05 Septiembre 2022
SIN RASTROS. Los investigadores intentan establecer qué pasó con el teléfono; los especialistas confían en que el contenido se podrá recuperar.
Todo parece indicar que se esfumaría una pieza clave del rompecabezas que intentan armar la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, en la investigación por el intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado jueves. El teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, único imputado -hasta ahora- por gatillar un arma dos veces contra la ex presidenta, pasaría a ser un elemento de prueba inservible: el aparato, que estaba bajo el resguardo de las fuerzas federales de seguridad, fue reseteado y volvió al estado original de fábrica.
Los investigadores buscan determinar por qué podría haberse perdido la información del Samsung A50 que se le secuestró al atacante. Mientras estaba en poder de los peritos mostró la leyenda “formateado de fábrica”, lo que significaría que estaría limpio, como nuevo, según consignó el diario “La Nación”.
Jornada atípica en Cómodo Py
Capuchetti y Rívolo concurrieron ayer a Comodoro Py para tomar declaración desde temprano a los peritos que manipularon el teléfono de Sabag Montiel: dos especialistas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y los de la Policía Federal Argentina (PFA) que intentaron desbloquear el aparato. Con las explicaciones que escucharon, en el juzgado consideraron que no era necesario abrir investigaciones contra ninguno de los que operaron el celular desde que está a disposición de la Justicia.
Si bien se logró extraer el contenido de la tarjeta SIM y del chip del dispositivo, restaba acceder y extraer el contenido del dispositivo. El aparato es considerado de gama media y su valor en el mercado parte desde los $50.000 en su versión de 64GB.
Fuentes judiciales consignadas por el diario porteño indicaron que el celular fue secuestrado apenas Sabag Montiel fue detenido en la noche del jueves y entregado en un sobre cerrado, por la Policía Federal, al juzgado de Capuchetti. Los primeros expertos que intervinieron sobre el teléfono, durante las primeras horas del viernes, fueron de la PFA.
Intentos de desbloqueo
El sobre con el aparato fue abierto frente al personal del juzgado y las partes en Comodoro Py y, en ese mismo lugar, los técnicos de la Policía lo conectaron a una computadora portátil para desbloquearlo con un software de origen israelí llamado UFED, relataron fuentes judiciales. De acuerdo con lo que informaron, después de una serie de intentos de desbloquear la clave y extraer su contenido, concluyeron que el proceso no tuvo éxito (“El peritaje tuvo resultado negativo”, en términos judiciales) y se resolvió guardar el aparato en una caja fuerte del juzgado. Todo este proceso está documentado en la causa, dijeron en los tribunales.
En la noche del viernes, Capuchetti y Rívolo fueron a tomarle declaración indagatoria al imputado en la sede de la Policía Federal, en Palermo. Allí le preguntaron si estaba dispuesto a desbloquear su celular. El imputado respondió que por el momento no y se negó a declarar. Posteriormente, el teléfono pasó del juzgado a manos de la PSA. La jueza Capuchetti envió un oficio a esa fuerza para pedirle que colaborara con la investigación e intentara desbloquear el celular con una versión premium del mismo software UFED (que no tiene la PFA). Y durante la noche del mismo viernes, la jueza hizo llegar, en un auto con su custodio personal, el celular en un sobre a la sede de la PSA en Ezeiza, informó “La Nación”
Allí lo recibieron técnicos de esa fuerza en un sobre papel madera que estaba abierto, testificaron miembros de la PSA, que dijeron que tenía un mensaje de error de inicio. Según fuentes de la causa, cuando consiguieron desbloquear el equipo, se encontraron con que el teléfono estaba formateado.
A pesar del inconveniente, desde el juzgado aseguran contar con toda la prueba documental que da cuenta de la cadena de custodia del dispositivo electrónico; algo que otras fuentes del caso ponen en duda.
No se sabe todavía qué fue lo que ocurrió. Los investigadores no descartan que un tercero haya formateado el teléfono de modo remoto ni que el aparato estuviera configurado con una opción que ante determinadas circunstancias (como por ejemplo, un cierto número de intentos de acceder al dispositivo) se formateara.
Posibilidades y expectativas
Una especialista de la PSA que peritó el teléfono, Camila Dafne Seren declaró ante los investigadores y dejó asentado las hipótesis de lo que puede haber sucedido. “Puede ser posible que se haya debido a un mal procedimiento al momento de realizar extracciones de datos o colocar el mismo en los modos Download o Recovery, o un borrado remoto podría ser, siempre y cuando esté configurado por el usuario”. Dijo además que “en el caso de ser remoto, no se puede determinar en el teléfono desde dónde se reseteó porque los valores se restablecen a valores cero”, pero que “quizás se podría consultar en el caso de que el teléfono esté configurado bajo una cuenta de Google”
En el juzgado de Capuchetti sostienen que nunca se cortó la cadena de custodia del aparato. “Confiamos en que el contenido se recuperará”, dijeron fuentes judiciales, que informaron que también buscan determinar cómo y cuándo se reseteó “al estado de fábrica”.
Posible acusación
Por otra parte, el abogado Gregorio Dalbón, uno de los letrados que representa a a la vicepresidenta, aseguró que, en caso de que se comprueben irregularidades en el proceso de manipulación del teléfono celular del imputado, se acusará a los responsables de “negligencia y encubrimiento agravado”, según declaró a Télam.
“En caso de que se reconozca por parte del juzgado la negligencia de una prueba tan importante como es el celular de un imputado que intentó matar a la vicepresidenta, se iniciará una causa penal contra todos los responsables de la investigación incluyendo a la jueza Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo, la Policía Federal, Policía Aeronáutica, personal del juzgado, y todos los que tuvieron acceso a la custodia del teléfono del imputado”, apuntó Dalbón. En su opinión, se trataría de “negligencia y encubrimiento agravado”.
“Es increíble que cuando Cristina es víctima los jueces no hagan nada, como lo hizo el juez Manuel de Campos en la causa de amenazas de muerte, o que se equivoquen y se pierdan datos tan importantes como el que surgen del teléfono de un asesino en esta causa”, lanzó el letrado.
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