Poder Judicial: en un ciclo nacional, la jueza Sbdar resaltó logros y desafíos en materia de género

En un ciclo de conferencias, un grupo de juezas de todo el país resaltaron logros y desafíos pendientes del Poder Judicial en materia de género. El encuentro se denominó “Una década de políticas de Estado en el Poder Judicial. Los nuevos desafíos”. Allí expusieron las magistradas María Claudia Caputi, Mariana Catalano y Claudia Sbdar. 

Uno de los principales interrogantes quedó planteado: ¿qué significa pensar los desafíos de un sistema judicial con enfoque de género?...

Según Claudia Caputi, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, tenemos que atender a situaciones donde “no solamente hay un cambio legal”, sino también simbólico y cultural. 

“Los cambios de nombres se están ahora repasando y recapitulando en la Federación Argentina de la Magistratura, donde muchas provincias en el Colegio de Magistrados -que esa era su denominación histórica- están visibilizando la presencia de las mujeres y cambiando la denominación para que sea ‘Colegio de la Magistratura’ o ‘Colegio de Magistrados y Magistradas’, revelan un replanteo de quién y cómo somos y nos vemos. Asimismo -dijo-, en las personas que han sido víctimas de violencia de género: hay una enorme cantidad de solicitudes de cambio de los apellidos, para reacomodar su identidad. Estamos presenciando un verdadero fenómeno de recambio y resignificación de las identidades, a título individual y colectivo, en un desplazamiento claro hacia una mirada más equitativa”, remarcó.

En conflicto con la ley

Por su parte, Mariana Catalano, jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, señaló que la perspectiva de género debe atravesar también las sentencias dictadas en materia penal en el ámbito federal, en donde nos podemos encontrar con “mujeres en conflictos con la ley penal, delincuentes, o mujeres víctimas”. 

"En el narcotráfico -mencinó a modo de ejemplo-, las mujeres 'normalmente son micro-traficantes, o son portadoras de drogas en sus propios cuerpos', y esto generalmente “}ocurre en aprovechamiento o en explotación de una situación de vulnerabilidad, ya sea por pobreza, ya sea por poca educación, ya sea por integrar un hogar monoparental en el que normalmente son jefas de hogar”, afirmó.

Como magistrada, Catalano se vió enfrentada innumerables veces con este tipo de casos: “Las mujeres en el narcotráfico no ocupan las escalas superiores, distan de ser macro-traficantes, distan de organizar o financiar; están normalmente en las escalas más bajas”.

La jueza remarcó que reconocer e identificar esta realidad no implica justificarla. “Esta perspectiva no necesariamente desresponsabiliza a las mujeres cuando las tiene que hacer cargo, pero las acompaña y las protege cuando lo tiene que hacer. Es menester que esto se consolide. Aquí, como en todo ámbito de derecho humano y de derecho ambiental, hay un principio de no regresión: el camino es solo de ida”, aseguró.

En términos de igualdad

En tanto que, Claudia Sbdar, Jueza de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y pionera en la instalación de la primera Oficina de Violencia Doméstica en el interior del país, dijo que “el derecho tan mencionado de acceso a la Justicia reclama permanentemente mecanismos que aseguren su ejercicio pleno. Entonces pone en cabeza del Estado el deber de crear las condiciones jurídicas y materiales en términos de igualdad”.

El ejemplo que puso la jueza de la Corte Suprema de Tucumán fue la violencia doméstica. “En 2006, Naciones Unidas la enunciaba como la causa más frecuente de lesiones y muertes de mujeres. Y en un informe mucho más reciente del año 2020, la Oficina contra la Droga y el Delito también de las Naciones Unidas nos cuenta que, a nivel global, de las 81 mil mujeres y niñas que fueron asesinadas en ese año, unas 47 mil - es decir un 48% - lo fue a mano de sus parejas o familiares. Esto equivale a una mujer o niña asesinada cada 11 minutos por personas que conocen. Con estos números estas oficinas resultan muy valiosas. La labor de la OVD logra una mayor visibilización de la inequidad de género”, señaló.

La magistrada mencionó que Tucumán fue la primera provincia en instalar una Oficina de Violencia Doméstica “como otra vía más de acceso a la justicia de las personas que padecen esta problemática. Es otra alternativa de atención de los conflictos que pretende facilitar el trámite”.

Además destacó la importancia que adquiere su accionar en materia de violencia de género en tres sentidos: “Hacia las víctimas, porque abre una nueva puerta de acceso a la justicia; hacia el interior del Poder Judicial, porque proporciona información precisa sobre la situación que la persona relata; y hacia los otros poderes del Estado, porque materializa el compromiso institucional asumido por la Corte provincial al suscribir, en el año 2009, un convenio con la Corte Nacional, por un lado, y con los tres poderes del Estado de todas las provincias del NOA y por el otro, en el que se reconoció precisamente que la violencia doméstica es un problema social grave que requiere de respuestas urgentes por parte del Estado”.

También la jueza se refirió a la transversalización de la perspectiva de género y recordó la definición que ya en el año 1997 dio el Consejo Económico Social de Naciones Unidas, señalando que “es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para hombres y para mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles”.

En ese marco, remarcó Sbdar, la Corte provincial ha creado también la Oficina de la Mujer, “oficina que apunta centralmente a integrar las cuestiones de género de manera transversal en la totalidad de los programas”.

Según Sbdar la gestión judicial en clave de género y diversidad implica “seguir acercando a la justicia a sectores vulnerables, eliminando los obstáculos de distancia, infraestructura, que impiden muchas veces asegurar a las personas el acceso en términos equitativos”.

De allí también la importancia en “profundizar la capacitación para que jueces y juezas podamos sumar herramientas que impacten en la construcción de una mirada singular y comprometida sobre el caso concreto que tenemos que resolver. Lo importante es que no sea solamente al momento del dictado de la sentencia, sino al transitar todo el proceso judicial. Como administradores y administradoras de justicia debemos seguir trabajando incansablemente por un mundo que tienda a que seamos socialmente más iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”, como postulaba la teórica, pensadora y pacifista polaca del silo XX, Rosa Luxemburgo, explicó la magistrada.