El legislador José María Canelada exigió al Gobierno que promulgue y reglamente las leyes aprobadas en la Cámara. El parlamentario dijo que algunas de ellas han sido sancionadas hace años. Entre otras normas, mencionó la ley para desvincular a empleados públicos relacionados con venta de droga y la titularización docente.
Canelada presentó una nota en Casa de Gobierno para solicitar que se reglamenten leyes que llevan años aprobadas. "La Legislatura sanciona leyes, las aprueba y el Poder Ejecutivo tiene dos opciones: o las veta o las promulga. Pero aquí el Gobierno hace lo que quiere. Hay un universo de leyes que no fueron vetadas ni promulgadas y muchas de ellas regulan temas muy sensibles. Se están negando derechos que fueron creados, con ejemplos muy graves", detalló.
Narcomenudeo
Al realizar la presentación, Canelada recordó que una de ellas es la ley que se aprobó tras el envío de un proyecto del Poder Ejecutivo para desvincular a empleados públicos ligados a la venta de drogas. "Nos llama la atención que casi a diario se reúne la Comisión de Narcomenudeo, pero esta ley que sancionamos en tiempo record sigue sin tener número", resaltó.
Dijo que algunas leyes de su autoría que siguen en ese limbo. "Están el Programa Integral para los Pacientes con Defectos del Tubo Neural y Espina Bífida, otro para los pacientes con fibrosis quística, la ley que creamos para garantizar calidad policial a los miembros de la Policía: acompañamiento psicológico, nutricional, físico, para ellos y sus familias", afirmó.
El legislador mencionó la segunda titularización docente aprobada en 2019. "Se trata de una ley que beneficia a docentes de inglés de nivel primario, docentes y técnicos del gabinete de Educación Especial, docentes de los centros de Educación Física, tutores y maestros del nivel primario de jóvenes y de adultos. Ellos ya accedieron a la titularización porque así lo entendió la Cámara Legislativa y sin embargo esa ley no tiene número. ¿Qué tenían para festejar ayer estos docentes? Si tienen hace tres años una ley que les dice que deben ser dueños de sus cargos y el Gobierno les niega el derecho", explicó.