La causa conocida mediáticamente como “Narcosiprosa” podría llegar a su fin en los próximos días. Según le confirmaron fuentes judiciales a LA GACETA, ayer los defensores del ex empleado del Siprosa Jesús Mario Abel Busto y de su amiga Mónica Mabel Costilla presentaron un escrito solicitando acceder a una condena mediante un juicio abreviado por el delito de transporte de estupefacientes. En 2020 Busto y Costilla fueron detenidos en Santiago del Estero llevando un cargamento de 119 kilos de marihuana.
La pena propuesta por los defensores Javier Lobo Aragón y Aníbal Paz (asisten a Busto) y Patricio Char (asiste a Costilla) fue de ocho años de cumplimiento efectivo, pero en modalidad domiciliaria. El acuerdo ya tendría el visto bueno de la fiscalía que encabeza Indiana Garzón en Santiago del Estero (lugar donde detuvieron a los imputados), porque la pena propuesta sería admisible dentro de los que estipula la ley, pero todavía falta que un juez analice el pedido de las partes y resuelva si da lugar o no a esta salida alternativa.
Si el magistrado decide rechazar el acuerdo, pueden ocurrir dos cosas: la primera es que se proponga otro acuerdo; la segunda, que la causa avance a juicio oral donde se podrían revelar más detalles sobre el origen y el destino que tenía el cargamento que trasladaban.
Control en Isca Yacu
El 26 de octubre de 2020, según las actuaciones de la policía, Costilla, quien circulaba en auto Chevrolet Onix con Busto, se entregó a los efectivos que realizaban un control de rutina en el paraje santiagueño Isca Yacu (sobre ruta 130). Los uniformados requisaron el vehículo en el que se movilizaba la pareja y encontraron una gran cantidad de paquetes que contenían marihuana y que en total pesaban aproximadamente 119 kilos. En la etapa de instrucción, los arrestados se acusaron entre ellos de ser los dueños de la carga.
Busto era empleado del Siprosa y durante la pandemia se desempeñó en los controles sanitarios de los límites provinciales, por eso se creyó que podría haber tenido facilidades para entrar y salir de Tucumán cuando las restricciones de circulación eran estrictas. Tras su detención, el ministerio de Salud apartó al acusado de su cargo.
Costilla, por su parte, trabajaba como secretaria de un sanatorio céntrico. La pesquisa vinculó a los imputados con el gremio de ATSA, eso despertó más dudas cuando se conoció que el fiscal federal de Tucumán, Carlos Brito, estaba investigando a por lo menos cuatro afiliados de ese gremio en otra causa narco. Según su teoría existiría una asociación ilícita que habría usado ambulancias para el trasladar drogas y que podría haber utilizado el Departamento Operativo Móvil del Siprosa para acopiar las sustancias. Hasta el momento no se conocen más novedades sobre esa causa.
En octubre de 2021, luego de haber permanecido un año detenidos en Santiago del Estero, la Justicia autorizó que Busto y Costilla recibieran el beneficio del arresto domiciliario mientras la causa seguía su curso. Al ex empleado del Siprosa se le otorgó por su condición sexual, y a Costilla porque acreditó que tenía que atender a su madre enferma. De esa manera, el pedido de juicio abreviado que solicitaron los defensores implicaría una condena bajo la misma modalidad de cumplimiento.