La otra cara de la lucha contra el narcomenudeo

La ley de narcomenudeo viene generando en los últimos tiempos dos tipos de reuniones. En Casa de Gobierno, los tres poderes del Estado avanzan para ponerla en vigencia. En los bares de la zona de tribunales y en uno de una estación de servicio, los transas, muchas veces acompañados por sus abogados, buscan la manera de no ser atrapados por la ley para seguir adelante con el millonario negocio ilegal. Esta última parte no fue extraída de una serie de Netflix de narcos, sino que se trata de una dura realidad que busca cumplir con un solo objetivo: los amos y señores de los barrios siempre buscan estar un paso adelante de las autoridades.

El microtráfico avanzó en nuestra provincia porque el Estado hizo muy poco para detenerlo. Los que venden muerte en pequeñas dosis se transformaron en el Estado en varios barrios y no sólo en los de las periferias. Estas son algunas de las funciones que vienen cumpliendo desde hace años:

- Empleo: les pagan a las personas para que escondan droga y armas, a las que venden las dosis y a las que cuidan los puntos de comercialización.

- Ayuda económica: entregan dinero para que los vecinos puedan pagar las cuentas (especialmente los servicios) o les dan efectivo a los padres para la compra de calzados y vestimentas para la escuela. Algunos transas lo hacen a cambio de un futuro favor o como un crédito bancario que deben devolver pagando intereses.

- Asistencialismo: entregan remedios, manejan merenderos y comedores de los barrios, regalan camisetas a los equipos de los vecindarios para que puedan jugar en los torneos de veteranos y se hacen cargo de los gastos del sepelio del adicto que sufrió una crisis de abstinencia.

- Legisladores: los transas son los que imponen las reglas de conducta en el barrio.

- Seguridad: se hacen cargo de que las normas que ellos mismos dictan sean cumplidas en su territorio.

Más problemas

Los transas saben muy bien cómo deberán actuar para no caer cuando la ley esté en vigencia. Explotarán la cuestión social. Buscarán a madres con niños menores de un año para que no sean encerradas, puesto que las leyes impiden que una mujer quede detenida cuando esté en el período de lactancia. Los mayores de 70 también serán elegidos para almacenar las sustancias y tentarán a los adolescentes para que se sumen a la actividad ilícita. “Será muy difícil la persecución penal contra estas personas. La sociedad reclama que los vendedores de drogas estén en las cárceles, pero no podemos violar las normas. Si no se persigue a las cabezas de estas organizaciones todo será en vano”, explicó un magistrado. “¿Qué puede hacer un juez contra una joven que tiene seis hijos cuyo único ingreso es lo que le pagan los transas? Nada”, ejemplificó.

En una visita a la provincia, el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, emitió una frase que descolocó a todos los poderes del Estado tucumano. “Meter presos a consumidores es lo más fácil que hay, pero la ley de desfederalización no logró, bajo ningún punto de vista, reducir el consumo ni encarcelar a los traficantes. Es decir que el negocio ha aumentado, las ganancias han aumentado, el consumo ha aumentado y los responsables de los eslabones más altos no están encarcelados. Entonces, que me expliquen cuál ha sido la ventaja de las leyes de desfederalización. La ley de narcomenudeo ha sido un fracaso en todos lados; no me haría grandes expectativas”, señaló.

La reacción

El gobernador interino, Osvaldo Jaldo, reaccionó con vehemencia después de leer esas palabras en LA GACETA. Han pasado casi dos semanas de esa publicación y el mandatario tranqueño sigue defendiendo la ley de narcomenudeo a capa y espada. “Lo más importante es que en Tucumán, a diferencia del resto de las provincias, los tres poderes están encaminados para acabar con este flagelo”, insistió. Este punto está fuera de discusión. Aquí se llegó a un consenso, con apoyos más fuertes que otros, pero todo se hizo en base a diálogo. En otros lugares, la lucha contra el microtráfico de drogas generó diferencias tan grandes que terminaron debilitando a las instituciones que deberían haber intervenido.

Otro punto a favor es que en Tucumán no sólo se piensa en la persecución penal. La Comisión Interpoderes ha dado claras muestras que también atenderá la cuestión social. No sólo apoyará la tarea de 49 instituciones que trabajan en la recuperación de adictos, sino que trabajarán en los barrios. “Tenemos que recuperar ese terreno que se perdió por la demora de años en aplicar esta norma”, añadió Jaldo. El aporte que deberá hacer Desarrollo Social será clave. Sus empleados deberán invadir el territorio ocupado por los transas para eliminarlos. El PE dice que todo está pensado e ideado para hacerlo.

Todavía no se puede hablar de resultados, pero sí está claro que con buenas intenciones no alcanza. El plan que se ponga en marcha deberá ser sostenido con el tiempo. Caso contrario, los transas seguirán siendo los dueños del barrio.