15 Septiembre 2022
FRENTE DE TODOS. El presidente, Alberto Fernández, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Foto de Prensa Casa Rosada
El presidente, Alberto Fernández, oficializó este jueves el pedido de nulidad de los contratos de concesión de las autopistas Acceso Norte y Acceso Oeste, situadas en Ciudad de Buenos Aires, al considerarlos "lesivos al interés general".
El Decreto 633/2022 fue publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial, con las firmas del mandatario nacional, del jefe de Gabinete Juan Manzur y del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.
Ayer, Alberto Fernández había cuestionado la firma de estos convenios, celebrados durante la gestión de Mauricio Macri, en 2019, al señalar que "absolutamente distorsivos" y "han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios".
Qué dice el decreto que cuestiona la concesión de las autopistas
El artículo 1 del decreto 633 declara "lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos Nros. 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo expuesto en el considerando de la presente medida".
Además la norma instruye a Vialidad Nacional a " interponer, por conducto de sus órganos dependientes, la pertinente acción de lesividad con el objeto de obtener la declaración judicial de nulidad de los actos citados en el artículo 1".
En paralelo, comunica la decisión a la Oficina Anticorrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativos, a la Procuración del Tesoro, a la Auditoría General de la Nación, a la Sindicatura General de la Nación, al Ministerio de Economía, de Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad.
Así el Presidente ordena iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste a las empresas Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), respectivamente.
"Tenemos que poner un punto de inflexión"
En el Frente de Todos aseguran que, sobre la base de los contratos firmados en la época de Macri, y según lo solicitado por las empresas, en algunas estaciones de peaje se podría estar pagando hasta $ 1.830, "si no hubiera actuado el Gobierno meses atrás".
El miércoles, Fernández anticipó que la demanda que el Estado presentará en la Justicia por la concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste "seguramente será acercada como prueba" en la justicia penal federal, "donde se investigan estos contratos en la llamada causa Peajes", en la que se investiga la renegociación de contratos para la concesión de autovías durante el Gobierno de Cambiemos.
"Tenemos que poner un punto de inflexión y no permitir más que haya personas de los dos lados del mostrador", afirmó el jefe de Estado.
"Estamos acá como servidores públicos para defender los intereses del Estado y de la gente; por ese motivo estamos pidiéndole a la Justicia que anule estos contratos y que cautelarmente nos devuelva la administración de estas vías para impedir que se termine perfeccionando lo que claramente son contratos leoninos en perjuicio del Estado", completó.
En esta línea, reafirmó que "el mejor Estado es el Estado que no es tonto, es el que cuida el patrimonio de todos, es el que no da ventajas y permite que alguien gane mucho en desmedro de, en este caso, los usuarios de estas autopistas.
"Lo que vamos a reclamar es que estas cosas dejen de suceder de una vez y para siempre en el Estado argentino", concluyó.
La cartera que conduce Katopodis se presentará en la Justicia para que se declare la "lesividad y nulidad" de los contratos de concesión a Ausol S.A., con el argumento de que esa negociación fue hecha "a medida de las empresas".
"Hubo un negociado de los peajes que es escandaloso y por el que el Presidente me ha indicado iniciar las acciones legales en los tribunales contenciosos administrativos federales", consignó el ministro, y sostuvo que no hubo "ninguna justificación ni parámetro" para consolidar la deuda a favor de las empresas concesionarias.
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