Ya está en marcha el juicio por la sedición policial

Los acusados de haber sumergido a la provincia en el caos serán enjuiciados en el segundo semestre de 2023. Si todo marcha por el camino correcto y no ocurre algún inconveniente o se llega a una solución alternativa, cuando se cumplan una década del trágico suceso, podría conocerse un fallo con el que se cerrará una de las heridas que tanto dolor y zozobra generó entre los tucumanos: los saqueos de 2013.

Entre el 8 y el 10 de diciembre de ese año, efectivos de la fuerza realizaron una huelga que dejó a la provincia desprotegida. Hordas de delincuentes salieron a las calles a adueñarse de lo ajeno. Jóvenes subiéndose a colectivos para asaltar a los pasajeros; pequeños comercios de barrios y locales de cadenas de supermercados vaciados y destruidos por hordas y camionetas 4x4 llevándose televisores o heladeras, fueron las imágenes que dieron la vuelta al mundo.

La Federación Económica de Tucumán estimó que las pérdidas ascendieron a más de U$S 6,5 millones, aunque aclaró que la estimación era parcial, ya que no todas las víctimas (especialmente las cadenas nacionales) habían informado sobre los daños sufridos. Oficialmente se informó de ocho muertes, pero algunas versiones daban cuenta de una cifra en negro que triplicaba ese número. Lo que no aparece en los expedientes son dos situaciones que quedaron grabadas a fuego en la memoria de los tucumanos: vecinos armados hasta los dientes para proteger sus bienes y la ex presidenta Cristina Fernández bailando en un escenario en la fiesta por los 30 años de democracia.

La investigación se dividió en dos grandes campos. La fiscala Adriana Reynoso Cuello se encargó de investigar a las personas que cometieron los saqueos y que fueron detenidos por los efectivos que no se habían plegado a la huelga. Sus pares Adriana Giannoni y Diego López Ávila tuvieron a su cargo la pesquisa contra los uniformados. Los resultados que consiguieron fueron totalmente disímiles.

Reynoso Cuello tuvo numerosos inconvenientes para llevar adelante sus causas. La mala actuación de la fuerza para sumar pruebas en contra de los acusados. Hubo un ejemplo claro: analizó un caso en el que estaban acusadas unas 50 personas de Alderetes, pero esa fue una de las pocas ciudades del Gran San Miguel de Tucumán en las que no se registraron saqueos. Elevó numerosas causas a juicio, pero nunca se informó cómo terminaron.

Sus pares, que recibieron amenazas por el trabajo que realizaron, llegaron a la conclusión que los efectivos de la fuerza fueron responsables de liberar zonas y alentar a delincuentes a que cometieran los saqueos. También determinaron que no tomaron las medidas necesarias para detener el caos.

El derrotero

Después de siete meses de arduo trabajo, en julio de 2014 los fiscales Giannoni y López Ávila pidieron que se enjuiciara a los responsables. Pero hicieron una clara definición de la responsabilidad que tuvieron los 46 imputados.

Por ejemplo, solicitaron que el ex jefe de Policía Jorge Racedo enfrente a un tribunal por no haber tomado las medidas para frenar la sedición. Señalaron como cabecillas a Diego Herrera, Pablo Pérez, Federico Castro, Eugenio Mamaní, Ángel Chaile, Walter García, Miguel Toledo, Flavia Bedmar, Sergio Hogas, Néstor Salinas, Diego Urquiza y Luis Herrera. También pidieron que se sentaran en el banquillo de los acusados a otros 35 miembros de la fuerza por tener algún tipo de intervención.

Los cargos que deben enfrentar son: sedición agravada por ser miembros de la fuerza de seguridad y por ostentación de armas de fuego; incitación a la violencia colectiva contra la Policía; impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra; privación ilegítima de la libertad y coacción agravada con el fin de obtener concesiones del PE; hurto calamitoso agravado y robo calamitoso agravado. A varios de ellos se les sumó además la acusación de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El expediente quedó en manos del juez Víctor Manuel Pérez, el mismo que había sido cuestionado por los fiscales por no haber permitido tomar medidas en pleno saqueos como el allanamiento a la subjefatura de Policía. Sin que se conocieran los motivos del cambio de magistrado, fue la jueza Mirta Lenis de Vera la que aceptó en noviembre de 2015 el planteo de los fiscales. Los jueces de la Cámara de Apelaciones, Enrique Pedicone y Eudoro Albo, en febrero de 2018, resolvieron todos los planteos presentados por los defensores y confirmaron la elevación a juicio.

Por sorteo, se definió que los jueces de la Sala III debían desarrollar el debate. Pero era el tribunal que acaba de iniciar el juicio por la desaparición y el crimen de Paulina Lebbos, audiencias que se extendieron hasta febrero de 2019. Los magistrados Rafael Macoritto, Dante Ibáñez y Carlos Caramuti tuvieron un importante retraso en su agenda, lo que complicó aún más el comienzo del debate. Luego llegó la pandemia y como se puso en vigencia el nuevo código procesal penal, la causa pasó al regimen conclusional. La Corte Suprema de Justicia ordenó que la prioridad eran resolver los casos críticos, es decir, homicidios y abusos sexuales.

Ordenamiento

Los jueces de la Cámara Penal Conclusional III Luis Morales Lezica, Fabián Fradejas y Gustavo Romagnoli comenzaron a notificar a las partes que están en condiciones de realizar el juicio. Aunque no fijaron fecha aún, todo parecería indicar que comenzaría en julio o agosto.

Los magistrados, según confirmaron fuentes judiciales, pretenden ponerle orden al proceso. Están citando a todos los imputados para confirmar si siguen vivos (habrían descubierto que al menos cuatro habrían fallecidos, entre ellos Chaile, uno de los líderes de la sedición), cuál es su situación personal y quiénes serán sus defensores. Esta información será clave, ya que una vez que se defina esta cuestión, se deberá buscar un lugar especial para desarrollar el debate.

“Será un juicio complejo por la cantidad de imputados que hay. De todas maneras, hay un largo camino por recorrer todavía. Estamos hablando de una causa que tiene casi 40 cuerpos”, explicó el fiscal Daniel Marranzino que será el acusador durante las audiencias.

Por su parte, el fiscal de Estado, Federico Nazur, confirmó que la provincia actuará como querellante en la causa. “La decisión del PE es mantener la postura de ir en contra de las personas que generaron daños y zozobra a la población. Es nuestra obligación representar los derechos de los tucumanos”, señaló.

No se sabe cuántos policías acusados siguen prestando servicio en la fuerza

La gran mayoría de los acusados de la sedición que terminó con los saqueos en diciembre de 2013 eran Policías. Tal como lo indican las normas vigentes, algunos fueron exonerados y otros puestos a disponibilidad. La Ley Orgánica de la fuerza establece que un miembro puede permanecer separado de su cargo durante dos años cobrando el 50% de su sueldo si es que no afronta un juicio. Si se cumple ese plazo y no es juzgado, debe ser reincorporado a las filas y a partir de ese momento cobra su salario íntegro hasta que se resuelva su expediente.