Flan de instituciones macaneadas

Macanear.- (Verbo intransitivo) En Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay: Decir mentiras o desatinos. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua)

Pocas cuestiones son tan domésticas y a la vez tan reveladoras sobre el valor de las cantidades y de las proporciones como una receta de cocina. “El libro de Doña Petrona” es una cantera inagotable de ejemplos. A lo largo de las 103 ediciones publicadas entre la década de 1930 y 2018 (claramente, llegó a tener más de una edición por año) consagró preparaciones “definitivas” de infinidad de platos argentinos. Por ejemplo, el postre por antonomasia de estas australidades, que incluso por estos días sigue validando su vigencia en encuestas lanzadas en las redes sociales: el flan. Específicamente, el flan de huevo.

El flan (usado como metáfora por Alfredo Casero para dar cuenta de la manera obcecada en que un sector del kirchnerismo da rienda suelta a sus reclamos, sin escuchar razones) que postula la santiagueña consagrada como la primera “ecónoma” de la patria, es innegociable. Lleva siete huevos por cada medio litro de leche. De modo que para una budinera grande, con capacidad de dos litros, hay que usar 28 huevos. El resultado es libertino en el paladar. E infartante para los nutricionistas. Pero el flan de huevos y leche de Doña Petrona es así, qué se le va a hacer. Generaciones de abuelas y madres lo hacen de esa manera y no de otra. En primer lugar, porque ya Doña Petrona es suficiente autoridad en la materia. Se considera que su libro es más vendido que el mismísimo Martín Fierro. Y, por lejos, es más leído y más respetado que la propia Constitución Nacional. En segundo término, porque tienen una “razón de ser” para esgrimir: el huevo “sostiene” el flan. La cantidad, entonces, es estructural: le da integridad y firmeza a la preparación.

En otras palabras, si el menú es con flan de huevos y leche, al postre hay que hacerlo así y no de otra forma, porque ya está escrito, explicado, defendido y reivindicado que ese es el modo. Ese y no otro. Dicho en argentino, alterar la cantidad y la proporción de los ingredientes es macanear con la preparación.

Eso que se aplica al cosmos culinario también rige para la cocina de las leyes. El Senado de la Nación sesionó ayer para aprobar la modificación de la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El proyecto original, presentado hace tres meses, pautó un número, que fue defendido con un argumento monotemático por gobernadores, parlamentarios, ministros y hasta por el mismísimo Presidente de la Nación. Ayer cambiaron el dictamen y redujeron la cifra al 60%. Así: sin más. Porque sí. Sin otro criterio más que el decisionismo. Léase, el oficialismo está macaneando con la reforma del máximo tribunal.

Condimentos al gusto

“Federalismo”. Esa era la “razón de ser” esgrimida por Alberto Fernández a principios de junio cuando convocó a los gobernadores a una reunión y les presentó la iniciativa de elevar el número de miembros de la Corte Suprema de los actuales cinco miembros a la cifra de 25.

Era, para los 18 jefes de Estado provinciales que asistieron al convite, el equivalente al sueño del juez supremo propio. Y representaba, para el Poder Ejecutivo Nacional, el paraíso de convertir al máximo estrado de la Nación, al intérprete final de las leyes, al poder que tiene “la última palabra” en materia de validez de las normas, en un comité de delegados de mandatarios provinciales. Esos que, en la mayoría de los casos, son dependientes del financiamiento nacional. Con lo cual, el centenario edificio de Talcahuano 550, en CABA, quedaría reducido a un mostrador donde se intercambiarían fallos por Aportes del Tesoro Nacional. “Tanto tienes / tanto vales / no se puede remediar”, diagnosticó el grupo español “El último de la fila” en su hit de los 90: “Como un burro amarrado a la puerta del baile”.

El oficialismo, sin embargo, predicaba otra cosa. ¿Por qué no tenía derecho cada provincia a tener un representante en la Corte?, pregonaba. Y se aferraba a esa cuestión con alma y vida. Ahí tenían un argumento. Era falaz, obviamente: la función de la Corte no es la representación, como si fuera un “mini Senado”, sino la interpretación del Derecho, que en materia de leyes de fondo es el mismo en todo el territorio nacional.

