Elecciones anticipadas: el oficialismo no descarta llamar a comicios en abril

Con la resolución judicial que lo libera de ajustarse a los plazos electorales establecidos por la Constitución provincial, el oficialismo tucumano todavía no ha tomado una decisión respecto del adelantamiento de los comicios del año que viene. En todo caso, tiene una idea. Por estas horas, para el caso, podría decirse que la piensa en voz alta en algunos ámbitos cerrados.

Si pudiera expresarse en una síntesis apretada, podría decirse que el anhelo del Gobierno provincial respecto de la celebración de las elecciones para renovar autoridades cabe en tres palabras: “lo antes posible”. Los márgenes que se manejan van desde concretar la votación en nueves meses, lo que considerando los anuncios ya efectuados, equivaldría a un parto normal en términos comiciales; hasta apurar el alumbramiento de manera prematura y concretar todo en siete meses. La cuestión, entonces, gira en torno del sustantivo “posibilidad”.

El viejo plan

“En 2019 hemos votado en junio y creo que la fecha, hasta aquí, será junio. En nuestro espacio político vamos a respetar eso: no tenemos otra alternativa, otra opción, y tampoco está en la agenda del Gobierno ni del PJ modificar esa fecha”, le adelantó el gobernador Osvaldo Jaldo a los periodistas Indalecio Sánchez y Gabriela Baigorrí en el noticiero de LG Play el 28 de abril.

Desde ese día en que el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo dio por inaugurada la temporada electoral, la pregunta que se instaló en los despachos del poder político fue: ¿cuál domingo de junio? Al respecto hubo dos posturas en la Casa de Gobierno. Una, de “línea dura” planteó que la votación se concretase el primer domingo, es decir, el 4 de junio. La segunda, más pragmática, alegó que ningún gobierno peronista puede convocar a una elección antes de que se hayan pagado los sueldos. Lo cual llevó el “Día D” al 11 de junio de 2023.

En junio de 2022, entonces, se puso en marcha el plan “Los deseos de Jaldo son órdenes” y el PJ efectuó un llamativo planteo: el partido que tiene a Juan Manzur como presidente y a Jaldo como vice presentó un amparo para que la Justicia anule los artículo 100 y 43, inciso 6°, de la Constitución provincial, reformada en 2006 por una convención en la que el PJ y sus aliados sentaron 36 de los 40 miembros. Esos dos artículos establecen que la votación provincial debe darse 60 días antes de que concluyan los mandatos de las autoridades en ejercicio. Como el período de gobierno culmina el 29 de octubre, hay que ir a las urnas en agosto. La demanda del PJ se presentó contra la Provincia, donde Manzur es el gobernador y Jaldo es el vice.

Cuando la demanda llegó a la Fiscalía de Estado, la respuesta de la Provincia consistió en que en realidad no había un caso: en 2019 -se contestó-, la Justicia fulminó de nulidad ambos artículos, con lo cual ya no eran parte del derecho público vigente. La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el 26 de agosto, declaró abstracto el planteo del PJ, tomando los argumentos de la Fiscalía de Estado. Consecuentemente, ya no está atado a agosto.

Para entonces, y sobre la base de que podría llamarse en junio de 2023 a las urnas, un cronograma electoral tentativo da cuenta de que el calendario daría comienzo en diciembre próximo. Si las elecciones fuera el 4 de junio, los dos primeros vencimientos operarían el 6 de diciembre: ese día, por un lado, cerraría el registro de Electores. Por otra parte, también, sería la fecha límite para que los partidos políticos que quieran presentar candidatos estén reconocidos oficialmente por la Junta Electoral Provincial.

Los nuevos tiempos

Entre la presentación del amparo y el pronunciamiento de los Tribunales tucumanos, pasaron muchas cosas, y muy pocas fueron alentadoras, en el escenario nacional. El 3 de julio renunció Martín Guzmán como ministro de Economía y el país pasó todo un fin de semana sin contar con un titular para esa cartera. El cargo fue ocupado por la entonces secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, pero sólo de manera precaria y momentánea. Unos 15 días después de la dimisión de Guzmán el dólar “blue” rompió la barrera de los $ 300 pesos. La nueva ministra fue reemplazada por el hasta entonces titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien absorbió las carteras de Producción y de Agricultura, lo cual significó un nuevo cambio de Gabinete. El 1 de agosto comenzó el juicio en la causa “Vialidad”, en la que la vicepresidenta de la Nación es la principal imputada, con un demoledor alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron 12 años de prisión para ella. Este mes comenzó con un fallido atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.

Con semejante marasmo, el anhelado junio del que hablaron las autoridades tucumanas ha quedado, en materia de tiempos políticos, demasiado lejos…

Hoy se barajan dos opciones. La de máxima es mayo. Supondría no despegarse demasiado de junio, que no sólo fue la fecha anunciada por Jaldo sino, además, el mes de las elecciones provinciales mientras estuvo en vigencia la Constitución provincial de 1990, que mandaba elegir autoridades 120 días antes del recambio. Eso implicaría que el cronograma electoral daría comienzo en noviembre.

Sin embargo, además de la incertidumbre sobre el escenario institucional, económico y financiero de la Nación (que es ya suficiente razón), se asoma un segundo elemento condicionante: la proyección nacional de Manzur, actual jefe de Gabinete, y la posibilidad de que dispute un lugar en el binomio federal del oficialismo. En ese caso, los planes del gobernador en uso de licencia no sólo demandan de un triunfo en Tucumán, sino que requieren que ese triunfo sea lo más temprano en el tiempo, para quedar posicionado a la hora de las definiciones de la “fórmula”.

“Lo antes posible”, entonces, también tiene condimento provincial. Y entonces están barruntando la posibilidad de que la elección se celebre en abril. ¿Dan los tiempos en materia de cronograma electoral? Al respecto hay dos cuestiones. La primera es que el calendario provincial debería comenzar a mediados del mes que viene, suponiendo que se votase a mediados o a finales de abril. La segunda escaparía a la voluntad provincial: es -evalúan- la fecha de cierre del padrón nacional. Para los comicios de 2021, el cierre fue el 2 de octubre. Si la Junta Electoral podrá contar con esa información a tiempo para elaborar el padrón provincial, o no, es un dato determinante en los planes locales.