Los puntos ciegos de la violencia de género

La tragedia de Micaela García, relatada con discreta y contundente sencillez por su padre, “Yuyo” García, introdujo al auditorio universitario en Centro Cultural al nudo del problema: la dificultad de la sociedad para reconocer la cercanía de la violencia. El punto ciego en que no se ve -por formación, por prácticas, por aprendizaje-, lo que no se hace. Micaela, estudiante de Educación Física, de 21 años, fue secuestrada, violentada y asesinada en Gualeguay (Entre Ríos) por Sebastián Wagner, que había salido en libertad condicional pese al informe del servicio penitenciario que decía que el sujeto condenado por violación era un peligro porque no reconocía que estaba mal lo que había hecho. El día antes del ataque a Micaela, había intentado agredir sexualmente a una niña de 13 años y el padre de esta no pudo asentar una denuncia en dos sitios de la Justicia y uno de la Policía porque la jueza, según se justificaron, estaba de licencia.

Esto fue en 2017. El mismo día que se halló el cuerpo de Micaela, el 8 de abril de ese año, surgió la idea de que se capacite obligatoriamente a todo el personal del Estado para que pueda reconocer la violencia y prevenirla.

Iceberg de la indiferencia

Nadie puede dudar de que se trate de una causa justa. Por donde se mire se van a encontrar historias que muestran el iceberg de la indiferencia que deja desatarse la violencia. En Tucumán laten dolorosamente las tragedias de Paola Tacacho, que pasó cinco años denunciando a su acosador (y, finalmente, matador), y de Maira Alejandra Sarmiento, que fue tres veces a denunciar a su ex pareja, que la había amenazado de muerte; la asesinó cinco días después de la primera denuncia, una hora antes de que llegara la Policía.

La ley Micaela, que fue tratada de casualidad en el Congreso en 2018 porque justo el entonces presidente Mauricio Macri había pedido sesión extraordinaria para tratar una ley contra las barras bravas y alguien metió a “Mica” “por la ventana” -como describió con suave ironía su padre- ha tenido que ir superando silencios y resistencias implícitas hasta ser aceptada por las provincias. Tucumán fue la última en adherirse, en mayo de 2019. Triste celebridad la tucumana.

Este jueves, en el comienzo oficial de la capacitación en la UNT (que ya había tenido sus pruebas de introducción de la norma con experiencias de la Facultad de Derecho), se vio más en detalle la magnitud del problema, que tiene avances y trabas. Los avances: se ha extendido a todas las universidades y todas las provincias. “Hay una parte de la sociedad que no sabe quién es Micaela y no sabe lo que dice la Ley, pero lo asocian con que con esta ley se puede conseguir la sociedad que Micaela soñaba”, dice “Yuyo”.

Las trabas son más extensas y generalizadas. De eso hablaron “Yuyo”, la capacitadora Sandra Torlucci, rectora de la Universidad de las Artes y de la red RUGE por la igualdad de género y contra las violencias, y Andrea Lescano, mamá de Micaela. Torlucci fue impactante al describir de lleno el “paradigma epistémico” al que “nos sometemos para naturalizar con relación al género”. Ese paradigma es un “sujeto universal que conjuga situaciones de privilegio: masculino, blanco, rico, o por lo menos un estándar de clase aceptable, claro, armonioso, alto, flaco”. Quien no es eso es otra cosa probablemente considerada inferior. “Constituye una sociabilidad de la que cada uno de nosotros forma parte, piensa desde ahí; es decir que seguramente establecemos competencia, algún tipo de violencia”. La mayoría de los  casos registrados -explicó-, son por violencia simbólica y psicológica. Al mismo tiempo, dijo que lo que se ve en las universidades es que en general los casos “se pueden prevenir y se pueden tomar las medidas preventivas antes que las punitivas”.

Después vino el relato de las dificultades de la aplicación de la norma. “la persona que está en el Estado recién se ve obligada cuando se la cita. El Estado no está citando”, dijo “Yuyo”, y describió que mucha gente voluntariamente elige capacitarse “pero no las que más lo necesitan”. García dijo que es comprensible que mucha gente tiene problemas para someterse a los cursos -por sus agendas laborales y sociales- y que él propuso hacer ciclos de capacitaciones diferentes. Incluso para capacitar a capacitadores. También dijo que no basta el compromiso, hay que ayudar al que se compromete “porque hay momentos en la vida en que por más que  tengas ganas de hacer determinadas cosas tenés que laburar para tener en la billetera algo con qué comer”.

