El Gobierno del medio billón de pesos

La emergencia domina el futuro de la Argentina. Más en provincias con necesidades crecientes de asistencialismo para que su población no siga cayendo o bordeando por la línea de pobreza. En una semana más, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá uno de los más esperados informes socioeconómicos: la Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia en los principales aglomerados urbanos correspondiente a la primera mitad de este año.

La continua caída del poder adquisitivo presagia que los índices oficiales mostrarán más deterioro en el tejido social medido en ingresos en una Argentina que cerrará este año con una inflación cercana a los tres dígitos. El punto de partida es de casi 35% existente hace dos años en materia de pobreza urbana en el Gran Tucumán-Tafí Viejo. Pero, al cierre del segundo semestre del año pasado, la pobreza golpeó a 388.000 ciudadanos que residen en casi 90.000 viviendas del aglomerado, es decir, al 42,7% de la población urbana provincial, estimada en 909.000 personas.

El Presupuesto Nacional 2023 ha sido la corroboración de que, en el último año de mandato del presidente Alberto Fernández, la Casa Rosada contribuirá a atender aquella emergencia. De los $ 605.000 millones de gastos nacionales destinados para Tucumán, el 78% se volcará en planes sociales y alimentarios y en jubilaciones y pensiones. A buen entendedor, pocas palabras. Casi ocho de cada 10 pesos atenderán la urgencia. Del 20% restante, tal vez la mitad vaya al financiamiento de obras de infraestructura en el distrito. Si este presupuesto se ajusta a lo que dice el proyecto enviado el jueves último por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados de la Nación, la competitividad de Tucumán respecto de otros distritos de la región deberá esperar para una mejora. El tándem Juan Manzur-Osvaldo Jaldo apuesta a la inversión pública para levantar la imagen de la provincia. Y más en un año electoral. El jefe de Gabinete de la Nación ha llevado al vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo a cuanto despacho nacional pudo para que los funcionarios se comprometan a volcar los fondos que Tucumán demanda. En algunos casos, las gestiones han dado un efecto inmediato. Pero Manzur fue más allá, a tal punto que reflejó el proyecto para construir “la nueva Casa de Gobierno”, como le gusta decir, más que el Centro Cívico, ideado por el recordado arquitecto César Pelli, en la zona de Los Pocitos. Es la apuesta que el jefe de Gabinete está dispuesto a realizar para su retorno al cargo para el que fue elegido, probablemente a principios del año que viene.

El cálculo de gastos y de ingresos 2023 del Gobierno nacional ha desnudado otro factor que muestra que la inflación ha expandido no sólo el nivel de erogaciones públicas (95% interanual), sino también en materia de recaudación. Las transferencias por fondos de coparticipación federal previstas para Tucumán superan los $ 500.000 millones. Esa cifra es un indicador respecto del proyecto de Presupuesto 2023 que la provincia debe poner a consideración de la Legislatura antes de la finalización de octubre.

Está más que claro que el Gobierno está a punto de convertirse en la gestión que administrará medio billón de pesos. Un montón de dinero. Una cifra que, hasta hace algunos años, era una montaña de recursos para levantar cualquier administración de Gobierno pero hoy sólo puede servir para cubrir los compromisos financieros más urgentes. Por ejemplo, el salarial que demanda no menos del 60% del total de gastos del Estado provincial.

A menos de 40 días de la elevación de la iniciativa oficial (con Jaldo a cargo del Poder Ejecutivo), la provincia proyecta que este año el Presupuesto cerrará en torno de los $ 460.000 millones, debido a las ampliaciones de partidas que se han realizado a lo largo del año por efecto de las redeterminaciones de precios, las mayores necesidades financieras producto de los reajustes salariales a los más de 110.000 empleados públicos y el financiamiento de obras públicas nacionales versus los mayores ingresos federales. A nadie debe sorprender, entonces, que el año electoral llegue con un nivel de gastos del orden de los $ 600.000 millones. Si las pautas nacionales se cumplen, el período eleccionario no tendrá demasiadas tensiones financieras. De otro modo, Tucumán quedará expuesta a tomar otro tipo de medidas que restan competitividad, como el caso de los aumentos impositivos.

Este 2022 será el año del ajuste forzoso. El Gobierno nacional intentará corregir los precios, especialmente los vinculados con las tarifas de los servicios públicos privatizados. Hasta fin de año, intentará recuperar el valor del dólar, con una devaluación que no sea brusca. Las empresas privadas observan que el sector público intentará planchar, por todos los medios, la actualización de precios. Con ese escenario, es probable que la curva de inversiones se resienta y que, en el caso de las tarifas de los servicios, se congelen hasta noviembre del año que viene, cuando los resultados de las elecciones ya definan quiénes se harán cargo de poder el 10 de diciembre.

De esa manera, 2023 no será tan traumático porque, si algo precisa el actual gobierno (nacional y provincial) es mantener la calma social. Las medidas impopulares restan votos. Es el precio que la política debe pagar para congraciarse con la sociedad electora.