¿Quién le pone el cascabel al gato?

El problema está metido en el corazón del sistema y una enmarañada red de intereses dificulta su comprensión. Aparece en momentos de extrema conmoción, como el crimen de Manuel “Berenjena” López, ocurrido el lunes en La Ciudadela, y por detrás surge la trama siniestra: negocios en la tribuna y en los alrededores, con el visto bueno o la vista gorda de la dirigencia, vínculos con la política, vínculos con la policía, vínculos con el narcotráfico. ¿Qué se ha probado de todo esto? Algunas cosas aparecen pero nadie ha encadenado las distintas puntas del ovillo para poder entender el sistema. Nadie, entre los que investigan o debieran investigar, por cierto, que sólo se ocupan de cada caso aislado, aunque las vinculaciones se ven como puntas del profundo iceberg de la violencia.

Asuntos de negocios

Del problema de sistema hablaron los periodistas Alejandro Casar González –en el ciclo “Panorama Tucumano”- y Gustavo Grabia. El primero mencionó el negocio que genera la violencia: “cuanto más miedo infunde una barra brava, más protección necesitás para la gente que va a la cancha. Y para eso se necesitan más efectivos policiales”. Tal cosa –advirtió- es independiente de que el operativo policial sea exitoso o fracase: igual se contrata. A su juicio, cuando ocurre un error flagrante en un operativo debería saltar el responsable. Y eso no pasa. Se vio al cabo de la tragedia, cuando el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, dijo que el operativo de seguridad en la cancha había sido exitoso y que el crimen había ocurrido a 150 metros del estadio, fuera del anillo de seguridad. Nadie va a saltar por esto.

En todo caso, el periodista Casar González -que opinó que el operativo de seguridad debió incluir varias cuadras alrededor de la cancha- dio una opción: en los casos en que las cosas salen mal, que no se le pague el adicional al equipo policial.

Por su parte, Grabia, que vio la audiencia en la que se indagó a Brahiam Roldán –hasta ahora el único aprehendido por el crimen- dijo: “A mí que no me vengan a decir que no había un negocio, porque lo vi con mis propios ojos. Entonces esos que salen a hablar que no hay nada con el club, que nadie se lleva nada, mienten”.

De sistema también habló en su momento el mayor experto europeo en violencia en el fútbol, el holandés Otto Adang, que fue traído en 2009 al país por la Subsecretaría de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (Subsef, en la que estuvo el ex árbitro Javier Castrilli) para estudiar el fenómeno de la violencia. Estuvo desde comienzos de los 2.000 analizando los controles de seguridad en distintas manifestaciones de masas y quedó espantado: “La solución europea en la Argentina es impracticable. Allá los hooligans estaban concentrados en grupos marginales sin relación con el sistema. Acá los barras están vinculados al negocio de manera sorprendente”. “Tienen pases de jugadores, manejan el merchandising en las calles, estacionamientos, venta de drogas y tienen vínculos con el poder político que asombran” (Infobae, 5/03/09). Regresó a su país “con la certeza de que el problema más grave está en la Argentina” (“Página/12”, 18/03/09). Dijo más: “Yo acá no tengo nada que hacer porque no es un problema de seguridad sino de complicidades y en la Argentina no hay voluntad política para solucionar el problema y los gobernantes no quieren ver el problema. No se puede trasladar entonces a la Argentina el modelo inglés” (“Salvemos al fútbol”, 27/04/12).

El crónico iceberg

De esos vínculos con la política surgen puntitas del iceberg de vez en cuando. Puntas grandes en el caso de la familia Roldán, que desde hace dos décadas aparece vinculada a la barra La Banda del Camión y a la violencia, involucrada en los asesinatos de dos adolescentes (Luis Gerardo Caro, en 2001, y Roberto “Tincho” Brito, en 2008). Tanto el ex legislador –hoy funcionario del Enohsa- Gerónimo Vargas Aignasse, como el secretario de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos, Carlos “Alito” Assán, reconocieron que alguno (s) de los Roldán han trabajado con ellos. Esto saltó ahora, con el crimen. ¿En qué otras partes del Estado están enquistados estos personajes, y para qué los usan? Parecen lumpen, en el sentido de marginales sin conciencia de clase al servicio de grupos de poder.