Contó casos: el Estado puso como obligación la capacitación para empresas contratistas. “En Iecsa se presentaron y les dijeron ‘muestren los certificados’ y salieron desesperados a pedirnos que les hagamos la capacitación en Micaela”. “Durante la pandemia una secretaria llamó para pedir que le den el certificado porque ella había hecho el curso virtual por su jefe”; “En la facultad en Concepción del Uruguay llamó una estudiante para pedir que le cambien la fecha de examen. La atendió la secretaria académica, quien identificó que había una situación de violencia a través de las excusas que daba para cambiar la fecha. Estaba secuestrada por su pareja”; “en la provincia de Buenos Aires el 60% de los trabajadores del Estado están entre la Policía y el sistema educativo, entonces el número para capacitar es enorme. En la universidad capacitamos a 500 estudiantes y son como 25.000”.

Moras tucumanas

Falta hacer una evaluación de cómo está Tucumán, provincia en la que el Ministerio de Seguridad informa que “bajó la cifra de femicidios y aumentó la de denuncias por violencia de género”. Acá se capacitó al Poder Ejecutivo una vez pero no hubo devolución. También a la Municipalidad del Tafí del Valle y alguna que otra del sur de la provincia. “Calculo que cada repartición del Estado lo ha hecho. La Secretaría de la Mujer y la de Derechos Humanos deben controlar la implementación de la capacitación”, dice la abogada Soledad Deza, que participó en algunos de los ciclos. “El Ministerio nacional de las mujeres está reclamando información en la provincia de cuál es la proporción de empleo público de los tres poderes que han recibido capacitación”. Y cuenta que de capacitar a  la Legislatura se ocupó la Universidad San Pablo-T. “No hubo devolución ni evaluación. Me imagino que la Legislatura se hubiera adherido a la Ley 25.673, programa de salud sexual y reproductiva. Somos la única provincia en Argentina que no adhiere a esa ley. 20 años llevamos de mora”.

Chistes y “bautismos”

Torlucci dijo que “tendríamos que partir de un punto de reconocimiento de que todos ignoramos cuáles son nuestras reacciones violentas” y habló de las “diferencias implícitas en el lenguaje y en nuestra formación, sobre todo nuestra formación universitaria”, y citó ejemplos habituales. Desde profesores que llaman a las alumnas “bonita, linda, chiquita, muñeca y hacen chistes”, o los que identifican a los no docentes con adjetivaciones peyorativas, hasta reparto de tareas de acuerdo al paradigma patriarcal, como que en una clase de ingeniería se le dé al varón manejar la máquina y a la mujer tomar las notas.  Detalles. En las preguntas del auditorio surgieron más detalles. Graciela Navarro, consejera por los no docentes, dijo que en su área se capacitaron 1.800 personas y que en eso se vio un alto porcentaje de gente que tiene miedo de denunciar la discriminación por los problemas que se generan con el poder. Otra consejera planteó si los “bautismos” y los festejos de graduación (que enchastran y violentan a los “beneficiarios”) son formas de la violencia. Torlucci contestó que “las prácticas violentas también tienen que ver con el ingreso a la elite. El que se lo banca  pertenece a esa elite. Esa práctica patriarcal que ahora la tenemos que padecer las mujeres. Pero a muchas personas les parece todavía bien ese ritual. Hay que sensibilizar, trabajar culturalmente y legislar”.

Entre lo positivo de la exposición estuvo la comprobación de que ahora hay protocolos de acción, aunque muchos han surgido por casos graves específicos y son punitivos, y de lo que se trata ahora es de generar equipos para la prevención y en eso importa mucho la sensibilización y la visibilización de las prácticas. Dice la abogada Deza que se trata de “convocar a un lugar de mayor generosidad. Nadie se pararía a  decir ‘yo quiero discriminar’”.

Duro reconocimiento

Pero cuesta enfrentar las contradicciones. De eso habló la madre de Micaela, cuando habló de la necesaria capacitación continua, porque cuesta evaluar y saber si se han hecho acciones de cambio. En una breve exposición que hizo saltar lágrimas y levantó aplausos emocionados en el Centro Cultural, dijo: “a todas las personas nos cuesta muchísimo cambiar el comportamiento que tenemos arraigado y nos genera incomodidad ver que estamos haciendo algo que no deberíamos… a esto apunta la ley, a mirar nuestro comportamiento día a día”.