Por Rodolfo Casen
04 Septiembre 2022
La Justicia avanza en la investigación del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. El dato pericial relevante de la jornada fue el que asomó de las pruebas efectuadas al arma que utilizó Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 años, en su fallido atentado del jueves a la noche: “el agresor no remontó debidamente la corredera de la pistola Bersa semiautomática de acción simple, (calibre 7,65 mm Browning), modelo Lusber 84, y por esa razón el proyectil no entró en la recámara. Eso evitó que saliera el disparo”, según el informe.
Se trató de una impericia del atacante que resultó “milagrosa” y que, se especula, podría haber sido producto del momento de nerviosismo del que fue presa, según se advierte en un video, en el momento de gatillar. Ahí se lo ve temblar.
Sabag fue reducido por los militantes que rodeaban a la vicepresidenta y no por los guardias de seguridad. Esta cuestión también está bajo la lupa de los investigadores. Pues se advierten notorias negligencias.
Pisada por militantes
Al agresor, la pistola se le cayó al suelo luego de gatillar y fue pisada por uno de los manifestantes hasta que la tomó la Policía. Tenía cinco proyectiles en su cargador y ninguno en su recámara. La pericia la certificó apta para el disparo.
El atacante había omitido retroceder bien la corredera. Otro dato: la pistola no tenía el seguro. Aunque en un principio se dijo que a la Bersa la habría adquirido a su propietario, un tal Patricio Alvarez, de La Paternal, o a algún pariente, ayer LA NACIÓN consignó que Sabag la había sustraído a un amigo suyo.
Por el momento se mantiene la hipótesis de que éste actuó “motivado por odio político”. Y no hay dudas de su autoría: una de las primeras pericias estableció que el tatuaje que exhibe Sabag aparece en la mano que gatilló el arma. Por ahora se desconoce si actuó con algún cómplice. Se espera que esos datos surjan de las pericias a las cámaras de seguridad, la laptop y el celular que se le secuestró.
Declaraciones
A partir de las informaciones periciales que recibieron en las últimas horas, el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti abordaron en primera instancia la toma de declaración a la ex jefa de Estado en su domicilio de Juncal y Uruguay y, en la noche del viernes, a su agresor Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 años, quien fue imputado por el atentado.
El hombre, que se encuentra detenido bajo rigurosas medidas de seguridad en una dependencia de la Policía Federal, se negó a declarar hasta tanto, según se consignó, acceda a los detalles del expediente que ya acumula 200 hojas. Solo explicó que el moretón que exhibía en uno de sus ojos se lo produjeron los militantes al momento de ser apresado.
Acerca de estos hizo una alusión racista: los señaló como “negros”. Sabag se ubica en tiempo y espacio, de manera que “es apto para declarar”, según determinaron los peritos de tribunales. El trámite ante Cristina Fernández tampoco resultó demasiado fructífero: ella dijo que no se dio cuenta del ataque y solo se agachó para levantar un libro que se le había caído al suelo. Luego siguió caminando. De lo ocurrido se enteró una vez en su departamento.
La jueza y el fiscal también tomaron testimonios a los presentes más cercanos al atentado. Al mismo tiempo ordenaron dos allanamientos: en la calle Terrada, en CABA, y en Uriburu 729, de San Martín. A este último lugar se arribó merced a que el dueño del departamento se presentó en la comisaría tras ver las imágenes del ataque.
“A ese hombre le alquilo yo mi departamento desde hace ocho meses”, denunció. Ahí se encontraron dos cajas de 50 cartuchos calibre 7,65. Además, se incautó una laptop y documentaciones de su madre y abuelo. Las primeras observaciones que se hicieron al celular de Sabag se detectaron una gran cantidad de imágenes vinculadas con el neonazismo.
Femicidio
En principio, la Justicia consideró que Sabag incurrió en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Si es condenado por este delito enfrentaría una pena entre los 10 y 15 años.
Pero también podría ser agravado, y entonces podría recaer en este una condena de 23 años de cárcel. Sin embargo, mientras avanza la investigación por el intento de magnicidio, el representante de la titular del Senado estudia pedir que se califique la causa como una tentativa de femicidio. El abogado Gregorio Dalbón dijo ayer a través de su cuenta de twitter que el caso “debiera ser intento de femicidio en grado de tentativa (Convención Belém Do Para) agravado (alevosía y arma de fuego). Y, además, portación ilegal de armas. No hay que minimizar los tipos penales con estos asesinos”.
Dalbón requirió también al fiscal Rívolo, a cargo de la investigación, que “para rastrear contactos, mensajes, llamados y encuentros del asesino no alcanza las pericias sobre sus dos celulares”. Así sugirió “oficiar a la Telco para que informe listados de entrantes, salientes, datos y metadatos de geolocalización”.
La calificación de femicidio, al que apela Dalbón, fue establecido por la Convención de Belém Do Para de agosto de 2008 con el objeto de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
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