La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió ayer que la Justicia imponga el secreto de sumario en la causa por el atentado en su contra, al tiempo que solicitó que la investigación también apunte hacia el financiamiento que habría recibido Nicolás Carrizo, el “jefe de la banda de los copitos”, y uno de los cuatro detenidos del caso. El pedido fue realizado por medio de su abogado defensor José Ubeira, quien reclamó que se investigue quién está detrás del detenido Carrizo, el último de los apresados por la investigación y a quien los peritos informáticos le encontraron una serie de mensajes sospechosos luego del intento de asesinato de la ex presidenta.
Al solicitar las medidas de prueba, la vicepresidenta en su rol de querellante reclamó se imponga el secreto de sumario en la causa para que justamente se proceda con esas medidas.
Carrizo, acusado de participar en la organización del atentado contra la vicepresidenta, tenía en su celular un mensaje en el que se afirmaba la voluntad de “matar al jefe de La Cámpora esta vez”, informaron fuentes de la investigación. “Están llegando todos. Vamos a tener una reunión grupal”, son los mensajes del celular de Carrizo que le mandó a una persona agendada como ‘Jony White’, tan solo dos horas después del fallido ataque contra Cristina. Una hipótesis que manejan los investigadores es que el arma a la que se hace referencia en los WhatsApp existió y que Carrizo, junto con Uliarte, se encargaron de descartarla el día posterior al ataque cuando se encontraron y terminaría con la entrevista televisiva.
En tanto, Agustina Díaz, amiga de la novia del atacante de la ex mandataria, Fernando Sabag Montiel, amplió su indagatoria y negó que ese 1 de septiembre estuvo en la casa de Fernández de Kirchner. Esto fue a raíz de un video que circuló en las redes sociales y algunos medios periodísticos en donde se la mostraba en el lugar. La defensa sostiene que Díaz no viajó a la Ciudad de Buenos Aires, donde en el barrio de Recoleta vive la vicepresidenta, desde mayo pasado.