Pero el “federalismo” había devenido argumento. Y tenía un relato: la Justicia debe ser, y sólo ser, un “servicio”. Se consagraba entonces una falsa dicotomía: la discusión en torno de si la Justicia debe ser “servicio” o debe ser “poder” es mendaz. La Justicia es un poder, así consagrado por la Constitución. Sólo siendo un poder soberano puede, luego, ser un servicio para la comunidad. De lo contrario, sólo estará al servicio de los otros poderes. Entonces, no es “servicio vs. poder” sino “servicio y poder”.

El oficialismo, sin embargo, no abrió discusión. Se mantuvo firme en el “federalismo”, con la misma cerrazón con que Doña Petrona estableció que el flan, si llevaba dos litros de leche, era con 28 huevos o nada. La Corte ya es, hoy, enormemente federal. Sólo uno de sus miembros, Carlos Rosenkrantz, es porteño. Carlos Rosatti y Ricardo Lorenzetti son de Santa Fe y Juan Carlos Maqueda es de Córdoba. Pero no hubo caso. El Gobierno siguió firme en su convicción: una corte de 25 miembros porque eso y no otra cosa es “federalismo”. Por poco y les faltó proclamar: “muerte a los salvajes unitarios”…

Ayer fueron al recinto, le dieron media sanción a un proyecto de ampliación de la Corte, pero la cifra pasó de 25 a 15 miembros. ¿Y el federalismo? ¿Y el argumento de “una provincia, un juez”? ¿Ahora la Corte será semi-federal?

Y lo que no es menor: ¿por qué 15? ¿Por qué no 17? ¿O 12?

En una receta de cocina, cada número tiene un motivo que lo respalda. En la modificación de la estructura de uno de los tres poderes del Estado, un número no puede ser cualquier número. Salvo que lo que se esté buscando, claro está, no sea la finalidad que se declara.

A fuego intenso

La receta con la que el oficialismo cocina la reforma de la Corte comienza a revelarse a la vista de todos. En primer lugar, se cocina en un horno institucional cuya intensidad está dada por la evolución de la causa “Vialidad”, en la que la Vicepresidenta de la Nación es la principal imputada. El juicio que indaga sobre el presunto redireccionamiento de la obra vial nacional para Santa Cruz en favor del grupo empresario de Lázaro Báez, comenzó hace más de tres años. El 21 de junio, la Corte Suprema rechazó los pedidos de nulidad solicitados por Carlos Beraldi, abogado de la Pesidenta del Senado. El 29 de junio, los gobernadores presentaron como propio el proyecto para ampliar la Corte a 25 miembros.

Ayer, el Senado sesionó luego de una intempestiva convocatoria a sesión especial. Hoy, la dos veces Presidenta de la Nación asumirá como “abogada en propia causa” para alegar en su defensa ante el Tribunal Oral Federa 2 de Comodoro Py, en el juicio en que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron 12 años de prisión en su contra. ¿Cuál es el mensaje: que el oficialismo no tolera a la Justicia que juzga y ni a los fiscales que acusan? ¿Cada hito de este proceso, destinado a ser histórico, merecerá una embestida del oficialismo?

En segundo lugar, los cocineros. El oficialismo que ostenta el dudoso récord en materia de funcionarios y ex funcionarios procesados en casos de presunta corrupción es el que se arroga la tarea de rediseñar el Poder Judicial de la Nación.

En tercer lugar, los ingredientes. Cualquier número da lo mismo con tal de que anule a la actual composición de la Corte Suprema, que sostuvo que no había elementos para anular el proceso en el que se sentaron en el banquillo a buena parte de las principales figuras de los cuatro gobiernos kirchneristas. La proporción adecuada es la que arroje una Corte adicta, perfectamente dispuesta a anular un resultado eventualmente adverso en la causa “Vialidad” y en cualesquiera otros procesos que lleguen a sustanciarse.

En cuarto lugar, el resultado. Es altamente improbable que esta reforma de la Corte Suprema de la Nación prospere. La oposición sostiene que la media sanción del Senado no va a prosperar en la Cámara de Diputados. Y aún en el peor de los escenarios, que consistiría en la sanción de la ley, no se avizora la menor posibilidad de que el oficialismo consiga, en cualquiera de las dos cámaras, la mayoría agravada (dos tercios de los votos) para consagrar a los nuevos jueces supremos. Es decir, aún si hubiera ley, no hay chances hoy de que sea operativa. ¿Por qué, entonces, insiste el oficialismo? Porque de todas maneras están cocinando un flan. En eso se está convirtiendo la institucionalidad de la Argentina. Un flan de instituciones macaneadas.