10 Septiembre 2022
FERNANDO SABAG MONTIEL.
El caso del intento de asesinato contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sigue bajo investigación. Y lo que parecía ser un atentado preparado de forma individual, ahora se investiga como un hecho llevado a cabo por un grupo de personas.
Ahora la Justicia investiga no sólo a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uriarte, pareja del joven que gatilló dos veces en la cara de CFK, sino que, según un video que forma parte de la causa, además se ve a otro joven presente en las cercanías a la casa de la vicepresidenta: Gabriel Carrizo, quien sería amigo de los principales acusados y que formaría parte de un grupo que tendría aún más miembros.
La pesquisa rastrea imágenes de todos en busca de reconstruir la actividad anterior al atentado y qué hicieron el mismo día del hecho. Según se presentó en una nota televisiva, Carrizo es quien maneja el negocio de venta de algodones de azúcar que Uriarte comercializaba tanto en movilizaciones a favor del Gobierno como en contra.
A ellos tres se les sumarían, según publicó el diario Página/12, otras cuatro personas: Sergio Orozco, Leonardo Volpintesta, Miguel Ángel Castro Riglos, y Lucas Acevedo.
Tras la detención de Uriarte el domingo pasado, al haber sido identificada en el lugar del atentado, los demás amigos debieron declarar como testigos. Todos ellos, además, tuvieron que dejar sus celulares para que fueran peritados.
En este sentido, el diputado bonaerense Rodolfo Tailhade, en una entrevista con AM 750, denunció incluso que uno de los amigos de Sabag Montiel que entregó su celular a la Justicia “trabaja en la Ciudad (Autónoma de Buenos Aires)”, pero que “la jueza lo dejó ir a pesar de que tiene informes en donde dice que estaba cerca de la casa de la vicepresidenta” el día del atentado contra Fernández de Kirchner. “Los investigadores le dijeron que estaba allí, y la jueza lo dejó igual”, afirmó Tailhade.
Los peritos que analizan el celular de Uliarte, sin embargo, lograron desbloquear en los últimas horas un documento encriptado y ya estudian su contenido. En total son 120 gigabytes de información los que debe examinar la Justicia.
Los investigadores continúan cruzando datos y ubicaciones de los teléfonos del entorno de la pareja para intentar determinar si contaron con la colaboración de su entorno, que serían los otros cuatro vendedores de algodones de azúcar.
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