Corrupción policial: “Son casos que preocupan, y mucho”

“Son casos que preocupan, y mucho, dentro de las fuerzas de seguridad, pero también debemos resaltar que es la misma Policía la que se encarga de perseguir y expulsar a todas esas personas que con su accionar manchan el nombre de la institución y de sus compañeros”, señaló el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, quien en entrevista con LA GACETA se refirió a los casos en los que efectivos policiales fueron detenidos y expulsados de la fuerza por haber protagonizado entraderas y/o secuestros extorsivos.

Ayer la Policía detuvo a dos efectivos en actividad y a otros tres, de los cuales había exonerados y retirados. 

El titular de la cartera de Seguridad se refirió a los últimos casos de secuestros extorsivos que ocurrieron en la provincia. “No puedo hablar en detalle de casos que aún se investigan. Sí puedo decir que este año tuvimos tres hechos así y que en dos de ellos interviene la Justicia Federal porque implicaría cuestiones de drogas. Por eso es valorable la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de tomar una política que combata el narcotráfico con el operativo Lapacho y el comercio de sustancias con la Ley de Narcomenudeo”, sostuvo.

Agüero Gamboa recordó un caso en el que se detuvo ex policías por hechos de esta índole. “En el 2019 las fiscalías de Robos y Hurtos dieron un gran golpe a una banda de al menos 10 personas que se dedicaban a estos hechos: entraderas y secuestros. Detuvieron a seis ex policías, hombres que ya habían sido apartados de la fuerza. Luego hubo otros casos en los años siguientes. Es algo que preocupa, pero creo que son hechos aislados”.

En ese sentido, recordó que cuando asumió su gestión, en 2021, implementó un plan para intentar combatir estas bandas delictivas que surgen en el seno de la Policía. “Creo que quienes integraron grupos fueron personas que no valoraron todo lo que la Fuerza les dio, o bien que nunca tuvieron vocación de servicio. Insisto, son sus propios compañeros los que depuran a estas personas y las llevan ante la Justicia.

En el Ministerio lo que implementamos fue un sistema educativo: hoy los policías deben seguir capacitándose todo el tiempo; creemos que eso puede ser un filtro para quienes no tengan la vocación de servicio”, concluyó.

Los casos

En abril de 2018 una banda que se movilizaba en una camioneta secuestró en Villa 9 de Julio a Margarita Toro -sospechosa de liderar un clan narco-. Su familia debió pagar $ 500.000 para que los secuestradores la liberaran. Los nueve acusados de este caso reconocieron el hecho en un juicio abreviado y recibieron penas de entre 5 y 12 años.

En diciembre de 2019 un grupo comando secuestró en barrio Los Vallistos a Jorge Rubén “Manzanita” Ríos, quien había cumplido una condena por venta de drogas. Su pareja denunció que la llamaron para exigirle el pago de $250.000 como rescate. “Manzanita” fue liberado horas después. Su familia dijo que no efectuaron el pago que les pedían. Días antes, Gustavo Figueroa fue secuestrado en la esquina de 25 de Mayo y México. La investigación también fue encarada como otro posible secuestro narco, aunque la víctima negó que lo hayan elegido por esa cuestión.

En agosto de 2020 un grupo irrumpió en una casa de Villa 9 de Julio y secuestró a Luis Mauricio Paradi, un camionero de 23 años. Le exigieron a sus familiares que pagaran $ 200.000 para volver a verlo con vida. El joven fue liberado tras el pago de esa suma y habría preferido no denunciar el hecho.

En junio de 2021 Franco Lizárraga manejaba un taxi de regreso a casa. Trasladaba a su pareja y a su bebé de nueve meses cuando en Necochea al 800 fueron interceptados por cuatro hombres que a la fuerza lo subieron a una Ford EcoSport. Los secuestradores detuvieron la camioneta en Santa Fe al 600, a metros de una sede de la Policía Federal. Allí efectivos de la Guardia Urbana reconocieron el vehículo y detuvieron a los policías Jonathan Gabriel Díaz y Luciano Ramón Campos, al policía federal Gonzalo Gabriel Lagoria y al comerciante Ángel Luis Medina.

Tras ser rescatado, declaró que durante el rapto le exigieron que llamara a Carlos Ovejero, un conocido suyo, y que le pidiera que pagara el rescate con dinero o con dos kilos de droga.

Los investigadores sostienen que los cuatro acusados podrían haber estado implicados en otros casos de esta índole, porque en la camioneta encontraron una carpeta con el nombre de varios implicados en causas narco. A pesar de esa teoría, hasta el momento los detenidos no afrontaron otra denuncia al respecto.

Finalmente, el 18 de marzo un inmigrante boliviano de 35 años fue secuestrado cuando entraba a Tucumán. Ese día la pareja y la madre de la víctima comenzaron a recibir mensajes por parte de integrantes del clan Alderetes (sus referentes están detenidos por este caso) que les exigían el pago de U$S 50.000 para liberar al extranjero.

Recibieron fotografías y videos en los que se veía al hombre retenido “en una vivienda en construcción, visiblemente herido y atado de pies y manos”. Siguiendo el origen de las llamadas y de los datos bancarios proporcionados se allanó viviendas en Las Talitas y se detuvo a tres personas. Por otro lado, la víctima fue ubicada sólo el 11 de abril por la Interpol. Lo encontraron en su país natal y hasta el momento no se conoce qué declaró al respecto.