Causa Vialidad: ex funcionario de Santa Cruz niega vínculos con Báez

Ayer, en la segunda jornada de alegatos de la defensa, Luis Alonso Martínez, abogado del ex jefe de la delegación Santa Cruz de Vialidad Nacional Mauricio Collareda pidió la absolución para su defendido o, en su defecto, que se considere una pena en suspenso, al calificar de “desorbitante” el pedido de seis años de prisión que hizo la fiscalía. Argumentó que la función de control de las obras en última instancia no era del denominado Distrito 23, sino que la responsabilidad máxima era de la Agencia de Vialidad Provincial (AGVP) o de Vialidad Nacional (DNV), dependiendo de quién era la comitente de las obras en cada caso.

El abogado afirmó que la “función específica” de Collareda era “meramente administrativa” y que la oficina a su cargo no decidía qué obras debían hacerse y cuáles no, por lo cual él no podría haber beneficiado a Austral o a alguna otra contratista con el presunto direccionamiento de los contratos.

En ese sentido, Martínez aseguró que “Collareda no tenía decisión ni control previo en la firma de los convenios de obras”; que “no participó en la redacción de los presupuestos de obras viales” y que “tampoco participaba de los cálculos para determinar los plazos de la duración de cada obra” ni de los procesos licitatorios.

Para fundamentar esta afirmación, recordó la declaración como testigo de Leandro Martín García, agente Vial con experiencia de más de 19 años en la DNV y quien fuera nombrado por la gestión de Javier Iguacel (denunciante de esta causa) como interventor del Distrito 23. Lo sustancial es que, bajo juramento, García dijo que en la delegación Santa Cruz “no encontró ningún tipo de anomalía”. Y que la supervisión final la hace la Dirección Provincial de cada provincia. “Si Vialidad asume el rol de financista, la supervisión principal está a cargo del ente que está a cargo de la obra, que tiene los recursos. el Distrito 23 tiene el rol sólo de seguimiento”, detalló el defensor al recordar la testimonial.

Y concluyó que “poner en cabeza de Collareda una obligación que en definitiva no existía, dejó entrever que es excesivo con este antecedente pedir seis años de prisión”.

Sí admitió el abogado que “es cierto que debía conocer mínimamente si esas obras se estaban ejecutando”. Pero afirmó que “de hecho eso se hacía”, lo cual, dijo, “lo certificó la propia auditoría de Javier Iguacel”, que determinó que no hubo irregularidades.

El abogado también negó que Collareda haya mandado a Miguel Salazar (un hombre al que la fiscalía buscó identificar como un delegado encubierto de Lázaro Báez en el Estado) para que representara a Vialidad Nacional, ni para que haga referencia a deudas de la DNV con el Grupo Austral en una reunión señalada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola como decisiva para beneficiar al empresario patagónico.

En esa misma línea, Martínez negó rotundamente vínculos entre su defendido y Báez: “nunca trabajó en ninguna empresa de Lázaro Báez”, afirmó. Sostuvo que el propio currículum del imputado desmiente a la acusación y muestra que fue un funcionario de carrera, que no fue nombrado por conexiones políticas y que fue despedido injustamente por la gestión macrista en enero de 2016.

“Hay un ensañamiento con mi testigo. Collareda cumplió con su rol. Con sus propios inspectores controló las obras en las que Vialidad Nacional era comitente. Y lo hizo con los recursos escasos de los que disponía la DNV”, expresó.

Iguacel había dicho que Collareda, quien ejerció su cargo entre 2008 y 2016, había trabajado en una de las empresas de Báez. Pero en su declaración, el alfil político de Patricia Bullrich sólo lo esbozó y dijo que no recordaba más detalles. De hecho, el propio Collareda declaró que se conocían. Pero argumentó que en un lugar como Santa Cruz todos se conocen, lo cual no implica que hubiera un vínculo. “Collareda le dijo a Iguacel que lo conocía. El resto fue confusión de Iguacel, porque “sospechaba de todo”, dijo el defensor. Y afirmó que no está probado que Collareda haya tenido vínculo comercial o personal con Lázaro Báez, por lo que “es escandaloso e inaceptable” sostener lo contrario. Collareda “No tenía injerencia en los procesos licitatorios. Mal le hubiera podido servir a Lázaro Báez para beneficiarse”, agregó.

Tras tres horas de exposición, Luis Alonso Martínez concluyó que “la acusación es arbitraria, infundada y aparente”, por lo que reclamó la absolución de su cliente o, en su defecto, que se considere una pena en suspenso, y que no se haga lugar al pedido de decomiso de sus bienes.

El debate final del juicio que encabeza el TOF2 continuará el viernes a las 8.30 con el alegato de la defensa de otro ex funcionario de Vialidad Raúl Daruich a cargo del abogado Mario Ganora. (ámbito.com)