.

“Nos preocupa lo que ha sucedido, el hecho puntual, la violencia que quedó registrado, pero también, la desidia que el Estado tiene en relación a los jóvenes. Lo que no se dijo es que existen normas nacionales, provinciales y municipales que vienen a regular la actividad de quienes trabajan en los locales teniendo a su cargo el acceso y la permanencia”, advirtió el parlamentario.

Canelada explicó que estas normas apuntan a que tengan distintas formaciones, a que sean idóneos, a que tengan herramientas para disuadir situaciones de manera pacífica. “No pueden ser violentos los que andan castigando a las personas en las calles. Y al haber normas, lo que hay es una responsabilidad estatal de que esas normas se cumplan”, destacó.

Jiménez, por su parte, denunció que está recibiendo amenazas por las redes sociales. “Tuve mucho apoyo por parte de gente indignada, pero también mensajes de personas que se hacían pasar por periodistas para preguntarme dónde vivía, mis datos personales. A mi teléfono personal me llegaron mensajes. Gracias a Dios, no recibí agresiones físicas. Queremos pedirle a la comisión de Derechos Humanos para que intervenga, y un llamado al gobernador para que haga cumplir las leyes que están vigentes”, resumió. Por otra parte, el fiscal Pedro Gallo avanza en la pesquisa para tratar de determinar quiénes fueron los otros agresores.