06 Septiembre 2022
En la Capital residen más de 600.000 personas. Y a diario circulan más de 1 millón de comprovincianos, por razones de trabajo, de estudio, de trámites de toda índole o de atención de la salud. Consecuentemente, plantea el intendente Germán Alfaro, por San Miguel de Tucumán circula diariamente más de la mitad de la provincia. Sin embargo, la jurisdicción recibe tan sólo la tercera parte de lo que el Gobierno recauda por el Impuesto Automotor. Este es el argumento “material” por el cual el titular del Departamento Ejecutivo considera que el tributo que pagan los rodados debe volver a ser de índole municipal, y cobrado por las Intendencias.
El jefe municipal adelantó en la edición de LA GACETA de ayer que acudirá a la Justicia para plantear la inconstitucionalidad del artículo 135, inciso 4°, que convierte esa imposición en un impuesto provincial y establece que el cobro debe ser concretado por el Gobierno, para que luego lo distribuya entre los municipios según los criterios de la Ley de Coparticipación (6.316). Esa norma fija que sólo el 75% de lo recaudado vuelve a las municipalidades.
Alfaro sostiene, además, que la Constitución de 2006, en el Capítulo VII, “Régimen Municipal”, consagra la autonomía de las administraciones locales y ratifica que los fondos que surgen del cobro del tributo de las patentes automotores son propiamente “recursos municipales”. Consecuentemente, considera que hay una “incoherencia” en el hecho de que la Provincia cobre esa imposición, cuando la misma Carta Magna determina que sólo los funcionarios municipales pueden administrar los recursos que son de naturaleza municipal.
Finalmente, recalca que la Capital no está en el Pacto Social, de modo que debe poder contar con la percepción plena de los tributos, porque no depende de la Provincia ni para el pago de los sueldos ni para la financiación de las obras y los servicios públicos.
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