Las pruebas recolectadas en la causa son categóricas en cuanto a la autoría: Fernando Andrés Sabag Montiel, confirmaron los investigadores, fue la persona que gatilló un arma a pocos centímetros de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. De todos modos, la hipótesis de la jueza federal María Eugenia Capuchetti es que hubo otros actores clave en el plan para perpetrar el intento de magnicidio.
Una prueba clave para confirmar esta posibilidad será llevada adelante en las próximas horas. Capuchetti ordenó levantar el secreto bancario de las cuentas pertenecientes a Sabag Montiel y a su novia, Brenda Uliarte, dos de los detenidos en el marco de la causa iniciada el 1 de septiembre.
El objetivo de la medida judicial es detectar si existió algún tipo de financiamiento hacia el grupo de personas sospechado de haber organizado el atentado a Cristina Kirchner, identificado como "la banda de los copos".
"Se busca la ruta del dinero. Habrá que ver si hay una financiación, si tenían acceso a algún tipo de dinero", explicó uno de los abogados de la vicepresidenta, José Ubeira, en diálogo con C5N acerca de la búsqueda de una prueba que pueda revelar si existió un respaldo económico.
Sucede que, según el letrado, en la pesquisa se registraron mensajes que demuestran que el grupo contaba con respaldo financiero. "Hacen mención que podían alquilar una departamento en Recoleta. Si estos muchachos son lúmpenes (sic), no se de dónde sacarían el dinero...", advirtió.
Rechazan un pedido de excarcelación
La Justicia rechazó el domingo el pedido de excarcelación de Gabriel Nicolás Carrizo, el cuarto detenido en la causa que investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y referente del grupo conocido como “la banda de los copitos”, informaron fuentes judiciales.
La medida la tomó la jueza federal María Eugenia Capuchetti, tras considerar la liberación del imputado podía poner en riesgo la investigación.
Carrizo, detenido desde el último miércoles, está acusado de haber tomado parte, prestando su acuerdo y cooperación, junto con, cuanto menos, Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Agustina Mariel Díaz, en la planificación del intento premeditado de dar muerte a Cristina Fernández de Kirchner.
La magistrada consideró al justificar su decisión que “para el caso de recuperar su libertad, existen circunstancias fundadas, suficientes y razonables -más allá de la sola contemplación de la escala penal- para considerar que Nicolás Gabriel Carrizo podría entorpecer esta pesquisa y/o frustrar el accionar de la justicia sustrayéndose eventualmente de la misma”.