Entre la quincena de leyes que se sancionaron en el debate de ayer, la primera de ellas y la mayor peso institucional por excelencia fue la sanción del nuevo Código Procesal de Familia. El instrumento, que consta de 384 artículos, fue aprobado por unanimidad, con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, junto a los vocales Daniel Estofán y Eleonora Rodríguez Campos.
“Es un día especial para la sociedad tucumana. Si bien lo que hoy se sancionó es un Código, será en realidad un puente entre el ciudadano y el acceso efectivo a la justicia. Esto acorta los tiempos, efectiviza la labor que realizamos y el gran esfuerzo que todos los estamentos estamos haciendo para cambiar el paradigma de administración de justicia en Tucumán”, señaló Leiva en rueda de prensa al finalizar la sesión.
Este procedimiento, el primero en Tucumán y el cuarto a nivel país (Córdoba, Mendoza y Entre Ríos ya lo tienen), tiene su base en la oralidad y en principios “que tienden a que el magistrado pueda tomar su decisorio en una proximidad, en una inmediación con el justiciable, en términos menores (a los anteriores), sin apartarse por ello de rigor, sino haciendo más accesible todo”, dijo el titular de la Corte.
Leiva también detalló ante la prensa que, con la nueva normativa, por ejemplo, una audiencia de filiación -contando con los equipos propios para la celebración de ADN- se celebrará en una sola jornada “o un poco más”. “Tenemos gente que está reclamando por su identidad hace décadas, y permanece atada a un proceso monárquico que no permitía avanzar más allá. Estamos orgullosos de contar con esta nueva herramienta”, finalizó el ex Fiscal de Estado.
El legislador Raúl Ferrazzano (FdT), primera firma de la iniciativa, remarcó que con esta nueva herramienta se está “legislando para los sectores más vulnerables de la sociedad en las cuestiones más sensibles”.
El opositor Federico Masso (Libres del Sur) se expresó en la misma dirección y dijo que con el nuevo código de procedimiento “damos una señal de que queremos una Justicia que esté más cerca de la gente y que resuelva muchos problemas que los tucumanos ven lejanos”.
La legisladora Nadima Pecci (Valores Republicanos) expresó su respaldo a la normativa, pero consideró que hay puntos que pueden ser perfectibles a partir de su implementación. Puso como ejemplo los casos en los que los niños quedan en medio de una guerra legal de sus progenitores y son privados del vínculo de alguno de ellos.
El radical José Ricardo Ascárate, por su parte, agradeció a todos los magistrados que participaron en la creación de la herramienta. A su vez, aprovechó para remarcar que aún faltan dos grandes temas por abordar: el abogado del Niño y el defensor de los Derechos del Niño.
El alfarista Raúl Albarracín definió al nuevo Código Procesal de Familia como “una moderna herramienta que adapta las normas procesales a las necesidades concretas y demandas actuales de la sociedad tucumana”. “Esta reforma es una respuesta a la necesidad de contar con una justicia cercana a la gente, que viene a agilizar, clarificar y humanizar el acceso a la justicia para todos los tucumanos’’, insistió.
La Comisión Redactora del anteproyecto, extrapoder e integrada por distintos estamentos, estuvo encabezada por Valeria Brand, Jueza de Familia y Sucesiones de la V Nominación y Mariana Rey Galindo, jueza de Familia del Centro Judicial de Monteros.