Los grupos de las barras bravas han aparecido más en las noticias policiales que en la vida social de los clubes, aunque Brahiam dice que su facción se ocupa precisamente de las murgas y los soportes en actos políticos. Sin embargo, la historia de los Roldán se asocia con los crímenes, al igual que la de los Acevedo en la barra brava “decana”, cuyo líder, el “Gordo” Gustavo González, está condenado (con arresto domiciliario) por el secuestro de Margarita Toro, presunta jefa de un grupo narco de Villa 9 de Julio. ¿La mirada de la política sobre ellos es distante? La idea que se quiere dejar es que es una mirada simplemente permisiva, como pareció el 8/06/09, cuando desplegaron una bandera de “La inimitable” desde el balcón de la Casa de Gobierno –durante la administración de José Alperovich- para festejar el ascenso de Atlético.

Los grupos violentos asociados a la política aparecen de costado, desde la oscuridad. Alberto Lebbos -padre de Paulina, la joven asesinada en 2006- cuenta cómo fue atacado durante una sesión de la Legislatura en 2008 –en la entonces calle Rivadavia- por tres grandotes que lo amenazaron de muerte, conocidos como “La banda de Camán” que, según Lebbos, trabajaban para un asesor legislativo que había sido delegado comunal en La Florida. La denuncia fue investigada por la fiscala María de las Mercedes Carrizo (ya jubilada), que nunca citó siquiera a declarar a los Camanes. No se sabe qué hubiera logrado al citarlos, pero al menos los hubiera visibilizado: los Camanes siguen actuando en la oscuridad.

Volviendo a los Roldán, la fallecida jueza María del Pilar Prieto pidió en 2004 que exoneraran a los agentes policiales que habían intervenido en el caso de la muerte del adolescente Caro. “Durante el debate tuvimos que escuchar la naturalidad con que algunos hinchas reconocen que iban a la cancha con armas de fuego. Son los mismos que reciben entradas de favor y que asisten con redoblantes y vestidos para que se los individualice”.

Parentela policial

¿Entradas de favor? 18 años después, se dice lo mismo: los barras de “La Peña de la Villa 9 de Julio” estaban con entradas de favor. La esposa de “Berenjena” dijo en la audiencia que le habían dado para venderlas en la plazoleta donde lo mataron. El padre de “Berenjena” dice que los barras son usados por la dirigencia política como fuerza de choque. ¿Vínculos con policías? Una pistola “Jericho” fue secuestrada en la casa de los Roldán, perteneciente a un pariente que es policía. El sentido común dice que no puede haber policías con parientes vinculados al crimen.

Todas son las puntas del iceberg que se debería visibilizar. Grabia propone que no haya más barras bravas. Cortar esos lazos. Casas González dice que hay que terminar con el negocio que hace partícipe a la Policía con la violencia (con la excusa de la inseguridad). Adang –que formó parte de cuatro programas sobre policía de calle, comportamientos de multitudes y policía y derechos humanos- contó en su momento sobre los programas que se aplicaron en Inglaterra y en Holanda para reducir la violencia. Aquí en ese trabajo se incluyó a funcionarios de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad Interior. Incluso trabajó gente de Tucumán. ¿En qué quedó todo?

Pablo Alabarces, del Conicet, estudioso de la violencia en el fútbol, dijo que en 2012 se entregó un documento con estrategias para avanzar en este asunto (“La Nación”, 19/04/18) que implicaba cortar los negocios -intervenir la AFA y los clubes donde se compruebe que hay connivencia- y hacer control comunitario de las tribunas. Ese informe se usó en Colombia para pacificar las canchas.

¿Es tan difícil investigar las puntas de los hilos de la red? A poco que se habla con los vecinos nomás salen los datos escondidos. “Tienen que acabar con la mentira de que harán algo, porque la impunidad alienta a los violentos”, dice Lebbos. Falta la voluntad política, dirían los periodistas Casas González y Grabia. Alguien que se anime a ponerle el cascabel al gato.