Por Gustavo Rodríguez
18 Septiembre 2022
UN DURO RECUERDO. Empleados de un supermercado intentan limpiar el local luego de decenas de personas lo saquearan.
El juicio contra los acusados de la sedición policial que derivó en los saqueos de 2013 será histórico por donde se lo mire. Basta con hacer un simple cálculo para saber porqué el tribunal que llevará adelante el debate está tan interesado en ordenar el proceso:
- Por el momento son 42 las personas que se sentarán en el banquillo de los acusados.
- Hasta aquí habrá por lo menos 35 defensores.
- El tribunal, integrado por Luis Morales Lezica, Fabián Fradejas y Gustavo Romagnoli, tendrían la colaboración de por lo menos 10 asistentes.
- El fiscal Daniel Marranzino llevará adelante la acusación, pero contaría con el apoyo de cinco colaboradores.
- La querella la asumirá la provincia y estará a cargo del abogado José María Molina que con seguridad tendrá uno o dos asistentes durante el debate.
- En principio, se permitirá que una persona acompañe a los imputados durante la audiencia.
Entonces, cada audiencia contará con la participación de 141 personas, claro que en esta lista no están contemplados la cantidad de policías que estarán encargados de velar por la seguridad, el personal técnico y ordenanzas y los periodistas, camarógrafos y camarógrafos.
No existe en todo el Poder Judicial una sala que pueda albergar a tanta gente. “La Corte Suprema de Justicia está atenta a las necesidades. Ya se están analizando diferentes alternativas a las que se pueden recurrir”, señaló una fuente de Tribunales.
En un principio, la idea es alquilar un club techado o una sala teatral para que se desarrollen las audiencias. “Pero debe ser un local en el que se mantenga todo armado durante todo el juicio. No puede elegirse un lugar donde se deba modificar todo porque se juegue un partido o haya un recital”, indicó un operador. “La decisión está tomada desde hace bastante tiempo: se buscará el lugar adecuado. Esto no será una traba”, explicó una alta fuente del máximo tribunal de la provincia.
Todas las partes coincidieron en señalar que el debate será mucho más complicado y lento. “Se imagina si todos los defensores deciden hacerle una pregunta a cada testigo. Deberá responder 35 interrogantes, sin contar que los jueces pueden hacerlo”, comentó uno de los defensores. “¿Qué pasará si uno de los imputados se enferma? A veces sucede en un juicio contra tres o más personas. Imagínese que las probabilidades son muchas más si hablamos de más de 40 imputados”, agregó el profesional que también indicó sus dudas sobre qué sucederá con la agenda que tienen armadas los abogados durante esa parte del año, en la que normalmente tienen más trabajo.
Posibilidades
Buscar cerrar la causa o reducir el número de imputados a través de una solución alternativa, por el momento, pareciera ser una posibilidad muy lejana. “Lo primero que hay que atender es que no todos los acusados afrontan los mismos cargos. Después se analizará la posibilidad legal de acceder a las alternativas que existen. Es más, hasta pueden recusar al tribunal y todo volverá a fojas cero”, explicó una fuente.
La chance de que algunos imputados accedan a una probation es difícil, ya que esa oportunidad, en principio, no está contemplada para funcionarios públicos. “Esa es una cuestión que se viene discutiendo desde hace bastante tiempo. Habrá que analizarlo y tomar una decisión mientras avance el proceso”, explicó Marranzino.
La otra posibilidad es que se cierre el expediente a través de un juicio abreviado. Con esta herramienta, el acusado se declara culpable y recibe una pena más baja de la que le podrían dictar en un juicio.
Como el proceso se lleva adelante con el viejo código procesal penal, para que se acceda a esta solución, todos los imputados deben estar de acuerdo. En otras palabras, si uno de los 42 quiere ir a juicio, el acuerdo no se concreta. “También será muy difícil, pero no imposible”, indicó un defensor.
Una fuente judicial aclaró que acceder a esta solución significa un importante ahorro al Estado y evitar un desgaste de todas las partes, incluido al tribunal, que deberá suspender su agenda para atender este debate que llevará meses.
“La postura de la Fiscalía de Estado es avanzar en el marco del proceso. Es poner fin a un suceso que marcó a nuestra provincia”, aseguró Molina. “Por un lado, desde la óptica del desmedro ocasionado a la institución policial y por otro, no debemos olvidar que este hecho afectó enormemente a la sociedad incidiendo directamente en la paz social de los ciudadanos”, finalizó.
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