“Narcopolicías”

La detención de un policía siempre moviliza. Gran parte de la sociedad se preocupa porque una persona que debería cuidarlo cometió un delito. Sin importar el color ni los nombres, cualquier gobierno busca rápidamente explicaciones para saber qué es lo que sucedió. En la fuerza comienzan a surgir los interrogantes sobre quiénes, cómo y cuándo están involucrados. Imagínese lo que puede suceder si en menos de cuatro días hubo dos casos en los que uniformados fueron arrestados por graves ilícitos vinculados a cuestiones en las que la droga estaba presente. Y se da esta situación justo en el momento en el que el gobernador interino Osvaldo Jaldo había iniciado una lucha contra el narcomenudeo.

El jueves a la madrugada, por una investigación realizada por el fiscal federal Agustín Chit, se desmembró a una banda de policías que, supuestamente, asaltaba y secuestraba personas, entre otros ilícitos. Las víctimas podrían haber tenido vínculos narcos. El sábado, en un control de rutina, Gendarmería Nacional encontró 46 kilos de cocaína en un auto que era conducido por un agente de la fuerza de nuestra provincia. Su detención arrojó dos datos importantes: en el vehículo llevaba el uniforme y prestaba servicios en Villa 9 de Julio, sector de la capital tucumana donde están instalados varios clanes de drogas.

En la historia reciente de nuestra provincia se registraron varios casos en los que efectivos de la fuerza quedaron vinculados a causas narcos. En 2013, una agente que prestaba servicios en la Dirección General de Drogas Peligrosas fue procesada por brindar información al clan Los Garra. Un año después, 10 efectivos de la ex Brigada Norte fueron detenidos por pedir coima a un ganadero chaqueño, pero siempre sobrevoló la versión que a la víctima le habrían robado una carga de marihuana, posibilidad que cobró fuerza al probarse que uno de los detenidos estaba vinculado sentimentalmente con una procesada por droga. En 2019, en una investigación realizada por Diego López Ávila, desarticuló una banda integrada por policías y personas con antecedentes por robo que se había volcado a la comercialización de sustancias y que, entre otros planes, habrían pensado eliminar a varios integrantes del clan Toro para apoderarse del territorio.

Mal momento

Las detenciones de los efectivos se registraron días antes de que se pusiera en vigencia la ley de narcomenudeo. En tiempos en los que la Policía, por orden de Jaldo, persigue y desarticula los centros de comercialización de toda la provincia, transitando por una fina línea que divide lo legal con lo ilegal. Ayer, como sucede cada 15 días, el gobernador interino convocó a la plana mayor de la fuerza. Según los asistentes, no hubo retos, sí pedidos expresos y el apoyo para que acabaran con hechos de corrupción. Sabe perfectamente que esta es una investigación que recién comienza y puede arrojar más novedades con el correr de los días. Después de ese encuentro, los “jefes” pasaron al despacho del ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa donde analizaron la situación y se decidió profundizar la investigación para determinar si hay más efectivos involucrados en ambos casos.

En Rosario, considerada como lugar en la que nació, se desarrolló y perfeccionó el microtráfico de sustancias, es conocido el poder de los clanes dedicados al narcomenudeo. En los últimos años fueron procesados jefes policiales, fiscales y hasta jueces por haber favorecido a los clanes que hoy son amos y señores de las calles de esa ciudad donde ya se han registrado más de 190 crímenes vinculados a la actividad ilícita en lo que va del año. Con esos números, pasó de ser la Chicago Argentina a la Ciudad de Juárez. Jaldo lo sabe y por eso, hace no mucho tiempo atrás, advirtió que se debía trabajar en serio para que Tucumán no sea la nueva Rosario del país.

Los integrantes de la Comisión Interpoderes, que tiene a su cargo ultimar los detalles de la puesta en vigencia de la ley contra el microtráfico de drogas, saben que no será sencillo luchar contra los nichos de corrupción. Por eso analizan cuáles son las alternativas que tienen para combatir con este mal endémico. Una de las propuestas fracasó. Tenían pensado concentrar todo lo referente a la lucha contra la actividad en un solo edificio para que el control sea más exhaustivo. No es un mero capricho, sino que es una de las maneras para evitar el extravío de la prueba (que en este caso son dosis), la pérdida y la confidencialidad de las investigaciones (la banda que cometía secuestros tenían datos precisos que sus víctimas estaban siendo investigadas), entre otros puntos. Pero no se cumplió el objetivo por no haber encontrado un inmueble apropiado para cumplir con este fin.

Los miembros de este cuerpo también tienen en mente un proyecto mucho más polémica. Buscan que los efectivos respondan primero a las autoridades judiciales y después a sus mandos naturales. Este plan tiene un solo objetivo: despegar a estos hombres de estructuras que puedan estar contaminadas o evitar la filtración de datos sensibles. Los ideólogos sostienen que con esta iniciativa no sólo lograran tener orden y agilidad, sino que será una manera de ejercer un control más estricto con los que pretenden frenar a los “narcopolicías”.