Buscan sortear otro escollo para la ley de narcomenudeo

Los miembros de la Comisión Interpoderes, cuya misión es ultimar los detalles para poner en vigencia la ley de narcomenudeo, anotaron en su agenda el jueves 22 de septiembre. Ese día, según acordaron los representantes de los tres poderes del Estado, definirán en qué caso deberá actuar la justicia federal y cuándo lo hará la ordinaria. Este no es un tema menor, es una cuestión que hizo peligrar la norma en las provincias donde ya está en vigencia.

A saber: en 2015, el presidente Mauricio Macri invitó a las provincias a hacerse cargo de la lucha contra el microtráfico de droga. La idea era que la justicia de las provincias combatieran los llamados “quioscos” de drogas, mientras que la nacional, se encargaría de atender las causas de narcotráfico, es decir de grandes cantidades. Pero en la ley hay un gris: no se especificó claramente cuando debe intervenir cada una.

En otras palabras: no hay una fórmula exacta para aclarar el asunto. “No hay una diferenciación. No se habla si se produce un hallazgo de dos kilos es narcomenudeo o si a partir de tres kilos es narcotráfico. Ese dilema ni siquiera fue resuelto con fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un tema muy delicado”, explicó uno de los asistentes a la reunión.

Por ese motivo, fueron invitados a participar a la próxima reunión funcionarios de la Justicia Federal. En el encuentro, según explicaron fuentes, tratarán de fijar postura sobre cómo se definirá la competencia. También invitarán a los fiscales federales (Carlos Brito, Agustín Chit y Pablo Camuña) para que den cursos de capacitación. “En Tucumán tenemos una ventaja: al haber un solo juez, se podrá unificar un solo criterio con respecto a la competencia”, razonó la fuente.

En el encuentro de ayer, el secretario de Hacienda de la Provincia, Enrique Solórzano, anunció que ya están disponibles los fondos para que se pueda aplicar la norma. Como se recordará, el gobernador interino Osvaldo Jaldo destinó $1.000 millones para que sean utilizados hasta fin de año. De ese monto, se quedarán con $300 millones, los ministerios Público Fiscal, Pupilar de la Defensa y el de Seguridad. En tanto, los $100 millones restantes serán para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El ministro de la Defensa, Washignton Navarro Dávila, anunció que las defensorías para la lucha contra el narcomenudeo funcionarán en una sede de Italia y Laprida. Pablo Cannata (para los centros judiciales de la Capital y del Este) y Silvia Adriana Rivero (se encargará de los expedientes que se inicien en Monteros y en Concepción).

El vocal de la Corte Antonio Estofán indicó que están avanzando en la selección de los jueces que entenderán las causas de narcomenudeo y que sus oficinas estarán ubicadas en Crisóstomo Álvarez al 500.

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, que además es presidente de la comisión, indicó que por el momento en la sede de la Dirección General de Drogas Peligrosas funcionará la base de los efectivos que intervendrán en estos casos en el que también estarán los hombres del Grupo Cero, que será la fuerza de choque en los allanamientos o procedimientos que realicen.

El MPF, que fue representado por el fiscal regional Miguel Fernández, todavía no designó a los investigadores que estarán al frente de este ilícito. Trascendió que están avanzadas las gestiones para alquilar un inmueble.

Por último, los legisladores Zacarías Khoder y Mario Casali confirmaron que el proyecto de ley de compra y contratación a través de cotejo de precios específicamente para lo que tenga que ver con la citada ley, ya ingresó a la Comisión de Labor Parlamentaria y luego será analizado por las comisiones de Seguridad y de Legislación General antes ser tratada en sesión.

La otra cara de la norma: en busca de los fondos

La secretaria de Derechos Humanos Erica Brunotto, en representación de la ministra de Gobierno Carolina Vargas Aignasse, destacó que la funcionaria ya inició las gestiones de los fondos nacionales que deben destinarse a la puesta en práctica de la ley de narcomenudeo. La gestión es encabezada por el propio gobernador Osvaldo Jaldo. También indicó que se coordina con el Ministerio de Salud y unas 60 organizaciones intermedias, el futuro trabajo conjunto para darles contención social y sanitaria a quienes sufran las consecuencias del delito de narcomenudeo. Por su parte, el ministro de Salud Luis Medina Ruiz detalló que se están ampliando varias instituciones dedicadas especialmente al tratamiento de adicciones y se comenzó con el dictado de capacitaciones sobre el tema.