Esta vez no fue ni La Cámpora, ni los movimientos sociales kirchneristas, ni tampoco los sectores más a la izquierda del Frente de Todos, sino el peronismo del interior, representado formalmente por la llamada Liga de Gobernadores, quien primero se alzó contra los ajustes que pactó Sergio Massa con el Fondo Monetario Internacional. En una nota dirigida a Juan Manzur, pero con destino final en el ministro de Economía, los “goberna” expresaron el primer atisbo de resistencia de parte del peronismo al ajuste y le recomendaron al gobierno nacional “evitar injerencias externas que pretendan condicionar el desenvolvimiento de las instituciones”, un modo elegante de decir “FMI, go home”.
Desde ya que esta frase de carácter ideológico, como todas las tirrias que los más belicosos del FdT tienen contra la ortodoxia económica, no está en el ideario de los mandatarios provinciales. Ellos son bien pragmáticos y su pelea de estos días es más pedestre, ya que se enfoca exclusivamente en la caja que los afecta mirando hacia 2023, año de elecciones que desde la política pretenden desdoblar para no quedar pegados con la negatividad extrema que muestran a nivel nacional en imagen e intención de voto casi todos los dirigentes del oficialismo.
De allí, que expusieran un decálogo de demandas que se da de patadas con toda la construcción del ajuste que Massa ensayó en Washington DC para mostrarse como un alumno disciplinado de Kristalina Georgieva y, a la vez, como un seguidor de la primera hora de Joe Biden. A partir de tal alineamiento, algo para el kirchnerismo más cerril que ama a Cuba. Venezuela, Nicaragua, China, Rusia e Irán, resulta una herejía de marca mayor, Massa consiguió fondos del Banco Mundial y el BID y pudo prometer cosas a los inversores, especialmente en energía, sin escaparle a los temas que más les preocupan a todos ellos como son el deterioro de la seguridad jurídica, la inflación y la falta de Reservas.
Desde que Massa está en el Palacio de Hacienda, todo el kirchnerismo duro ha mirado con graves recelos cómo se recortaron partidas de Salud, Vivienda y Educación, cómo suben las tarifas y se empinan las tasas de interés que complica la producción, sobre todo la de las PYME, cómo se vuelve a tomar deuda en dólares y se le paga un precio especial al campo para que liquide la cosecha retenida de soja, para muchos una manera de ceder ante la extorsión, más allá de ir por el lado del control del déficit y de la emisión sin apelar de lleno al congelamiento de precios, el atajo que siempre prefirió el peronismo para tratar de frenarlos.
Todas las cosas que se observaron en el periplo de Massa hasta ahora han sido consentidas en silencio por Cristina Kirchner en primera instancia, quizás porque así se comprometió con el ministro para tratar de bajar el agua que ya le superaba el cuello o porque comprensiblemente su cabeza está metida en otra cosa después del atentado. El silencio de la jefa también lo comparte de momento el resto más belicoso de su entorno. Por mucho menos, a Martín Guzmán lo hubiese salido a limar medio kirchnerismo, tal como lo hicieron durante dos años y medio hasta forzar su salida.
Fue el chaqueño Jorge Capitanich, uno de los gobernadores preferidos de Cristina para suceder a Fernández si ella no fuere candidata, quien puso los puntos sobre las íes al difundir las cosas que le exigen a Massa, en nombre del Presupuesto que hoy ingresa al Congreso. Allí, hay solicitudes concretas (subsidios al transporte, sostener el plan de obras públicas, tratamiento diferencial de los subsidios energéticos, un fondo para transformar los planes en empleo formal, etc.) y otras que son apenas expresiones deseos que tienen el mismo objetivo: hacerle sentir al ministro que los votos los ponen ellos. Al reclamar explícitamente no ser considerados como los últimos orejones del tarro, lo que hicieron los gobernadores fue lisa y llanamente pronunciarse en contra del ajuste, al menos de un ajuste que los incluya a ellos.